Minsalud insiste en que la UPC de 2024 está 'completamente financiada', frente a reclamos por uso de dinero para hospitales con poco avance y equipos médicos

Luego de que la Senadora Norma Hurtado, solicitara al ministro de Salud la transferencia de por lo menos 2,5 billones de pesos destinados a cubrir un déficit en aseguramiento, el jefe de cartera respondió, durante un debate de control político, que la UPC (rubro que financia el aseguramiento) está "completamente financiada" para este año y que no requiere "ningún ajuste". 

Sin bien el funcionario ha hecho este tipo de declaración con anterioridad, para los analistas del sector sigue siendo problemática la falta de reconocimiento del Gobierno sobre el error de cálculo en este rubro que centra gran parte de la crisis financiera por la que está atravesando el sector y que, en últimas, ha repercutido notablemente en la atención de los pacientes y los servicios médicos. 

"La UPC estuvo financiada completamente el año pasado, con un aumento del 16,23%, y este año también está totalmente financiada, con un aumento del 12,2%. Todo lo de 2023 se pagó en su totalidad, sin deudas pendientes. Lo único que quedó pendiente fue el ajuste de los presupuestos máximos (PM) de diciembre y otros ajustes. Antes de finalizar el año, el doctor Bonilla aprobó la transferencia de 1,5 billones de pesos, que se terminó pagando en enero, dejando todo el 2023 completamente saldado, algo sin precedentes", aseguró Jaramillo. 

Asimismo, manifestó que la UPC se ha pagado de manera anticipada, incluyendo 4,5 billones de pesos correspondientes a noviembre del régimen subsidiado, algo que, según dice, beneficia directamente a hospitales y otras instituciones de salud.

"Queremos implementar el giro directo para que el dinero llegue de manera más rápida a proveedores, hospitales y clínicas, en lugar de pasar por intermediarios. También estamos invirtiendo en proyectos de infraestructura de salud en diferentes regiones, como en el hospital de Vaupés con 90.000 millones de pesos, San José de Guaviare con 60.000 millones y Miraflores con 24.000 millones", aseguró. 

No obstante. el debate de control se citó, precisamente luego de conocerse que el Ministerio de Salud utiliza recursos que faltan en aseguramiento para el apoyo a programas de la Ley 100 como el fortalecimiento del nivel primario de las Empresas Sociales del Estado (es decir de los hospitales públicos) y la operación de Equipos Básicos de Salud. Es decir, los programas de atención extramural que desde su llegada al Gobierno ha prometido el presidente Gustavo Petro.

Pero aun cuando se podría llegar a pensar que invertir en infraestructura hospitalaria es fundamental, una reciente investigación de la periodista Paula Bolívar en la W reveló que el Gobierno ha invertido $1 billón de pesos para construir 44 hospitales, cuya ejecución hasta ahora -y en la mayoría de los casos- es del 0 %.

De acuerdo con los documentos obtenidos del Minsalud, de los 44 hospitales, solo 5 tienen una ejecución del 99 %, es decir van por buen camino. Sin embargo, el resto de infraestructura a lo largo del país está en una ejecución del 12 o 0 %. Lo anterior, a pesar de que los actos istrativos se realizaron hace 1 o 2 años, muchos de ellos el 28 de diciembre de 2023 o el 19 de diciembre de 2022.

Distintas figuras del sector se preguntan entonces en qué se invierte el dinero destinado a restaurar y dotar los hospitales. Sin tener una respuesta clara, solicitan que se transfieran los recursos para sostener el aseguramiento que, en este punto, está completamente desfinanciado y repercute en la atención de los s.

En su defensa, el jefe de cartera señaló que sí han avanzado con la infraestructura de estos hospitales de forma satisfactoria. "Es importante aclarar que estos proyectos se están llevando a cabo siguiendo todos los procesos legales, con estudios y diseños técnicos completos antes de su aprobación. Reiteramos que nuestro trabajo se ajusta a las leyes, asegurando que las inversiones en salud se realicen de manera ordenada y planificada. Además, estamos cumpliendo con las disposiciones de la ley 1438 de 2011, que establece la obligación de contar con equipos básicos para la atención primaria en salud", manifestó. 

En efecto, EL TIEMPO consultó a varios hospitales que se encuentran en proceso de recuperar su infraestructura en las regiones y si bien son muchos quienes aseguran que el dinero llega, también reiteran que la situación financiera sigue siendo complicada. 

Carlos Sánchez, director del Hospital San Vicente de Arauca, aseguró que los recursos entran, pero la falta de cumplimiento financiero de otros actores del sistema, que por integración vertical les pagan a los hospitales, los mantiene en una situación compleja. 

“Nosotros sí hemos recibido recursos del ministerio para arreglar nuestra infraestructura hospitalaria, que tiene casi 50 años de antigüedad, y para terminar proyectos que estaban en curso cuando iniciamos esta istración. En el caso de los equipos básicos de salud, debo decir que sí llegaron a todos los municipios del departamento, en la baja complejidad. Y hasta donde tengo entendido están operando muy bien. Ese mecanismo de acción en los territorios rurales dispersos como es el departamento de Arauca es una fantástica idea porque están llegando los médicos y los profesionales a zonas donde nunca habían tenido atención médica”, dijo. 

Ante este panorama, cabe aclarar que esta no es la realidad de todos los hospitales, dado que según datos del mismo Minsalud solo el 5 % de estos centros de salud tienen buena ejecución.

En medio de esta discusión, la senadora Norma Hurtado, quien convocó el debate de control político manifestó que es necesario y urgente la transferencia de estos recursos que no están en uso para garantizar la atención de pacientes, muchos de ellos con enfermedades crónicas cuya vida estaría en riesgo. 

"Estoy de acuerdo con esos programas, porque comprendemos que somos un país desigual y que la “Colombia profunda” necesita el apoyo y la generosidad del Estado. No obstante, se siente la falta de esos recursos, que son considerables. Además, en la respuesta del ministerio a 30 de septiembre, se menciona que se devolverán esos 5 billones al aseguramiento antes del 31 de diciembre. Sin embargo, según nuestras investigaciones, hasta la fecha solo se han restituido 900.000 millones, faltando aún 4.1 billones. Por eso, le hago este llamado, señor ministro", dijo Hurtado.

En búsqueda de salidas a la crisis financiera que afecta a los centros de salud, el Ministerio de Salud oficializó el Decreto 489 de 2024 con el que la a de los Recursos del Sistema (Adres) ha girado 44,8 billones de pesos durante el último semestre directamente a hospitales, clínicas, proveedores de servicios y tecnologías en salud. Lo anterior debido a los ajustes anunciados al mecanismo de giro directo en el régimen contributivo.

No obstante, a pesar de que la medida supone un beneficio evidente en el flujo de recursos, con un aumento del 88.82 % en el giro directo a IPS, respecto al mismo periodo de la vigencia 2023, EL TIEMPO conoció que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) ha solicitado atención del Gobierno varias veces para solicitar ajustes al mecanismo. 

A pesar de que los hospitales aseguran que el giro directo es "el camino correcto" para aliviar el flujo de recursos, advierten que la integración vertical en la que se soporta el sistema hace que el dinero no llegue en su totalidad a IPS independientes (públicas y privadas) o que no tienen una relación más directa con determinadas EPS.

"El mecanismo de giro directo es un paso en el sentido correcto, pero advertimos que era necesario su estricto seguimiento para que se cumpliera al menos con los mínimos porcentajes de giro de lo que son del 80% de la UPC, aspirando a llegar al máximo posible. Solicitamos así que se precisara a las EPS que no se interpretara ese 80% como un techo de pago a los hospitales y clínicas", advertía la Achc en una misiva con fecha del 29 de julio.

En palabras sencillas, la asociación pide al Gobierno que los recursos que giran a través del mecanismo de giro directo se aproximen cada vez más a lo efectivamente facturado y que el 20% de los recursos faltante también fluya para que se pueda pagar oportunamente la cartera.

"Los prestadores calculan pocos días de reservas para sostener algunos de sus procesos y obligaciones y por ello es imperativo que reciban los recursos a tiempo y que sean consecuentes con los servicios prestados facturados. Si cada mes una EPS no recibe el pago suficiente de las atenciones brindadas, un porcentaje muy cercano a dicha cifra va a ir acumulando un déficit que puede hacer insostenible algunos servicios", aclaran.

A pesar de la que la asociación reconoce que el giro directo supone un gran alivio financiero para el sistema, reiteran que los principales beneficiarios son quienes, por integración vertical, tienen relación directa con ciertas EPS.

"Creemos que este es un buen momento para corregir la situación, revisar el cumplimiento del porcentaje del 20% sobre la contratación y relación con la integración vertical de las EPS establecido en la Ley 1122 de 2007. En efecto, en la publicación hecha por la Adres, de los 20 primeros beneficiarios del giro directo acumulado del régimen contributivo, al menos la mitad tiene algún tipo de participación con las EPS", explican.

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es uno de los rubros (junto con las deudas por Presupuestos Máximos) cuya desfinanciación impacta de forma crítica a todo el sistema.

Analistas explican que el hueco financiero responde a errores en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el incremento desmesurado en la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y las deudas atrasadas del Estado con el sistema de salud, entre otros. Estos factores han desbordado el modelo actual, que se ha exacerbado por el impacto de la pandemia, los cambios demográficos y el aumento de enfermedades crónicas.

A lo anterior habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación y la volatilidad de la tasa de cambio. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Lo cierto es que, desde hace más de un año, los gremios de las EPS (como Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi advertían que, sin un reajuste adecuado en dichos rubros (como la UPC) o un pago oportuno de las deudas por Presupuestos Máximos, la mayoría de las EPS iban a continuar experimentando pérdidas operativas, crecientes deudas con prestadores y proveedores, así como un deterioro en su patrimonio y reservas técnicas.

Como los números no mienten, a tan solo unos meses de la discusión en el Congreso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, Acemi ya estimaba el faltante antes mencionado de 2,5 billones de pesos para la vigencia 2024, desagregado así: por concepto de Unidad de Pago por Capitación (2,2 billones), Presupuestos Máximos (2,7 billones) y siniestros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (850.000 millones).

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico del gremio, dijo hace meses, ante varios medios de comunicación, que la situación a mediano plazo es insostenible. Las cifras muestran que, con corte a marzo de 2024, la siniestralidad promedio de las EPS es de 111,5%. Es decir que por cada 100 pesos que reciben estas entidades, gastan $111,5 pesos en costos de salud. Si a este desfase se agregan los gastos istrativos que son cercanos al 4,5% de los ingresos, la siniestralidad combinada estaría cerca de 116%.

“La falta de recursos tiene diversos impactos negativos. Esto provoca pérdidas operativas, una disminución en el valor de los activos de las EPS, inversión inadecuada y escasa de las reservas técnicas, y un aumento en las deudas, tanto las reconocidas como las posibles, con prestadores y proveedores”, indicó Cruz.

Ante este panorama, a través de una extensa carta de casi cinco páginas, un grupo de exfuncionarios y expertos en salud solicitó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la transferencia urgente de 2,5 billones de pesos del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud hacia el sistema de aseguramiento, en un intento casi desesperado de que el sistema cierre con algo de presupuesto este año.

No obstante, la petición fue rechazada informalmente por el Presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), en donde expresó que no habrá dicho traslado de recursos al considerar que para este año el valor de la UPC habría sido mucho más elevado que lo establecido por la ley. Y si bien es cierto que el rubro creció un 12%, expertos del sector sostuvieron desde el inicio que para solventar el déficit era necesario que se incrementara mínimo en un 16 %.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, respondió a través de la misma red social, manifestando que los 2,5 billones solicitados eran inicialmente para el aseguramiento en salud (pago de UPC).

“Así fue aprobado por el Congreso de la República en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El Minsalud decidió asignar 5,0 billones para otros usos. Así quedó consignado en las actas de la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas. El Ministerio de Hacienda y el saliente director del Departamento Nacional de Planeación advirtieron sobre la desfinanciación que suponía esta decisión”, trinó.

Pero, lejos de ser escuchada, el mandatario sostuvo su postura. Argumentó también que negaba la petición debido a que existían “decenas de billones de pesos de reservas técnicas extraviadas” de las EPS. Esto, refiriéndose a un reciente informe que publicó la Contraloría General de la Nación, denunciando que existía un “presunto manejo irregular del dinero” de la UPC por parte de las EPS que habrían usado estos dineros para pagar deudas con proveedores anteriores a 2020.