Colombia, en la mira del fiscal más opcionado para dirigir I

Mientras en Colombia se sigue discutiendo quién investiga el reclutamiento de niños para la guerra por parte de las Farc, a los civiles patrocinadores de grupos guerrilleros y paramilitares y otros crímenes cometidos en medio del conflicto, en la Corte Penal Internacional (I) el país es tema central, de cara a la elección del próximo fiscal de ese tribunal.

En efecto, en diciembre se escogerá el reemplazo de Fatou Bensouda, cuyo periodo vence el 15 de junio de 2021, y uno de los candidatos favoritos a sucederla se refirió directamente a Colombia en las recientes audiencias a las que están siendo sometidos los finalistas.

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Se trata del irlandés Fergal Gaynor, cofiscal titular en el Tribunal de Camboya que juzga a un puñado de sus líderes. Gaynor fue abogado litigante en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Además, asesoró a la Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU en Beirut y parece estar muy interesado en Colombia.

Hace dos semanas, cuando se les preguntó a los candidatos acerca de los denominados exámenes o revisiones preliminares de casos bajo la lupa de la I, Fergal Gaynor planteó una reforma de fondo y habló específicamente de Colombia.

La I monitorea procesos como la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamiento forzoso, delitos sexuales y de género, y ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

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Gaynor –conocido por su firmeza en la defensa de víctimas– se refirió a las dificultades de que esas revisiones de casos duren entre 5, 10 y 15 años antes de una investigación formal.

Para él es claro que hay un grave riesgo de deterioro de las evidencias. Después habló de Colombia y dijo que esa es la postura no solo de él, sino de expertos internacionales. La pregunta que se le planteó fue: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la aproximación de la oficina del fiscal hacia las revisiones preliminares y qué cambiaría?

Y Gaynor contestó: “El proceso de revisiones o exámenes preliminares necesita un cambio cuidadoso. Es uno de los problemas que está mirando el grupo de expertos internacionales (...). Hay revisiones preliminares que han tomado entre 5 y 15 años.

Esto plantea muchas preguntas. ¿Qué piensan las víctimas? No pienso que sea posible decirle a una familia de una víctima que por una década monitoréamos qué sucede antes de decidir si investigaremos las circunstancias del asesinato de sus familiares. No pienso que podamos decirles eso a las víctimas”.

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Y agregó que durante ese lapso el fiscal de la I no tiene herramientas investigativas para revisar y recoger evidencia, lo que significaría que hay un “gran cuerpo de evidencias que se están deteriorando”.

Y sobre Colombia dijo: “Hay algunas situaciones, particularmente en Colombia, en las que tenemos que consultar cuidadosamente con las víctimas y sociedad civil en campo, también el Gobierno de Colombia, para recoger sus visiones acerca de qué piensan de la duración extremadamente larga de las revisiones preliminares”, aseguró Gaynor, sin referirse a los casos específicos que tienen bajo revisión.

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició sus funciones hace 2 años y medio, se preveía que no podía recibir todas las investigaciones de la Fiscalía porque colapsaría.

Por eso, se habló de un tiempo prudencial para la recepción de información (de la Fiscalía, de las cortes, de las ONG, etc.) sobre lo que ocurrió en el conflicto, para que priorice las investigaciones, luego de lo cual la JEP definiría mediante una ‘resolución de conclusiones’ los casos que asumirá, con el fin de llamar a los responsables.

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Y si bien en el proyecto de ley estatutaria de la JEP se previó que la Fiscalía mantendría competencias investigativas frente a los de las ex-Farc –sin imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las existentes– y los terceros civiles, todo cambió.

La Corte Constitucional, en sentencia C-080 de 2018, dispuso que aunque la Fiscalía podía continuar las investigaciones, “no podrá ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales”, con lo cual, mientras la JEP asume competencias, no puede hacer interrogatorios, indagatorias, imputación y control de legalidad, entre otras gestiones.

Eso significa que mientras la JEP toma el conocimiento formal de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, habría una especie de limbo. El entonces fiscal Fabio Espitia emitió una circular advirtiendo a sus fiscales de la restricción; y la I ya le pidió al ente acusador un informe sobre el tema, tras una visita oficial al país en enero.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, aclaró hace 15 días que “la jurisdicción está actuando y ejerciendo sus competencias desde hace dos años y medio, y no 4”, como lo señaló el presidente Iván Duque en una intervención en la que pidió resultados.

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Y agregó: “Debemos todos, con responsabilidad democrática, aunar esfuerzos para que este proceso de legitimación que se construye día a día no sea obstruido por voces que están interesadas en mantener la guerra en Colombia”.

¿Se está agotando el tiempo?

: @UinvestigativaET