Así son las secuelas del conflicto en la salud mental de Alto Baudó

En la geografía también se pueden ver las huellas del conflicto. Cuando se observan desde arriba los 1.500 kilómetros de Alto Baudó (Chocó), a duras penas se dibujan algunas casitas en hilera con techos camuflados entre una vegetación hostil. A simple vista, parecería que lo único vivo en este municipio es el río que se mueve en la lejanía y se extiende con letargo a lo largo del territorio.

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El municipio está ubicado a cuatro horas por trocha y dos más por río de Quibdó, el lugar donde se encuentra el Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel del departamento y al que han renunciado más de 20 especialistas en los últimos meses por falta de pago.

Un cuadro dramático que empata con otra situación no menos preocupante: hasta ahora, tan solo cuatro psicólogas (una de la IPS Jai Kera, otra de la IPS Funsoba y otras dos profesionales que son de apoyo exclusivo a la comisaría de familia) tienen a cargo la salud mental de los casi 30 mil habitantes dispersos entre los ríos y el territorio.

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Las afectaciones emocionales de la población crecen constantemente y los especialistas aseguran que se deben principalmente a la persistencia del conflicto armando en la zona. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante 2022 hubo unas 23.904 personas confinadas en el Alto Baudó debido a la confrontación entre grupos armados. Y mientras más se marchan los profesionales de la salud, más se asienta la guerra cuyo fin no parece ver la luz.

“El equipo ha identificado en la comunidad reacciones de estrés agudo y crónico, tristeza y desesperanza frente al futuro, reacciones de miedo y terror que persisten por la permanencia de los grupos armados en la zona. Todo esto ha derivado en reacciones psicosomáticas como dolores de cabeza y enfermedades gástricas y un alto riesgo de suicidios”, explica Laura Garzón, gestora de salud mental en Chocó, de Médicos sin Fronteras (MSF).

En 2021, esta organización internacional empezó un proyecto descentralizado en el municipio, con el que lograron capacitar agentes y promotores de salud pertenecientes a las comunidades, en la detección de signos y síntomas en salud mental para brindar primeros auxilios psicológicos.

Y es que, en una zona tan dispersa y con tantas barreras de para acceder a este tipo de atención, implementar acciones prácticas resultó fundamental. Tan solo entre octubre de 2022 y febrero de 2023, la entidad humanitaria llegó a documentar diez intentos de suicidio y reportó otros cuatro casos que lograron consumarse.

Eso no es todo. El panorama puede ser aún más complejo en materia de género, pues el 90 por ciento de los intentos de suicidio que registró MSF fueron cometidos por mujeres y al menos uno de cada nueve eran indígenas. Esto a sabiendas de que el subregistro es elevado. Según MSF ni la comunidad ni la Secretaría Departamental de Salud tienen claro el proceso para notificar o siquiera registrar los suicidios ante el Instituto de Medicina Legal, la entidad encargada de llevar el conteo.

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De ahí que el programa de MSF ha sido importante, no solo en la capacitación de personas en atención de salud mental, sino también en la documentación de los casos –un factor que es muy relevante para visibilizar esta problemática– y en el análisis que intenta comprender las causas detrás de la situación.

“Hemos hecho un proceso muy exhaustivo para comprender lo que pasa con el suicidio en el territorio. Y hemos identificado que es un factor multicausal, que viene de hace muchos años y está relacionado con aspectos como el temor al reclutamiento forzado, situaciones de violencia sexual e intrafamiliar, pérdida del territorio, entre otros. Es importante señalar que la tendencia en conducta suicida se reporta principalmente en mujeres jóvenes y los métodos más comunes suelen ser el ahorcamiento o envenenamiento”, reconoce la gestora en salud mental.

Una de las falencias del sistema en la que coinciden la mayoría de los actores y analistas, habla del precario servicio de salud para las mujeres que se presenta en zonas rurales y en barrios marginales de las ciudades. No resulta ser un hecho aislado que las cifras en ciertos indicadores se incrementen exponencialmente en ellas.

Generalmente, en este campo, el indicador de gestion del riesgo más señalado es el de derechos sexuales y reproductivos; no obstante, el Gobierno actual también ha empezado a apostarle a la prevención de la violencia, así como a la recuperación y fortalecimiento de la red pública hospitalaria en zonas con baja oferta de servicios.

Esta semana, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, durante una sesión formal de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes, dio a conocer once estrategias que desarrolla el Ministerio de Salud en pro de la política pública de las mujeres para la vigencia 2023-2024. Entre ellas, ha vuelto a destacar el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los territorios. Sin embargo, mientras los resultados se materializan, el trabajo articulado con organizaciones humanitarias es, por lo menos, necesario.

De acuerdo con MSF, desde que empezó el proyecto han logrado avanzar en la prevención del suicidio en la zona y han obtenido buenos resultados. Sin embargo, los obstáculos en materia de atención profesional continúan incidiendo en los procesos de la comunidad. A pesar de que la organización ha entablado comunicación con el Estado y han actuado para intentar solventar la situación, el cuadro no deja de ser gris.

“Seguimos notando dificultades en la permanencia y la continuidad de recursos, como la presencia de profesionales en el territorio, porque los procesos de contratación son de tres meses y eso implica que haya largas esperas. Incluso hay periodos en donde se queda sin servicio la IPS y eso tiene consecuencias graves en los procesos de seguimiento y acompañamiento psicoterapéutico”, resalta la organización.

Relatan, por ejemplo, que las pocas psicólogas que están presentes en el territorio no encuentran condiciones ni físicas ni istrativas para hacer su trabajo óptimo. Ellas también enfrentan barreras porque en la capital del departamento (Quibdó), la respuesta en atención especializada por psiquiatría es muy inestable y la unidad de salud mental ha permanecido inhabilitada hasta ahora. Además, según narran, el recurso humano que atiende en ocasiones no está, y esto ha generado que en los últimos meses las IPS hayan tenido que recurrir a algunas entidades privadas.

“Nos hemos dado cuenta de que todo el personal médico y de enfermería tendría que recibir un entrenamiento en mhGAP, que es un programa que busca reducir las brechas de a salud mental y que justamente en estos escenarios tan distantes, donde no hay especialistas, donde son escasos, podría ser necesario este entrenamiento y supervisión para acompañar en salud mental a las personas y los pacientes que requirieran atención psicofarmacológica”, rescata la experta.

A todas estas dificultades se suma el choque cultural de la medicina occidental con las tradiciones de los pueblos indígenas y afro, a quienes la violencia ha afectado de manera desproporcionada. Desde que MSF llegó al territorio han podido observar que tanto la población afrocolombiana como los embera dobida y los embera katio, enfrentan una barrera adicional que se relaciona específicamente con el lenguaje. Los embera, por ejemplo, no tienen una palabra específica para nombrar el suicidio o la psicología.

En este punto el bache en materia de atención es cada vez mayor. Difícilmente existen estructuras de salud que tengan un personal específico que se encargue exclusivamente del rol de la mediación intercultural y de la interpretación, lo que dificulta el proceso de atención.

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Garzón destaca que esta figura es indispensable para que el proceso de atención en salud mental se lleve a cabo. La promotora de MSF también cuenta que estas barreras se hacen más visibles en las mujeres emberas porque son ellas en general quienes tienen menos conocimiento en español. “Muchas veces no acuden a los servicios por no tener esta figura que les apoye para la traducción o la interpretación y que la comunicación sea realmente efectiva”, explica.

Para ella, también es trascendental resolver otra problemática pronunciada: existen largas distancias geográficas y recursos económicos que son difíciles de solventar para las comunidades, sobre todo en términos de traslado y a los servicios. Según informó, el costo de un galón de gasolina es de 19.000 pesos y si subimos más hacia Santa María de Condoto en el Alto Baudó, los costos pueden aumentar y esto implica que el punto más cercano de a la salud puede ser de 8 a 9 horas de distancia, costos que son difícilmente cubiertos por la comunidad.