En la circular 003, que expidió el Ministerio de Trabajo se exige la vacunación contra el covid-19 de trabajadores de lugares de asistencia masiva o que atiendan público. Esta determinación ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de la inmunización en momentos en que los contagios van en aumento por la variante ómicron.
Desde el punto de vista legal, por el momento no es posible exigirle el carnet de vacunación a un empleado cuyas labores no constituyan atención a público y, por tanto, tampoco puede ser despedido bajo esta causal.
La medida para trabajadores de empresas públicas o privadas se hará efectiva en bares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos y actividades de ocio, entre otros, así como en escenarios deportivos, parques temáticos, museos, bancos y el comercio en general, según informó el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
Frente a esto, desde el Ministerio del Trabajo reiteran que la exigencia del carné de vacunación contra el covid-19 aún no está reglamentada y que despedir a un trabajador por no inmunizarse es ilegal.
Abogados consultados por EL TIEMPO argumentaron recientemente, cuando comenzó a regir la exigencia del carnet de vacunación, que la inmunización en el país sigue siendo voluntaria y coinciden en que la reglamentación a la luz del derecho laboral aún tiene camino por recorrer, pues involucra libertades individuales y derechos fundamentales.
Por un lado, Edgar David Pérez, abogado de la firma Sanabria Abogados, asegura que desde el punto de vista constitucional y conforme directrices del Ministerio del Trabajo, dicha exigencia con carácter vinculante y obligatorio "consolida tratos discriminatorios para el y oportunidad de empleo, vulnerado disposiciones constitucionales, normas del sistema internacional de derechos humanos y normas internacionales del trabajo",
Es importante señalar que ley estatutaria de salud prevé que nadie puede ser obligado a seguir un tratamiento de salud contra su voluntad y esto incluye la aplicación de cualquier biológico, incluida la vacuna contra el covid-19.
De acuerdo con Diana Camila Gaitán, abogada laboral, “más que la ley estatutaria hay que tener en cuenta los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, principalmente el libre desarrollo de la personalidad y es con base en este derecho que en Colombia no se puede establecer (o no se ha establecido) la vacunación obligatoria. En todo caso, la ley estatutaria de salud también establece que los tratamientos médicos son siempre voluntarios”.
Trabajadores en o con público SÍ deben vacunarse
"Se precisa que los trabajadores (que tienen o con público) deberán hacer el esquema de vacunación completo y presentar ante su empleador el carnet de vacunación que así lo acredite", recoge la circular 003 del 12 de enero, publicada por el Ministerio del Trabajo.
Además, el empleador deberá "desplegar acciones, mecanismos y establecer protocolos de bioseguridad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores, así como las medidas de higiene y seguridad en el trabajo,con el fin de desarrollar las actividades laborales en condiciones seguras", menciona el documento.
Desde el Gobierno colombiano justifican la exigencia asegurando que se trata de responsabilidad social, cumpliendo con "la obligatoriedad de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida y la salud", así como para evitar la propagación del coronavirus.
Pese a que hay personas que han expresado críticas y dudas sobre el impacto legal y laboral de la medida, gremios como el del comercio, que ha sido de los más afectados por cuarentenas y aislamientos, expresaron su apoyo, al considerar que la vacunación es la mejor manera de contener la pandemia.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, considera la iniciativa una cuestión de "equidad", ya que si al público se le pide desde finales del año pasado el carnet de vacunación para entrar a determinados lugares, los trabajadores de esos espacios también debe estar inmunizados.
También la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas (Acopi) celebró la decisión y su presidenta, Rosmery Quintero, dijo que el Gobierno debe considerar la obligatoriedad de la vacuna "porque cualquier cepa va a incidir en mayor o menor proporción dependiendo de si se tienen las vacunas respectivas".
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