Atención: por abandono del cargo Gobierno inicia proceso a Gobernadora de Arauca

El 22 de febrero pasado, el entonces ministro del Interior Daniel Palacios, en funciones delegatarias, designó como gobernadora encargada de Arauca a Indira Luz Barrios Guarnizo, quien hizo parte de la terna que pasó Cambio Radical.

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La decisión se tomó cuatro meses después de la captura de José Facundo Castillo Cisneros, por corrupción. Ahora, nueve meses después, es Barrios quien podría salir del cargo.

EL TIEMPO conoció en exclusiva que Presidencia de la República abrió un proceso istrativo para iniciar el incidente de abandono del cargo y vacancia.

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La decisión, que también podría tener consecuencias disciplinarias, partió de una denuncia en la que se asegura que la funcionaria (quien se desempeñó como asesora legal del capturado Castillo) salió del país sin autorización alguna.

En una decisión istrativa sin precedentes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, firmó un decreto en el que se abren las puertas para nombrar nuevo gobernador de un departamento en el que se sigue registrando una difícil situación de orden público.

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El decreto es el 2305 de 2022 y requiere a Barrios Guarnizo para que presente sus argumentos y pruebas frente a la queja formulada por la representante a la Cámara, Lina María Garrido y del Diputado de Arauca, Willington Rodríguez Benavides.

Además, le otorga el término de cinco para que presente la autorización de salida del país pertinente.

El decreto también solicita a Migración Colombia, para que, en el marco de sus competencias legales, certifique dentro de los tres días siguientes a la comunicación del acto istrativo, si Barrios Guarnizo abandonó el país durante el mes de octubre del presente año e indique las fechas de su salida y retorno al territorio al país.

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Este diario supo que Barrios habría salido del país del 16 de octubre al 21 de octubre sin autorización alguna. Según registros migratorios, la funcionaria se desplazó a Cancún, saliendo por el aeropuerto El Dorado.

La Asamblea departamental no fue enterada del desplazamiento.

Este diario estableció que la medida de Presidencia está respaldada por jurisprudencia y por consultas a Función Pública y a la sala de consulta del servicio civil del Consejo de Estado.

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Los autopermisos de la gobernadora quedaron consignados en las resoluciones 2899 y 2900, donde además no da cuenta de su intención de salir del país.

Este caso es de relevancia porque Barrios Guarnizo no fue una funcionaria electa a través del voto popular, sino que fue designada de manera directa por el gobierno nacional que es su nominador.

La decisión de la Presidencia no tiene antecedentes pero en el decreto se señala legislación y normas copiosas que le permiten iniciar el proceso istrativo y compulsar copias a la Procuraduría para que investigue disciplinariamente a la mandataria. 

Según el decreto, el artículo 127 de la Ley 2000 de 2022 establece que se produce abandono del cargo del gobernador, cuando no reasuma sus funciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física. Además, cuando se abandona el territorio nacional sin autorización por 5 días o más consecutivos.

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La decisión también se respalda en lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, según el cual el Presidente de la República tiene asignada las competencias de todo lo relacionado con la istración de la República, cuando esta no haya sido asignada de manera específica a otro poder público.

En similar sentido la Corte Constitucional en sentencia C-1189 de 2005 se pronuncia sobre los antecedentes legales del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio. "Si bien no ha sido estipulado un procedimiento específico que constituya una garantía ineludible del debido proceso en la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del mismo, sí es claro que la autoridad competente para proceder en tal sentido, se encuentra en la obligación de respetar las garantías inherentes a dicho derecho fundamental".

También en septiembre pasado, la gobernadora (e) fue denunciada ante el despacho del fiscal general Francisco Barbosa, por la representantes a la Cámara, Lina María Garrido, por la aprobación en tiempo récord de cinco contratos por un valor de 124.700 millones de pesos.

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Los recursos salieron del sistema de regalías y estaban destinados para 32 proyectos a lo largo de dos años.

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