Los ases de la defensa de Uribe ante lo que llama venganza de la Corte

En medio de propuestas de tutelatones, constituyente y del mensaje de Estados Unidos, que califica de “héroe” a Álvaro Uribe –y pide que se defienda en libertad–, sus abogados accedieron a hablar de lo que se viene en el escenario real: el proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal. 

Los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana barajan desde poner tutelas hasta ir a instancias internacionales. No hablan de la salida de Uribe del Senado, para quedar fuera de la órbita de la Corte, pero retan a la Fiscalía y a la Procuraduría a que intervengan en un caso que califican como una venganza de la Corte Suprema.

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Jaime Granados (J. G.): Sería una pérdida de tiempo presentar un recurso ante los mismos 5 magistrados que de forma unánime –con una aclaración de voto que no se conoce– tomaron las determinaciones con las cuales discrepamos. Sería legitimar una actuación claramente arbitraria y abusiva de la Sala de Instrucción.

J. G.: Dejamos una fuerte constancia con los reparos contra la providencia.

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J. G.: No es un secreto que tiempo atrás se había dado una controversia, hace ya casi 15 años, con la Corte, que creíamos superada. Pero, cuando el 16 de febrero de 2018 se nos notificó –sin permitirnos contradecir porque había un cuaderno reservado–, la decisión inhibitoria a favor del senador Cepeda, luego de una entrevista del presidente de la Corte y el de la Sala Penal (los doctores Barceló y Hernández), entendimos que no había condiciones de objetividad. Sin embargo, con el apego a las instituciones que el Presidente nos ha enseñado, se compareció, rindió indagatoria, estuvimos prestos a atender las solicitudes de la Corte para darles la oportunidad de que demostraran su objetividad. Pero la decisión de 1.554 páginas, su redacción y las profundas injusticias que genera nos dan la conclusión de que aquí no hubo una decisión construida con argumentos jurídicos sustentables en Colombia y en el exterior (...). La constancia lo refleja y las futuras actuaciones en Colombia y en el exterior demostrarán el porqué de esos desaciertos que permiten calificar la decisión de arbitraria e injusta.

J. G.: Formalmente es distinta y creíamos superado ese episodio, pero hay algunos vasos comunicantes. El magistrado Barceló fue magistrado auxiliar de esa anterior Corte. Alarcón, de la Sala de Instrucción, también fue auxiliar. Tanto la decisión que tomó la Sala de Casación Penal, hace dos años, como la que tomó ahora la Sala de Instrucción, muestran que no están actuando apegados al ordenamiento jurídico. Solicitamos multitud de pruebas que fueron negadas, o si fueron decretadas no se practicaron. Al principal testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve, no se nos permitió contrainterrogarlo ni a otras personas.

Jaime Lombana (J. L.): Una profesora, Concepción Arenal, dijo que imponer a un hombre una privación de libertad es una mancha en su honra, es como la de haber estado privado de libertad sin habérsele probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente. A Álvaro Uribe lo interceptan ilegalmente 32 días. El investigador analista, Óscar Álvarez, confiesa que sabía que la interceptación era para Nilton Córdoba y no Uribe. Cualquier colombiano tiene derecho a que se le respete el debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a no ser escuchado delictivamente. A no oír interceptaciones con periodistas –violando la ley de prensa–, o con su abogado. Eso no puede ser fundamento de una obstrucción a la justicia. Lo digo con sinceridad y aspiro a que no existan represalias. Pero la presunción de inocencia de Álvaro Uribe en la Sala de Instrucción es inexistente.

J. G.: No es cierto. Además, esa actuación cubrió el periodo crítico de lo que se investiga: 21 de febrero hasta el 9 de abril. Fue interceptado ilegalmente como ha quedado establecido y como lo ha dicho Jaime Lombana. Pero también fue interceptado su abogado Diego Cadena. Es ilícito y se usó indebidamente. Cuestionamos la supuesta legalidad de esas interceptaciones y presentamos nulidad, que fue negada. En la providencia no existe prueba directa de que el Presidente haya dado una orden o haya hecho algo indebido. Además, se enteró posteriormente, en ocasiones años después, de lo que se está censurando e investiga la Fiscalía: la conducta de Cadena, que en mi criterio no es delictiva, y que en todo caso, no le fue informada al presidente, sino luego.

J. L.: Quisiera hacer un paréntesis cordial. Tanto en esta entrevista como en el debate en el país están haciendo un juicio a Uribe, como si estuviéramos en pleno juicio. El mensaje de la medida de aseguramiento es que es culpable, cuando ni siquiera se le ha llamado a juicio. Jaime Granados ha solicitado cuatro veces interrogar a Monsalve, que es un asesino. A él le dan plena credibilidad. Pero a Uribe le imponen medida privativa de libertad. ¿Cuál era la necesidad de restringirle su sagrado derecho de la libertad, mandarle al país y al mundo la sensación de que es culpable? Monsalve entró un reloj a la cárcel a escondidas para grabar a Cadena, que cayó en una trampa. Álvaro Uribe en ninguna conversación dice nada incorrecto. Esa decisión es una sentencia condenatoria. Cualquiera que medio discrepe con la Corte le compulsan copias. Con todo respeto con los magistrados, eso no es un Estado de derecho.

J. L.: Ese es un hecho muy grave. No estamos diciendo que los excluyan porque ahí nada dice de irregular Uribe. Aquí hay una pelea más importante: la supervivencia de nuestro país como Estado de derecho. Es la venganza de la justicia a quien considera su enemigo. Esa prueba está impregnada de antijuridicidad, de violación de derechos fundamentales, no solo de Uribe, sino de bienes jurídicos colectivos. ¿Qué tal usar conversaciones con periodistas como prueba de obstrucción a la justicia? Julio Sánchez Cristo, Soraya Yanine, periodistas respetables, tienen derecho a entrevistar a quienes les parezca. No comparto cosas de las que hizo Cadena, aunque creo que no son delictivas.

J. G.: No es cierto, como dice la providencia, que hay una sola formalidad para presentar un poder. ¿Qué determina la relación abogado-cliente? Que en el contexto de lo que se conoce públicamente se resalte la condición de abogado. Él fue contratado para tareas investigativas. Pero lo más importante es que todos –según la Constitución, el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, derechos humanos– tienen derecho a que se presuma su inocencia hasta que medie una sentencia en firme condenatoria. Esta medida cautelar niega esos postulados. Se le trata como culpable. De 1.554 páginas, 22 páginas analizan la necesidad de la medida de aseguramiento y no argumenta por qué va a obstruir la justicia. Según el sistema inquisitivo, se debe investigar lo que es desfavorable y lo favorable. Pero no practicó pruebas favorables pedidas, no ha permitido contrainterrogar a Monsalve y a otros; no permitió declarar al ‘Tuso’ Sierra aunque decretó la prueba (...). A Carlos Vélez, quien reconoció que recibió dinero, tiene declaraciones juradas contradictorias y mentirosas, y no le compulsan. Por eso, pedimos que se levante la reserva. Un simple observador se dará cuenta de que Álvaro Uribe no dio instrucción ni tuvo conocimiento de algo indebido.

J. G.: Solo se compulsan copias cuando hay una decisión final. Eso es prejuzgar y es arbitrario. Lo que hace es intimidar la prueba de la defensa. En el fondo la que está obstruyendo a la justicia es la Sala de Instrucción. Lo que esperamos es desarrollar una estrategia defensiva en escenarios que permitan que se sepa a nivel nacional e internacional lo que ocurrió.

J. L.: Compulsar copias es tomar partido. Es decir, no hay una Corte imparcial.

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J.G.: No revelaremos qué vamos a hacer. Esperamos que la Corte conteste la solicitud de levantar la reserva y permita que el debate se haga público. Habrá posibilidades más efectivas de tutelas judiciales, pronunciamientos de autoridades locales e internacionales, y control ciudadano a la istración de justicia: en una democracia ningún poder es omnímodo.

J. L.: Veeduría, a Procuraduría y Fiscalía, en el sentido de que interceptar ilícitamente a un ciudadano es delito. La Procuraduría, de Fernando Carrillo, que tanto habla de derechos, de la Constitución y liberalismo, ¿dónde están el liberalismo y la Procuraduría para hacer valer estos derechos? Si esas veedurías no funcionan, veremos para dónde agarramos con maletas.

J. G.: Solo le estoy mostrando un abanico de posibilidades que evaluamos. ¿Por qué es diferente para Uribe? ¿Por qué es diferente que el senador Iván Cepeda puede hablar con testigos directamente, monitorear lo que hacen vía chat? ¿Por qué él sí puede, a través de una ONG, dar 11’700.000 pesos a un testigo? ¿Por qué sí es posible que él tenga una comunicación, que no sea un delito, que la Corte lo exonere y le permita que no entregue los chats? ¿No es un trato desigual? Más grave aún, ¿cómo va a alegar la Corte que hay obstrucción de la justicia? ¿Obstrucción de qué? El Presidente ha sido investigado a escondidas (...). Más de 40 testigos interrogados, 2 años y medio de investigación. Si todavía consideramos que esas actuaciones son incorrectas, debería tener derecho a un juicio justo, objetivo, sin ánimo de venganza ni de reemplazar la justicia por una venganza política, independientemente del sector ideológico al que pertenece.

J. L.: La justicia no puede tener sesgos ideológicos. Comparto con Granados: “un sector de la Corte”. Creo en la seriedad de la inmensa mayoría de magistrados. Pero, lo que leí en la providencia es la materialización de un odio evidente. De una animadversión ideológica.

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J. G.: Esa prueba fue pedida por la defensa. No se ha practicado y no puedo hacer referencia a algo que no ha ocurrido. La defensa ha intentado por todos los medios que le corresponde que se sepa la verdad. La obsesión de Álvaro Uribe es que se sepa la verdad y a través de ella quede restablecido el honor, que siente vulnerado.

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