El conflicto armado también afectó gravemente la Misión Médica

En 1984, los grupos armados ilegales de Colombia habían atacado en numerosas ocasiones a los trabajadores del Sistema de Erradicación de Malaria (SEM). Algunos medios de comunicación registraron cómo desde febrero de 1957, fecha de iniciación de la campaña antimalárica, no menos de quince vacunadores-visitadores habían desaparecido o habían sido hallados sin vida.

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Gracias a los testimonios que recopiló la Comisión de la Verdad en su informe final, hoy se sabe que este fue el caso de Luis Aquiles Mesa Coba y cuatro compañeros, quienes habían viajado desde Cúcuta para apoyar las jornadas de vacunación en Saravena, Arauca. El año anterior, otro trabajador del SEM, en Saravena, y dos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, en Puerto Pinzón, Boyacá, habían desaparecido luego de recibir amenazas del grupo Muerte a Secuestradores (MAS). Tres trabajadores vinculados al Sindicato Nacional de Empleados de la Salud en Yondó, Antioquia, corrieron la misma suerte.

En uno de los capítulos del documento elaborado por la Comisión sobre las infracciones contra la Misión Médica en Colombia durante el conflicto se supo que el panorama con el resto del personal sanitario no era mucho más alentador. Todavía no se conoce la cifra exacta de víctimas del SEM, pero la entidad identificó quince de ellas desde 1983 hasta 1984. Asimismo, entre 1965 y 2019, se registraron 2.419 infracciones en contra de la Misión Médica (IMM), que han dejado por lo menos 2.124 víctimas individuales y 444 víctimas colectivas.

A pesar de que todavía existen fisuras en la investigación, se ha logrado documentar una gran cantidad de testimonios sobre la incidencia de la guerra en el personal que hacía parte de la Misión Médica en Colombia.

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Este grupo de profesionales tiene –hasta ahora– el compromiso de ejercer funciones sanitarias en situaciones o zonas de conflicto armado u otras situaciones de violencia que afectan la seguridad pública. En algunos casos, el equipo sanitario cuenta con un conjunto de bienes, instalaciones, transporte y materiales necesarios para atender y ayudar a la población que lo requiere, generalmente en territorios periféricos. Los reportes dejan ver que su labor en aquella época era titánica: debían controlar el contagio de enfermedades por vectores, verificar las fuentes de agua potable, ayudar a completar esquemas de vacunación y atender a la población en cualquier requisito relacionado con la salud.

En las entrevistas con la Comisión de la Verdad, estas personas manifestaron no haber hablado antes sobre las experiencias vividas en la guerra porque los sucesos eran comprendidos como un elemento inherente a su actuar misional. Sin embargo, ahora se conoce que son muchos los tipos de violencia que el conflicto ejerció sobre la Misión Médica y que hasta el día de hoy tienen repercusiones en los individuos, las comunidades y el sistema de salud.

Las víctimas individuales por casos de Infracciones a la Misión Médica (IMM), sufrieron principalmente ataques a la vida y la integridad personal. Esa fue la forma de violencia más común usada por todos los actores armados, seguida por infracciones contra la infraestructura e infracciones contra la actividad sanitaria. Las agresiones no fueron solo físicas, también se han registrado impactos en la salud mental del personal, estrés postraumático, consumo excesivo de alcohol y discapacidades derivadas de múltiples factores relacionados con la guerra.

La Comisión encontró que, en la mayoría de los casos, no se pudo identificar quiénes fueron los actores responsables de los sucesos. Las guerrillas, los paramilitares, la Fuerza Pública y los grupos armados posdesmovilización (GAPD) fueron los principales responsables, en ese orden. Al revisar la distribución por periodos de tiempo, se observó que, hasta 2007, las guerrillas fueron las responsables del mayor número de casos con 39 de cada 100. El actor no identificado pasó de ser responsable de 22 de cada 100 casos antes de 1995 a ser responsabilizado de 69 de cada 100 casos después de 2007. A partir de ese año, también se identificó una mayor presencia de los GAPD.

La Comisión destaca que el reconocimiento de los daños en la vida y la salud, desde el punto de vista psicosocial y ocupacional, ha sido mínimo.

Según el documento, la pérdida de la identidad, sufrida en contextos de control guerrillero y paramilitar, se ha convertido en un sentimiento de culpa y rabia, que cuestiona constantemente a estos profesionales sobre por qué permitieron tratos degradantes contra ellos mismos, sus compañeros o los pacientes. Al respecto, han destacado hechos como la realización de actividades sanitarias en condiciones no adecuadas o sin el conocimiento o experticia necesarios, la realización de tareas que no correspondían a su labor, la obligación de dar dineros al grupo armado, entre otros sucesos que desvirtuaron la misión que tenían.

“En el caso de las guerrillas, el secuestro de trabajadores y la imposición de tareas se acompañaban del señalamiento de otros grupos armados ilegales; lo anterior también generó que se les acusara de colaboradores de la guerrilla y se vieran expuestos a ser detenidos y encarcelados”, destaca el documento de la Comisión. Todo esto sin mencionar que en muchos casos, la pérdida del reconocimiento que les daban las comunidades por la labor realizada se veía acompañada de la insatisfacción de sentir que el trabajo que se hace no es importante para otros.

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Para la época de los años 70, en el sector salud, la oferta de recursos hospitalarios se concentraba en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se encontraban los hospitales universitarios. Allí, se atendía a toda la población, incluyendo a los de los grupos guerrilleros, quienes podían ingresar por sus propios medios o ser llevados por la Fuerza Pública.

Según relata el informe, debido a lo anterior, era frecuente que el personal de salud, en ejercicio de su misión, tuviera o con de las guerrillas y que, en virtud de su obligación, realizara las acciones necesarias para salvar la vida del paciente o aliviar el sufrimiento de quien lo padecía. Por este motivo, muchos médicos fueron detenidos, violentando el principio de la práctica médica. Los testimonios señalan que en varios casos fueron sometidos a tortura y tratos humillantes con los que se buscaba que los profesionales confesaran ser guerrilleros o suministraran a los militares información sobre de los grupos guerrilleros.

Además de las repercusiones que estos sucesos tienen en la calidad de vida de las víctimas a nivel físico y psicológico, se suma el perjuicio material y económico que conlleva, por ejemplo, el desplazamiento forzado y el exilio, escenarios donde los trabajadores perdieron su trabajo bajo la figura de abandono de cargo, puesto que resultaba complicado demostrar que eran víctimas de las circunstancias y que, por ende, tenían un motivo de fuerza mayor para no volver al lugar donde atendían a los pacientes.

Como si las infracciones a nivel psicológico y social no fuesen suficientes, el informe de la Comisión destaca que la violencia contra el personal sanitario tuvo también impactos estructurales en el sistema de salud. El más visible es el que deja la apropiación de las rentas públicas en salud por parte del Bloque Norte de las Auc, que causó importantes pérdidas económicas para el sistema. Se ha dicho que este grupo y sus alianzas lograron captar entre el 5 y el 12 por ciento de los recursos por unidad de pago por capacitación en el régimen subsidiado en varias regiones del Caribe entre 2002 y 2006, momento en el cual se denuncia que los pacientes morían sin ser atendidos en los centros hospitalarios.

Hoy se estima que el valor de los recursos apropiados por estos grupos equivale al pago mensual de 77 médicos con especialidad en medicina familiar, quienes, a su vez, tendrían una cobertura de cerca de 80.000 familias colombianas.

Por otro lado, el robo de medicamentos, equipos y material médico-quirúrgico fue una acción frecuente de los actores armados ilegales. En el caso de las guerrillas, era común que esto sucediera con el medicamento antimoniato de meglumina, para el tratamiento de la leishmaniasis. Al respecto, se sabe que la capacidad de respuesta de los programas de salud pública a nivel rural fue limitada, lo que ocasionó la imposibilidad del a servicios de salud y tratamientos de enfermedades como la leishmaniasis o el chagas.

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En otro escenario, disminuyeron las coberturas de vacunación, las acciones de prevención en salud sexual y reproductiva, las atenciones prioritarias a niños, niñas, mujeres embarazadas y otras poblaciones como personas con enfermedades crónicas. A lo anterior hay que sumarle que el desplazamiento forzado y las medidas de traslado de personal a las cabeceras municipales disminuyó la presencia de profesionales sanitarios a nivel rural, aspecto que amplió las desigualdades de atención entre la ciudad y el campo.

En general, a lo largo de los años ha sido latente la invisibilización de los hechos violentos y sus impactos en la salud de las poblaciones. Según los relatos de las víctimas, el reconocimiento tardío de las secuelas que dejó consigo el conflicto armado es una forma clara de desprotección del Estado colombiano a los trabajadores de la salud.

En este sentido, la Comisión de la Verdad enfatiza que contar con normatividad y acciones concretas para la protección de la Misión Médica ha sido un paso fundamental y que debe ser fortalecido para lograr un programa que mantenga las acciones de prevención y mitigación de las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“El Estado colombiano tiene una deuda enorme respecto a la restitución y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, menciona el documento, y aclara que es necesario el papel activo del Ministerio de Salud en la reparación de las víctimas del sector, con la implementación a nivel nacional de un programa de atención en salud y rehabilitación integral.

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