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Altos funcionarios, a revelar si tienen cuentas en el exterior

Norma cobija a las llamadas Personas Expuestas Políticamente (PEP). Busca cumplir exigencia de OCDE.

Gremios y cuatro partidos políticos dicen que apoyarán la reforma tributaria del gobierno Duque. Foto: Presidencia

27.07.2021 21:20 Actualizado: 28.07.2021 00:00

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El Gobierno acaba de ampliar la lista de cargos públicos catalogados como de alto riesgo de corrupción y lavado de activos -conocidos como Personas Expuestas Políticamente (PEP)- y, de paso, aumentó los requisitos que estos deben cumplir.

Así lo estableció EL TIEMPO tras conocer y analizar el Decreto 830, del 26 de julio de 2021, que modifica y complementa el que ya se había expedido en 2016, conocido como 'régimen de las PEP'. En ese, inicialmente, se le dio dicho rango al Presidente de la República, a magistrados de las altas cortes, a gobernadores, a alcaldes, a notarios y al Fiscal General, entre otros funcionarios.

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El número de cargos públicos nacionales y extranjeros con alto riesgo de corrupción pasó de 35.000 a más de 50.000.

Pero el listado se acaba de ampliar, luego de las exigencias de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hechas en diciembre de 2019, dentro de los lineamientos de lucha contra el soborno.

Y si bien la OCDE llamó la atención en que habían quedado por fuera del primer decreto los funcionarios públicos extranjeros, en el nuevo decreto se incluyeron otros cargos y exigencias.

Según estimativos de Infolaft, empresa consultora en prevención de lavado de activos, ahora el número de cargos públicos nacionales y extranjeros con alto riesgo de corrupción pasó de 35.000 a más de 50.000.

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Iván Duque, presidente de Colombia, y Ángel Gurría, secretario general de la Ocde. Foto:Presidencia

Cargos incluidos

Además de incluir a embajadores y encargados de negocios; y a congresistas en el extranjero, se suman a la lista de PEP altos funcionarios de las Fuerzas Armadas.

Además de incluir a embajadores y encargados de negocios; y a congresistas en el extranjero, se suman a la lista de PEP altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y representantes legales y directores y/o subdirectores de

las juntas directivas de organizaciones internacionales.

Así mismo, a oficiales y suboficiales facultados para ordenar gasto o

comprometer recursos de las instituciones públicas y a directores y subdirectores de departamentos istrativos de la Presidencia. Se agregaron, además, a ordenadores del gasto de corporaciones autónomas regionales, tesoreros y ordenadores del gasto de altas cortes y tribunales y ordenadores del gasto de la Fiscalía General de la Nación.

La lista la cierran los directores de la Fiscalía General, ordenadores del gasto de Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contaduría y Auditoría General, los notarios y curadores urbanos y los ordenadores del gasto de universidades públicas.

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Cuentas en el exterior y cónyuges

Nada más entre 2016 y 2018 perdió más de un millón de dólares (alrededor de 3,5 miles de millones de pesos). Foto:iStock

Y, además de más cargos, hay mayores exigencias.

En efecto, el decreto contempla que las Personas Expuestas Políticamente deberán declarar los nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; y los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil.

También, deben declarar "la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna".

De hecho, el decreto toca a los llamados patrimonios autónomos o fiducias. Al respecto, anota que las PEP también deben declarar si participan en estos.

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¿A quién entregarán datos?

Las entidades públicas deberán identificar en el Sistema de Gestión de Empleo

Público (SIGEP) a los servidores y/o contratistas que cumplen con la condición de

Personas Expuestas Políticamente.

Y, según el decreto, las instituciones financieras son las únicas que tendrán a la información de las PEP, lo que permitirá fortalecer controles contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del terrorismo.

Sin embargo, expertos consultores de Infolaft aseguran que se debió habilitar el a empresas no financieras, obligadas a implementar sistemas de

prevención contra el lavado de activos.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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