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Investigación
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Estas son las tres razones por las que CNE accedería a aplazar votación en investigación a campaña Petro Presidente 2022-2026
EL TIEMPO revela defensa del mandatario. Y norma, con su firma de congresista, que blinda el caso en el CNE. Fiscalía avanza en rastreo a posibles fuentes de financiación ilícita.
El CNE votaría este lunes el proyecto de ponencia en el que se pide que se formulen cargos contra de la campaña Petro Presidente 2022-2026 por presunta violación de topes electorales. Foto: Archivo particular
Hay expectativa en el país por lo que sucederá este lunes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando su Sala Plena entre a discutir y a votar el proyecto de resolución en la que se ordena la apertura de investigación y formulación de cargos a de la campaña Petro Presidente 2022-2026.
El mandatario se ha referido al caso en varias de sus intervenciones recientes en las que califica como ‘chambonas’ las evidencias sobre la presunta violación de topes electorales, una conducta con alcances penales desde 2017.
La evidencia del CNE
Héctor Carvajal y el presidente Gustavo Petro. Foto:Archivo particular
Además de plantear una violación de su fuero por parte del máximo organismo electoral, el Presidente ha subido el tono de la discusión señalando incluso que hay plata de por medio para que el expediente llegue a la Comisión de Acusación de la Cámara para sacarlo del cargo.
“El golpe no se dará con soldados (...) Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al Presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes”, escribió hace 48 horas en sus redes mientras invitaba al pueblo a las calles.
En medio de ese ambiente caldeado se espera que los del CNE entren a votar, tras estudiar por dos semanas el proyecto de resolución con ponencia de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) a quienes el Presidente les ha lanzado fuertes calificativos.
Los escenarios que se esperan
Este es el recurso presentado por Héctor Carvajal, apoderado del Presidente. Foto:EL TIEMPO
Pero EL TIEMPO investigó y estableció que ese es tan solo uno de los escenarios previstos para este lunes. Hay dos más, relacionados con una magistrada, un recurso interpuesto por Héctor Carvajal, apoderado del Presidente, y hasta por un conato de ‘tutelatón’.
En todos los casos, se prevé una dilación por meses convirtiendo el expediente del CNE en un tema espinoso y de confrontación en la agenda política y hasta de orden público, a pesar de que la Fiscalía también investiga una presunta financiación con fuentes ilícitas.
En el primer escenario que se daría este lunes -que voten si aprueban o no la ponencia-, algunos esperan un resultado apretado que obligue a acudir a un conjuez.
Sadi Sas y Movistar
Ricardo Roa Barragán, gerente de la Campaña Petro Presidente y ahora cabeza de Ecopetrol, y el presidente Gustavo Petro. Foto:X: Ricardo Roa
Tal como lo publicó EL TIEMPO desde mayo, la ponencia incluye lo que sería una violación de topes por 5.355 millones de pesos.
Allí aparecen dos aportes de supuestas fuentes prohibidas, por 621 millones de pesos, de los sindicatos de Fecode y de la USO; este último ligado a Ecopetrol, cuya actual cabeza, Ricardo Roa, ejerció como gerente de la campaña.
También aparece un préstamo del Polo por 500 millones de pesos; 931 millones de pesos pagados a testigos electorales que no fueron registrados y una factura de Caracol Televisión por 356 millones de pesos por publicidad.
Además, servicios aéreos por 1.200 millones de pesos con Sadi SAS, vinculada a Carlos Restrepo, ‘Caco’, el piloto que, tal como lo reveló EL TIEMPO, se entregó en Estados Unidos por narcotráfico.
La magistrada del Pacto Histórico
Alba Lucía Vásquez en su posesión como magistrada del CNE. Foto:Presidencia de la República
Y también aparece el alquiler del Coliseo Movistar Arena para la celebración de la victoria que costó 250 millones y solo reportaron 100 millones de pesos.
Los magistrados han podido evaluar la evidencia para establecer si se consideran gastos de campaña y si se violaron topes. Pero la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) estaba incapacitada y no la conoce oficialmente.
“Se da por descontado que se pida igualdad de condiciones y se le otorguen dos semanas para su estudio”, explicó una fuente del CNE. Ese es el segundo escenario.
Y hay un tercero que aplazaría aún más la votación. EL TIEMPO tiene en su poder un recurso que presentó el abogado Carvajal en contra de la decisión del Consejo de Estado que señaló que tanto el CNE como la Comisión de Acusación de la Cámara tienen la competencia (desde su órbita) para investigar al Presidente.
Aunque contra la decisión no procede recurso, Carvajal presentó una solicitud de nulidad y/o aclaración. Y pidió una medida cautelar: que la decisión del Consejo de Estado no pueda cumplirse hasta que se resuelva el incidente que radicó, so pena de entrar al umbral de la inseguridad jurídica.
Ya se sabe que al menos dos magistrados del CNE pedirán que se espere a que se resuelva ese recurso antes de votar.
El fuero del mandatario
Los magistrados del CNE. Foto:Cortesía
El recurso de Carvajal, quien aspira a que el Presidente lo terne para Procurador, señala una contradicción entre lo dicho por el Consejo de Estado sobre la competencia del CNE y la respuesta a una tutela radicada sobre el tema en el despacho de Rafael Suárez, magistrado de ese alto tribunal.
“Es claro que, mediante la decisión del 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación, declarando a ambas entidades competentes para investigar y sancionar al Presidente, luego de concluir que el fuero del Presidente solamente lo ampara en asuntos de carácter penal y disciplinario”, dice Carvajal.
Y añade que mientras en la decisión se afirma que el Presidente no tiene fuero en las actuaciones ante el CNE (derivadas del control que ejerce conforme a la Ley 996 de 2005), en la respuesta a la tutela se sostiene que el fuero del Presidente en materia penal y disciplinaria no excluye lo relativo a las actuaciones ya referidas que corresponden al CNE. Por eso, pide claridad.
'Sin competencia' y los 30 días de plazo
El presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia
Y plantea otros dos argumentos de fondo que coinciden con la palabras del mandatario cuando habla de ‘golpe de Estado’.
“Hay un fuero integral al Presidente que impedía que cualquier instancia istrativa lo juzgue (...) estoy siendo juzgado por una instancia istrativa ilegítima en ese papel”, dijo el mandatario.
Y Carvajal señala que la Sala de Consulta no tiene competencia para pronunciarse sobre el caso y que el CNE tiene un plazo para iniciar indagaciones a campañas que fue violado: 30 días.
Según explica, la propia Sala ha manifestado que, desde 2005, quedó facultada para resolver conflictos de competencias istrativas que involucren a autoridades nacionales. Pero este caso, dice el abogado, incluye otro campo: “(...) la Comisión de Acusación cumple funciones judiciales y, por ende, el conflicto a dirimir no gravita solo sobre asuntos o competencias istrativas”.
Armando Benedetti y Laura Sarabia. Foto:Andrea Puentes. Presidencia
Al respecto, dice que podría sostenerse que el hecho de que la Comisión de Acusación desempeñe funciones jurisdiccionales habilite a la Corte Constitucional (por virtud de la aplicación del fuero de atracción) para conocer y dirimir la controversia de competencias con el CNE.
Finalmente, Carvajal argumenta que la competencia del CNE para auditar, revisar e investigar las campañas electorales a la Presidencia termina en el momento en que una de estas resulta ganadora.
La proposición sobre las facultades del CNE fue aprobada cuando el Presidente Petro era Congresista. Foto:EL TIEMPO
'Con la firma del congresista Petro'
Desde ese instante –dice– frente a quien resulte electo como Presidente, esa atribución radicará en cabeza de la Comisión de Acusación, una vez concluido el examen de las cuentas por parte del CNE y siempre que se haya impuesto sanción por violación de topes o financiación ilegal.
Y allí es donde habla de una competencia limitada de 30 días siguientes a la elección para iniciar esas indagaciones.
Pero fuentes del CNE aseguran que los magistrados investigadores señalan que la ponencia está blindada con fundamentos jurídicos y solidez de la evidencia.
Y en cuanto a la competencia para indagar campañas, cuando el Presidente fue congresista respaldó con su voto una proposición discutida en medio de la reglamentación del proyecto de ley sobre igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia.
Esta es la proposición firmada por el entonces congresista Gustavo Petro. Foto:EL TIEMPO
“El CNE podrá adelantar en todo momento monitoreos sobre los ingresos y gastos de financiación de campañas. Con base en dichos monitoreos podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiamiento aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas”, señala la proposición 112, base del artículo 21 de la Ley 996 de 2005.
“El CNE tiene competencia para adelantar en todo momento investigaciones sobre rendición de cuentas”, dicen desde la entidad.
En cuanto al límite de 30 días del que habla Carvajal, advierten que rige para quejas a efecto de destitución: “Eso es competencia del Congreso y se bajó de 45 días a 30 para propender por la estabilidad del cargo de Presidente”.
¿Qué pasa en Fiscalía?
Fiscalia General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación
Mientras la controversia se centra en el CNE, la Fiscalía avanza en la investigación por posible financiación de la campaña Petro con fuentes ilícitas que partió del audio que Armando Benedetti le envió a Laura Sarabia hablando de 15.000 millones de pesos que gestionó y que ahora niega como diplomático del gobierno Petro.
En medio de la indagación por la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente, EL TIEMPO conoció un recurso interpuesto por Héctor Carvajal, abogado del mandatario en el que pide que la decisión del Consejo de Estado no pueda cumplirse hasta que se resuelva el incidente que radicó, so pena de entrar al umbral de la inseguridad jurídica. La investigación se desarrolló en Bogotá, Colombia.