Más de 500 víctimas diarias en el país por culpa de 'carros fantasmas'

El año pasado 186.000 colombianos resultaron heridos en incidentes de tránsito ocasionados por vehículos conducidos por personas que se dieron a la fuga, una cifra que casi duplica los registros de 2017, cuando se ubicó en 99.000, según datos de reclamaciones presentados ante la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Esos siniestros también dejaron 373 muertes, un 45 por ciento más que en el 2017, cuando fallecieron 256 personas, de acuerdo con las cifras conocidas en primicia por la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Eso sin contar que las lesiones causadas en estos eventos generan incapacidades que superan los seis meses en promedio y una de cada 10 víctimas queda con discapacidades permanentes que son objeto de indemnización, según estadísticas del sistema de salud.

Estas cifras crudas se ubican muy por encima de lo que reportó el Instituto de Medicina Legal sobre accidentes de tránsito que, según esa fuente, afectaron a 46.000 personas en el 2018. Y bastan para evidenciar que el fenómeno de los también llamados “carros fantasmas” –una denominación que no agrada mucho a los técnicos– es un factor clave en el problema de salud pública en el que se han convertido las muertes en las vías, que hoy son la octava causa de mortalidad en el país, según el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

El fenómeno también tiene un impacto social, según explica el viceministro de Salud, Iván Darío González, porque todos esos heridos y muertos se habían podido evitar y porque la mayoría de las víctimas eran jóvenes en edad productiva.

Además de los años de vida saludables que se pierden, la atención, la indemnización y los gastos funerarios, que por norma debe asumir el sistema de salud, a través de la Adres, representaron más 230.000 millones de pesos en los dos últimos años. Solo los gastos funerarios de las 373 personas que fallecieron en 2018 en accidentes donde estuvieron involucrados “carros fantasmas” ascendieron a 8.000 millones de pesos.

En este punto hay que aclarar que el sistema de salud cubre los gastos médicos hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y las indemnizaciones por muerte y gastos funerarios por 750.

Al explicar el aumento desproporcionado del número de víctimas el año pasado, Cristina Arango, directora de la Adres, dijo que si bien las reclamaciones son reales, estas podrían involucrar vigencias anteriores y algunas pueden ser glosadas una vez finalice la auditoría correspondiente.

Claudia Adriana García Fino, directora de Medicina Legal, se muestra preocupada  también por el aumento de las víctimas de carros fantasmas, aunque aclara que las cifras que maneja su entidad no representan la totalidad de los siniestros viales, sino los casos que por razones específicas son judicializados.

En todo caso, “de los 46.500 eventos de tránsito que conocemos cada año, solo tenemos información de los vehículos involucrados en el 40 por ciento de los casos. En el resto, no sabemos qué pasó con los carros”, revela la funcionaria, quien advierte un subregistro que se puede estar presentando en las regiones y en las personas con lesiones menores.

No obstante, aunque no se judicializan esos casos, al presentarse lesiones, por menores que estas sean, requieren atención en salud y generan reclamaciones ante la Adres.

De acuerdo con la Adres, justamente, Barranquilla y Soledad, en el Atlántico, así como Cali, Bogotá y Valledupar, son las regiones donde más se presentan víctimas.

El viceministro González no oculta su preocupación ante las víctimas de los “carros fantasmas”, un fenómeno que, a su juicio, se debe enfrentar con una estrategia integral para aliviar el problema de salud pública que es la accidentalidad vial. “El tema de la movilidad segura ya es una prioridad de salud pública para este Gobierno”, afirmó.

Y enfatizó que frente a los conductores irresponsables que huyen del lugar de los accidentes de tránsito se necesita “más legalidad, más SOAT y mayor compromiso de la gente”.

Por su parte, Dionne Alexandra Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, insiste en la necesidad de fomentar procesos educativos integrales para que los ciudadanos asuman una actitud humanitaria. “Es un deber constitucional de los colombianos obrar conforme al principio de solidaridad social. Ante un accidente, la respuesta del ciudadano debe ser llamar a la línea de emergencias y procurar salvar la vida de quienes han sido afectados”, agrega.

Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, considera que “vale la pena recordar que si se huye de la escena y es identificado con posterioridad esto le podría acarrear problemas mayores que el mismo accidente en sí”.

UNIDAD DE SALUD EL TIEMPO

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