Reforma de la salud: no se descarta nada, pero no todo está acordado

Tras el intenso debate que suscitó la presentación formal del proyecto de reforma de la salud, en donde incluso los partidos aliados al Gobierno amenazaron con presentar su propia iniciativa, y la advertencia del presidente de la República de retirarlo si no se mantenían sus bases de cambio, esta semana las aguas parecen haberse calmado.

En efecto, sucesivas reuniones entre los jefes de los partidos Conservador, ‘la U’ y Liberal con el primer mandatario y los ministros de Interior, Alfonso Prada, y Salud, Carolina Corcho, indicarían que hay consenso para tramitar el proyecto en las sesiones ordinarias que arrancaron el jueves.

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Sin embargo, esto no quiere decir que la reforma de la salud tenga el camino despejado. Aún hay líneas rojas de lado y lado que auguran intensas jornadas de discusión. El propio expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, dijo que “hay una cantidad de detalles que son difíciles y que van a tomar tiempo”.

Adicionalmente, con la nueva postura de Cambio Radical de irse a la oposición, es probable que los debates adquieran otra dimensión, pues como lo advierte uno de sus principales voceros, el senador David Luna, el Ejecutivo “no puede pretender que su reforma de la salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación”.

Según Dilian Francisca Toro, jefa del partido de ‘la U’, los acuerdos políticos pretenden juntar los dos sistemas propuestos en un modelo mixto que combine los planteamientos que habían elaborado ambos sectores desde sus propios articulados.

No obstante, todavía existen interrogantes sobre la base de algunos supuestos que hasta ahora se empiezan a vislumbrar. Se sabe, por ejemplo, que la permanencia de las EPS en el sistema es una realidad, pero una de sus funciones principales sería la gestión de riesgo.

“Tendrán bajo su cargo la agenda del paciente y como organizaciones serían las encargadas de afiliar a sus s a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)”, aseguró.

En ese sentido, en su rol de gestoras, estas entidades se encargarán de la promoción y prevención, y tendrán la labor de adscribir a los pacientes a un Centro de Atención Primaria (CAP). Por dicha gestión istrativa, las empresas recibirían un pago del 5 por ciento, esto teniendo en cuenta que el modelo sugiere la eliminación del régimen contributivo y subsidiado de salud que existen.

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El exministro de salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, asegura que la función de las EPS como “gestoras de riesgo” todavía no es clara. “¿Cuáles son los riesgos que van a manejar estas entidades? Aparentemente, no serán los financieros. No sabemos si atenderán el riesgo técnico, operativo o simplemente van a hacer promoción y prevención. Ahí todavía hay un interrogante grande”, asegura.

De otro lado, se ha estipulado que la nueva propuesta acepta la idea del Gobierno de poner límites a la integración vertical, puesto que, de acuerdo con Toro, las empresas gestoras no podrán contratar con sus propias clínicas. Al respecto, Galán asegura que más allá de lograr estos límites la discusión debería enfocarse en el control del abuso de la posición dominante de cualquier actor del sistema, pues podría ir en detrimento de la eficiencia del manejo de los recursos o del oportuno de la prestación del servicio a los pacientes.

“No solo hablamos de quien haga las veces de entidad de seguridad social, sino también de las instituciones prestadoras de servicios de salud”, aseguró.

Con respecto a la idea de eliminar los intermediarios financieros, el Gobierno ha propuesto en su articulado un modelo con pagador único (la Adres), una idea que persiste en este nuevo sistema que se está planteando.

Según Toro, en cuanto al flujo de recursos se conservará la idea del giro directo, es decir, la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la encargada de pagar a clínicas y hospitales, y funcionaría como tesorera.

Además, el Estado seguiría encargado de velar por los fondos que subsidien la atención de aquellos que no pueden obtenerla, pero que con el nuevo modelo tendrían, en teoría, un a la salud más sencillo y con menos barreras. En este punto, la líder del partido de ‘la U’ aclara que los fondos no pasarían a través de las empresas gestoras.

Por otro lado, existiría un proceso de transición donde las EPS seguirían encargándose de auditar y pagar mientras el Estado logra fortalecer la Adres a nivel técnico y istrativo para que pueda cumplir con dichas funciones de tesorero. Según Toro, cuando el proceso se cumpla, las entidades gestoras seguirán auditando y la Adres pagando.

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Pero para el exministro de Salud Fernando Ruiz, lo que podría suceder con el manejo de “los recursos de la salud, que son de los colombianos y no de la Nación”, es que esos dineros se distribuirán en diferentes “Adresitas” que se transformarán en presupuesto. “¿Qué pasa si se acaban los recursos? Generaremos listas de espera y racionamiento de servicios y eso afecta a los más pobres, porque los ricos pagarán un aseguramiento privado”, explicó a través de sus redes sociales.

Desde el ámbito público, el Gobierno conserva su propuesta de impulsar el desarrollo de CAPS en todo el país. Estos centros continúan siendo la puerta de entrada al sistema y existiría una especie de redes integradas para la atención de alta y mediana complejidad.

“La idea es que los pacientes sean adscritos a través de su aseguradora al CAP más cercano. Allí se le asignaría un médico de familia que lo atienda y que sería el encargado de velar por su atención desde una visión preventiva”, resalta Toro.

En lo que se alcanza a vislumbrar de la propuesta, desaparece el régimen contributivo y subsidiado. De acuerdo con Toro, esto supondría la existencia de una mayor universalización en la atención. Todos los ciudadanos, sin importar si hacen parte del sector público o el privado, en teoría, serán atendidos por el mismo sistema.

Esto quiere decir que no pasaría lo que sucede hoy y es que existen unas clínicas u hospitales que atienden solo a personas afiliadas a una EPS y no a las personas que hacen parte de otra.

“Básicamente, se está pensando en el paciente, en cómo tiene de forma más cercana un médico que pueda apoyarlo. Ahora cuando usted se enferme y lo manden a un nivel de atención dos o tres, posteriormente usted volvería a su CAPS y el médico le va a seguir vigilando qué pasó, si va a tener complicaciones, va a estar vigilando y eso es importante para el paciente también”, señala Toro.

Pero para ello no sería necesaria una reforma, como explica el también exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien en entrevista con EL TIEMPO dijo que “los programas de atención primaria con equipos interdisciplinarios, desplegados en el territorio, tienen sentido en algunos contextos. No en todos. Ya se hacen en Colombia en muchos lugares. Pueden fortalecerse. Para eso no se necesita una gran reforma”.

Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, explica que desde su visión este nuevo modelo trae cosas positivas y otras no tanto. Por ejemplo, asegura, es un acierto que se elimine el régimen contributivo y el subsidiado porque eso propicia una universalización en la atención y elimina barreras para los pacientes. Además, señala que es necesario que el Gobierno logre impulsar el desarrollo de más CAPS en el territorio, como se propone, para llegar a los pacientes que viven en zonas rurales y apartadas.

Sin embargo, asegura que le preocupa el nuevo papel que cumplirían las EPS como gestoras del sistema, porque en teoría sigue existiendo la intermediación por parte de privados, algo que a su juicio ha sido negativo para la obtención del derecho a la salud.

“Lo que propone la reforma (del Gobierno) es justamente eliminar esa intermediación y pareciera que con ese 5 por ciento lo que hace es mantenerse en alguna medida. Han dicho que son pagos por servicios, de ser así estaría muy bien. Pero si mantiene la intermediación sería preocupante”, resalta Castellanos.

Ese sería, a grandes rasgos, el sistema acordado por el Gobierno y los partidos durante la última reunión. Pero falta consignar estas ideas en un documento que sea aprobado por los ponentes en el Congreso para que empiece su trámite legislativo. Según le dijo Toro a este diario, la ministra de Salud, Carolina Corcho, tras conocer las ideas estaría de acuerdo en un 75 por ciento con el texto; sin embargo, pidió continuar discutiendo algunos temas.

“Quedaremos tranquilos cuando ya haya acuerdo con las bancadas porque, lógicamente, esto lo tendremos que mostrar a las bancadas. Y, por supuesto, con los coordinadores ponentes y las comisiones VII, porque en realidad nosotros no lo aprobamos, lo aprueba es el Congreso”, anotó Toro.

Por ahora, podría decirse que la reforma arranca con buen ambiente, pero es en los detalles donde se sabrá hasta dónde están dispuestos a ceder unos y otros en un tema tan trascendental para los colombianos como son los ajustes a su sistema de salud.

EDWIN CAICEDO Y DANIELA ORTIZ

Unidad de Salud

En Twitter: @CaicedoUcros @VanessaOrtizAl