Con decreto, Minsalud busca aumentar el giro directo de recursos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social compartieron para comentarios el borrador de un decreto en el que plantean modificaciones que permitan establecer que el giro directo a los prestadores de servicios de salud no podrá ser inferior al noventa por ciento del valor de la UPC.

"La a de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) determinará las condiciones técnicas y operativas para la implementación, aplicación, control y seguimiento del giro directo de los recursos que se reconocen a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Subsidiado por concepto de las Unidad de Pago por Capitación (UPC). En todo caso, el giro directo a los prestadores de servicios de salud no podrá ser inferior al noventa por ciento (90 %) del valor de la UPC correspondientes a la Liquidación Mensual de Afiliados-LMA respectiva", se puede leer en el proyecto del decreto.

Desde el año pasado, el Ministerio de Salud presentó un decreto por el cual la Adres empezó a girar los recursos (correspondientes a UPC y Presupuestos Máximos) directamente a todos los prestadores de la cadena de servicio de salud, incluyendo proveedores de insumos farmacéuticos, gestores farmacéuticos y las clínicas y hospitales. Dejando de lado a las EPS como intermediarias, tanto en el régimen subsidiado, como el contributivo.

De acuerdo con el decreto expedido en el 2024, la medida de giro directo de los recursos provenientes de la UPC, será válido para el régimen contributivo en tres condiciones:

1. Cuando las EPS no cumplan con el indicador de patrimonio adecuado.

2. Cuando las Entidades Promotoras de Salud se encuentren en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

3. Cuando las EPS quieran acogerse de manera voluntaria al mecanismo de giro directo.

Universalizarlo y que el giro directo alcance el 100 de la UPC es una de las propuestas incluidas en la reforma a la salud del Gobierno.

En uno de los consejos de ministros realizado a finales de marzo, el presidente Gustavo Petro ya manifestó que en caso de que no avance el proyecto de reforma de la salud en el Congreso, su Gobierno buscará a través de decretos la implementación del proyecto que busca transformar el sistema sanitario del país.

“Aquí lo que se juega es la vida humana y yo prometí en campaña que este iba a ser el gobierno de la vida, para lo cual se necesita una reforma a la salud. ¿Qué pasa si la Comisión Séptima del Senado, como siempre, entonces, hunde la reforma a la salud? Hay que proceder de inmediato”, aseguró el primer mandatario.

Pero, ¿qué tanto del proyecto de reforma puede aplicarse vía decreto? Según explicó el exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, el Gobierno no puede hacer cambios en la estructura del sistema, porque requiere de una Ley. Es decir, para el Ejecutivo es imposible eliminar el aseguramiento tal como está establecido a través de la Ley 100, transformar a las EPS en Gestoras de Salud cambiando su objeto o convertir a la Adres en una megaentidad que sea el pagador único del sistema.

Lo que sí puede hacer son cambios que impacten en el sistema y que de facto generen parte de las transformaciones que quiere buscar el proyecto de reforma.

Por ejemplo, el Gobierno podría liquidar las EPS que no cumplan con los requisitos de operación, como aquellas que están actualmente intervenidas, y trasladar a todos sus s a Nueva EPS, donde el Estado tiene participación. Esto, en la práctica, implicaría una estatización parcial del sistema, ya que el Estado pasaría a controlar la mayoría de los s, como ocurre actualmente con las intervenciones de la Superintendencia de Salud.

Para llevar a cabo este cambio, el Gobierno también tendría que capitalizar la Nueva EPS, ya que actualmente no cumple con los requisitos necesarios para su operación. De hecho, esta fue la razón por la que fue intervenida por la Supersalud, entidad que no ha logrado solucionar sus problemáticas y cuya gestión ha derivado en un deterioro del servicio, reflejado en el aumento de quejas, peticiones, reclamos y solicitudes (PQRS) registradas.

REDACCIÓN SALUD