Medimás: Contralor, Procurador y Defensor piden liquidación inmediata

"La medida de vigilancia especial y demás actuaciones desplegadas por la Superintendencia de Salud sobre Medimás EPS desde 2017 han resultado ineficaces e inconducentes". 

Esa es la conclusión que hacen la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sobre la situación de Medimás, la polémica EPS surgida de la crisis de Saludcoop y Cafesalud y que tiene a más de 2,5 millones de pacientes en el limbo porque por un lado no se resuelven los graves problemas de atención y manejo de recursos y, por el otro, tampoco se concreta la liquidación forzada que está en ciernes desde el año pasado.

Según una carta firmada por el contralor Felipe Córdoba, el defensor Carlos Negret y el procurador Fernando Carrillo, "a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la capacidad científica, la capacidad financiera y la capacidad técnico-istrativa y tecnológica (...) Medimás no está en condiciones de ejercer las funciones del aseguramiento garantizando efectividad y seguridad a los afiliados y la destinación de los recursos financieros del sector Salud, condiciones mínimas para su existencia". Por eso, piden que no se prolongue la operación, que tiene una fecha de corte este 28 de febrero.

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Las cabezas de los órganos de control aseguran que es "inisible prolongar" el actual estado de las cosas y señalan que los indicadores básicos de cómo debe funcionar una EPS, en el caso de Medimás, se mueven entre "no cumple", insuficiente y crítico". Y puntualmente destacan que los pasivos de la firma pasaron de 2,037 billones de pesos a 2,726 billones, mientras que el patrimonio pasó de 161.283 millones en diciembre del 2018 a 964 mil millones en noviembre pasado.  

Y advierte la carta que podría darse la "inexorable pérdida de recursos públicos istrados por Medimás", pues al menos 236 mil millones de pesos serían "recursos públicos que están en manos de particulares que nunca prestaron o facturaron servicios médicos a Medimás", la mayoría a IPS ligadas al grupo Prestnewco S.A.S., dueño de la misma EPS.

La carta habla de "notorias maniobras representadas en acciones y omisiones" de funcionarios y contratistas de la EPS "a través de las cuales estarían desviando hacia sus propios accionistas y hacia terceros los recursos públicos"  en una suma que, dice, llegó a los 635 mil millones en  el 2019.

"La prestación de servicios de salud a los s de Medimás no está garantizada", dice la comunicación dirigida a la Supersalud, que en todo caso reconoce que hay "algunos avances" en materia de red de prestación de servicios. 

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Pero añade: "Los indicadores de gestión del riesgo de salud son alarmantes, con tiempos de espera de 44,12 días para iniciar tratamientos de cáncer de mama; altas tasas de sífilis congénita y gestacional; altas tasas de morbilidad materna extrema no ha logrado cumplir con la precaria meta de mantener controlados al menos al 50 por ciento de sus pacientes diabéticos, llegando solo al 35 %". 

Dicen Procuraduría, Contraloría y Defensoría que Medimás fue en el 2019 la EPS con más quejas en los regímenes contributivo y subsidiado y que las tutelas de los pacientes llegaban, a corte de agosto del 2019, a 23.664. Pero advierten que incluso con tutelas no atienden a los pacientes, "resultando ignominioso el fraude a las decisiones judiciales por parte de Medimás: tan solo en el 2018 se presentaron 71.691 incidentes de desacato, y en junio del año pasado la cuenta iba en más de 35 mil".

"El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud no pueden ignorar el vertiginoso declive de las condiciones de operación de Medimás que conllevan graves afectaciones a sus afiliados y al patrimonio público, ni abstraerse del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Una nueva prórroga de la medida de vigilancia especial en contravía de los intereses y responsabilidades del Estado necesariamente habría de evaluarse frente a eventuales responsabilidades de carácter disciplinario y fiscal".

La EPS, a través de un comunicado, calificó las declaraciones de los entes de control como "indebidas injerencias" y señaló que iniciarán acciones judiciales contra el procurador Fernando Carrillo "por extralimitación a sus funciones".

"Las actuaciones del Procurador, que vienen desde septiembre de 2017,

constituyen claras extralimitaciones a sus funciones de prevención, que se

limitan a detectar y advertir situaciones, pero de ninguna manera a usar el poder

disciplinario para coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para

que obedezcan sus órdenes", señaló Medimás.

Asimismo, indicaron que ven con "preocupación que la Contraloría General de la Nación esté extralimitando sus funciones y desacatando los mandatos de la Corte

Constitucional al prejuzgar y buscar entrometerse en la autonomía del Gobierno

Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud".

La entidad dijo que el Defensor del Pueblo tiene un conflicto de intereses porque "dos familiares suyos son contraparte de Medimás y se beneficiarían de una eventual intervención y liquidación de la EPS".

Por último, Medimás responsabilizó "al Procurador General de la Nación, al

Contralor General de la República y al Defensor del Pueblo frente al pánico que

generan" las declaraciones que efectuaron este jueves.

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