Los ocho meses tormentosos de Carolina Corcho en el Minsalud

Carolina Corcho abandonó el gobierno de Gustavo Petro horas después de que el presidente solicitara la renuncia protocolaria de sus ministros. La decisión se tomó en medio del consejo extraordinario de ministros convocado por el jefe de Estado para este miércoles 26 de abril. 

Corcho estuvo a cargo del Ministerio de Salud por ocho meses en los que las críticas a su gestión no pararon de llover. Pero su mala fama no se limita únicamente a la polémica propuesta de reforma de la salud, que últimamente ha causado tanto revuelo entre varios sectores de la sociedad civil, la academia, partidos políticos y otros gremios del sector.

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Desde que fue designada por Gustavo Petro para esta cartera, ya era reconocida en el sector de la salud por sus fuertes posiciones sobre el sistema, entre las que destacaba la eliminación de las EPS.

Su nombramiento fue complejo desde el principio por sus declaraciones sobre las condiciones de los profesionales médicos durante la pandemia y la difusión de supuestos datos falsos en sus denuncias.

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Carolina Corcho nació en Medellín, Antioquia y estudió Medicina en la Universidad Nacional de Colombia.  Fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana,  consultora de la Organización Panamericana de la Salud y evaluadora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, directora de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Salud de Bogotá, y subsecretaria encargada de Gestión Territorial en Salud también de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, a quien apoyó en sus campañas presidenciales de 2018 y 2022.

Corcho impulsó la Ley 1751 de 2015, que regula el derecho a la salud y lo garantiza como un derecho fundamental. En aquel momento criticó duramente al presidente Juan Manuel Santos y al entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Además, promovió la Ley 1917 de 2018, que estableció el Sistema Nacional de Residencias Médicas que asegura un ingreso para los médicos en proceso de especialización.

Desde el principio, su nombramiento causó bastantes opiniones encontradas en el sector de la salud. Durante la pandemia fue una fuerte crítica de las condiciones en las que trabajaba el personal de las instituciones hospitalarias en el gobierno de Iván Duque y criticó el rol que jugaron las EPS en tiempos del covid.

Mucho antes de ser nombrada Ministra de Salud, Corcho argumentaba que sin las EPS los ciudadanos podían seguir siendo atendidos por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las clínicas y hospitales (IPS). Sus declaraciones sobre que las EPS solo son intermediarias de "platas del Estado" y su crítica a la Ley 100 de 1993, causaron gran inquietud dentro del sector sanitario y empresarial. 

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Algunas de sus declaraciones durante la pandemia han sido catalogadas como falsas o engañosas por expertos en datos. Entre estos anuncios destacan sus afirmaciones durante una entrevista con  24 en mayo de 2021, en la que usó cifras imprecisas sobre las muertes evitables entre 1998 y 2011. Además de sus críticas infundadas sobre el ritmo de vacunación del país, cuando el 24 de febrero de 2021, dijo que para 2023 Colombia llegaría "acaso, vacunar el 70% de la población". Tiempo después el porcentaje de inmunización se superó significativamente. 

El proyecto de reforma de la salud en Colombia surgió mucho antes de que Corcho llegara al Ministerio. Durante la campaña para la presidencia de Gustavo Petro, Corcho le entregó un programa de cambio al sistema que pronto se convirtió en una bandera del movimiento. 

El 13 de febrero de 2023 el articulado fue radicado en el congreso y contemplaba cinco pilares esenciales que transformarían el sistema de salud en pro de los colombianos. Entre estos se incluía la Atención primaria en Salud como la puerta de entrada al sistema; la laboralización y dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud; la superación de la intermediación financiera del sistema (eliminación de EPS) y, un sistema público y transparente de información.

La superación de la intermediación financiera proponía, entre otras cosas, designar a la Adres como pagador único del sistema mediante la figura de un giro directo. Esta función impactaba en el rol de las EPS, un punto que causó gran controversia entre los gremios que representan estas entidades (Acemi y Gestarsalud) y varios partidos políticos que temían las consecuencias del impacto fiscal y la "estatización" del sistema.

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De ahí que inició un proceso de consenso y diálogo entre el gobierno y varios partidos políticos en los que se logró modificar el 40 % del texto original. Según lo detalló el Ministerio, de 156 artículos contenidos en la ponencia radicada, se modificaron cerca de 60. 

Sobre el contenido de la reforma, la cartera de salud aseguró que se han realizado este año 11 mesas técnicas, en las cuales han participado los integrantes de las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes, de las EPS, de los gremios de la salud, de las asociaciones de pacientes, de las veedurías ciudadanas y de los sindicatos de trabajadores del sector, así como de las asociaciones de pensionados, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Quizás uno de los puntos sobre los que el texto final tiene un peso significativo es el tiempo de transición hacia el nuevo modelo de salud. El proyecto de Corcho daba un plazo de dos años para que las EPS se convirtieran en Gestoras de Vida, un tipo de entidad en la que se tendrían que transformar si querían mantenerse en el sistema.

No obstante, partidos como de La U buscaban que ese tiempo se alargara a cinco años y los gremios de las EPS manifestaron que a pesar de las modificaciones, sí se estarían eliminando estas entidades y se avanzaría hacia la estatización del sistema de salud.