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La guerra que tiene frenadas megaobras por $ 3,2 billones en el canal del Dique

Audios intimidantes, denuncias y tutelas se atraviesan al proyecto. En 2 meses expira el presupuesto

Las obras en el canal del Dique son por 3,2 billones de pesos. Foto: ANI

29.10.2022 15:56 Actualizado: 30.10.2022 00:00

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“Estoy dispuesto a lo que sea. Voy a llamar al Urabá antioqueño a informar lo que está pasando, a ver cómo va a salir esta mierda (…). O se aquietan o los aquietamos”.

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Este es uno de los audios que circulan en la Costa y en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en torno a la millonaria licitación para la construcción de obras de restauración del canal del Dique, que mitigaría el impacto de la implacable ola invernal que golpea a Bolívar, Atlántico, Sucre y zonas aledañas.

El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros. Foto:Cortesía Cormagdalena

Aunque es un proyecto de 3,2 billones de pesos, calificado de vital, está en medio de una guerra de amenazas, objeciones, denuncias y tutelas.

EL TIEMPO investigó y estableció que aunque algunos iten que se deben hacer ajustes, hay una arista económica detrás: las millonarias partidas que el Estado les gira a comunidades para ejecutar las llamadas consultas previas.

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La ANI, que adelanta la licitación para adjudicar la alianza público-privada (APP) canal del Dique, ha girado 7.555 millones de pesos a 16 comunidades para que contraten expertos asesores en la materia.

Sacyr y la póliza

Aseguró que trabajan en establecer un Soat que revise las tarifas, el monto y la forma del amparo. Foto:Cortesía Comunicaciones Mintransporte

Y hay una partida más, para obras de compensación por afectaciones ambientales. Ya se han pactado proyectos por 58.000 millones de pesos, que se girarán si el proyecto avanza.

Cuarenta y ocho horas antes de la posesión presidencial, el gobierno Duque decidió dejar el tema en manos del nuevo gobierno. Y si bien el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la ANI están interesados en sacarlo adelante, heredaron varios obstáculos.

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Hace dos semanas, la ANI (en cabeza de William Camargo) negó una solicitud que buscaba que el proceso contractual se declarara desierto y se revocara la apertura de la licitación, cuya adjudicación se ha aplazado tres veces.

Y hay una carrera contra el reloj para que no se pierda la partida presupuestal, que expira en diciembre y que implicaría empezar de cero el proceso, que hoy tiene como único proponente a Sacyr Colombia S. A. S.

Cruce de acusaciones

Henry Guizamano, delegado de Bolívar en el Espacio Nacional de Consultas Previas para comunidades negras Foto:Archivo particular

La ANI (ya en la era Petro) descartó que la investigación en España contra la matriz de Sacyr (por presunta corrupción) afecte la licitación. Y aclaró que no se necesita licencia ambiental para hacer las dos gigantescas esclusas (que regularían el paso del agua) y 34 obras menores.

Sin embargo, las consultas previas siguen siendo el factor de fondo. Hay un pliego de peticiones de líderes que le solicitan al Gobierno que, además de garantizarles ese derecho a otras comunidades (ubicadas en el área de influencia), se renegocien y corrijan otras consultas ya pactadas.

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Pero otros líderes dicen que detrás de esa solicitud hay intereses particulares.

“Las comunidades no están en contra del proyecto. Son algunos asesores que pidieron un porcentaje de las consultas previas y ahora van por una parte de las obras de compensación”, le dijo a este diario Henry Guizamano, delegado de Bolívar en el Espacio Nacional de Consultas Previas para comunidades negras y raizales, y asesor de consejos comunitarios en Cartagena, Arjona y Turbaná.

Amenazas y denuncia

Esta es la denuncia colectiva interpuesta por líderes de comunidades del canal del Dique. Foto:Suministrada

En una denuncia, interpuesta en 2021 por Guizamano, y en otra más, radicada por diez representantes de cuatro consejos comunitarios, se habla de que son víctimas de una campaña de difamación y amenazas por su labor en esas consultas.

Todos pidieron, además, medidas de protección y que se indague la conducta de un defensor de derechos humanos: Adil Meléndez, líder de la Ruta del Cimarronaje y miembro del Pacto Histórico.

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“Sin fundamento alguno, Meléndez dice que hicimos un trabajo corrupto. Viene injuriando a mucha gente, incluso de la ANI, para obtener un contrato de consultas previas y quedarse con el 25 por ciento de los recursos de la comunidad”, dice Guizamano.

Y en similar sentido se pronunciaron José Acevedo, representante de la comunidad de Puerto Badel; y Óscar Villero, de la comunidad de Leticia, Bolívar.

La tutela de la discordia

Este es el pliego de condiciones presentado por algunas comunidades a los promotores del proyecto canal del Dique. Foto:EL TIEMPO

Pero el abogado Meléndez se ratifica en sus señalamientos y asegura que también ha sido amenazado por denunciar irregularidades en el proyecto: “Jamás me interpondría en esa importante gestión del Presidente. Pero la corrupción es grosera. Si no se hacen ajustes antes de licitar, será el proyecto más corrupto de la historia”, le dijo a EL TIEMPO.

Y agregó que presentó una acción para que la tutela que tiene congelada la adjudicación de la APP siga su curso. La tutela a la que se refiere la presentó en septiembre Danit Escorcia, representante del consejo de comunidades negras Los Olivos de Hato Viejo.

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Con esta se buscaba frenar la entrega de la APP hasta que se les garantizara la consulta previa y la participación ambiental. Pero Escorcia desistió de la tutela luego de que, el 4 de octubre, representantes de comunidades y del gobierno Petro firmaron un ‘acuerdo de voluntades’.

Se pactó la instalación de mesas técnicas para analizar el proyecto y posibles afectaciones; y avanzar en otras consultas previas.

Para la ANI, con el desistimiento de la tutela, ya no hay medida cautelar. Pero la palabra la tiene la Corte Constitucional, que debe dirimir un conflicto de competencias entre jueces que conocieron la tutela.

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En todo caso, el ministro de Transporte ya advirtió que si siguen los obstáculos, los recursos serán reasignados para mitigar la ola invernal que ya llevó al gobierno Petro a declarar desastre nacional.

‘Si no se hacen ajustes, será un proyecto corrupto’:
Adil Meléndez

Adil Meléndez, líder de la Ruta del Cimarronaje y miembro del Pacto Histórico Foto:Suministrada

Según Adil Meléndez, desde 2021, las comunidades vienen siendo “sobornadas, con partidas de 500 millones de pesos, para que hagan reuniones exprés, bajo el epíteto del derecho a la consulta previa”.

Para él, los pagos se condicionaron a que las comunidades hicieran los mismos 12 impactos (obras de compensación) que van entre 1.600 millones y 2.200 millones de pesos. Por eso, dice que emprendió una cruzada para que no se roben esos dineros y para defender a las comunidades: “Hay un expediente voluminoso en una fiscalía de Cartagena donde están llamando a líderes que están denunciando cómo se robaron la plata de las consultas previas”.

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En su criterio, la APP no es una restauración ambiental, sino un proyecto que responde a intereses económicos: “Lo que puede ocurrir es la privatización del canal”. Y sobre la tutela que tiene frenada la adjudicación, aseguró que Danit Escorcia no estaba autorizada para desistir porque es un derecho constitucional colectivo: “No recibió ni autorización ni se puede desistir de una tutela cuando no se ha satisfecho el derecho constitucional invocado”.

Meléndez itió que hay un contrato donde él cobra por asesorar a Hato Viejo, pero advierte: “Todo el que trabaja tiene derecho a sus honorarios. Llevamos dos años trabajando con las comunidades autofinanciando un proceso que lleva más de 350 reuniones. Legalmente puedo cobrar lo que corresponde”.

Documentos a Petro

Gustavo Petro, presidente Foto:Presidencia

Finalmente, el abogado señaló: “Nosotros somos del Pacto Histórico, muy cercanos al Presidente y jamás nos atravesaríamos en la gestión pública del Presidente y mucho menos con un proyecto tan importante y estratégico como este”.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

El abogado asegura ser de la entraña de la Colombia Humana y del Polo Democrático. Pero advierte que un proyecto que, según él, “se voló a las comunidades”, tiene instrumentos ambientales desactualizados y no hizo las consultas previas debe ser ajustado ahora. De hecho, dice que ya le ha enviado documentos al presidente Gustavo Petro para hacer ajustes antes de que se adjudique la licitación.

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