¿Telecomunicaciones en crisis? Aquí no aplican los racionamientos / Análisis del Editor Multimedia

El sector de los operadores móviles y fijos de internet está levantando la mano: su situación financiera se está complicando y la asfixia se hace presente en varias empresas.

El primer campanazo lo dio Tigo hace unos meses cuando anunció que se quedaba sin liquidez y que acogerse a la reorganización, un eufemismo de la ley de quiebras, era el único camino que le quedaba.

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Con agilidad, el Ministerio TIC se movió, se ajustaron medidas, se consiguieron recursos, se permitieron fusiones técnicas con Movistar en su red e infraestructura, y el oxígeno volvió a fluir por los pulmones de una empresa que aún se recupera.

Ahora el que palidece ante la ausencia de liquidez es WOM, empresa que comenzó a flaquear en Chile, se acogió a quiebra en Estados Unidos y ahora en Colombia está en el mismo camino.

¿Por qué está pasando esto? ¿No eran acaso los operadores móviles empresas saludables y boyantes? La realidad es que esto ya no es así. Este negocio se ha vuelto deficitario, que exige un constante y alto volumen de inversión, y en el que año a año se crece en oferta (más internet, más datos, más aplicaciones, ilimitado), a un menor precio, es decir, menos recaudo de los clientes.

Un estudio de la Universidad Nacional mostró que el Arpu (ingreso promedio por ) ha caído 55 por ciento entre 2012 y 2022, mientras que las tarifas promedio de internet móvil es la segunda más barata de Latinoamérica. Es decir, más servicio, más inversión, por menos plata.

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Luego se suman otros efectos propios del mercado: la dura competencia que planteó WOM con precios muy agresivos impacto fuertemente a toda la industria; se hizo una subasta de espectro (la de 5G) que significó $ 1,3 billones por permisos y unos $ 28 billones en inversiones en el futuro; también se hicieron renovaciones de espectro que significaron un esfuerzo financiero alto, aunque hay que reconocer que este gobierno implementó medidas y ajustó procesos para que fuese lo menos complicado para los operadores.

Seguido están las regulaciones que terminan también poniendo presión a una industria que flaquea: un nuevo régimen de calidad que obliga a los operadores a duplicar su velocidad de las redes, con inversiones que serán de unos $ 8 billones; o leyes, como una recién aprobada, que elimina un cobro justificado y avalado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la reconexión cuando un deudor se queda sin servicio, una millonada adicional que deberán asumir las empresas, a cargo de los que sí son buenas pagas.

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Es hora de que se haga una revisión general de esta industria. No se trata de subsidiarlos ni de ‘rescates’ económicos. Se trata de depurar el marco regulatorio y de cuidarnos de leyes populistas para que esta industria pueda operar sana, con normas claras, seguridad jurídica, que incentive la competencia y los equilibrios. Este es un servicio público fundamental en el que no existen los racionamientos.

JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

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