Encuentran chats que ordenaron borrar información militar

Estaban en teléfonos asignados a 2 subtenientes, un cabo y un sargento. Estos son sus nombres.

Según la publicación de la revista ‘Semana’, las interceptaciones ilegales se realizaron por lo menos durante el 2019 desde dos batallones del Ejército. Foto: Ilustración iStock

12.05.2020 19:29 Actualizado: 12.05.2020 20:38

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La Dijín de la Policía acaba de terminar el barrido sobre los archivos de 51 teléfonos celulares incautados durante el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército (en diciembre de 2019), en los cuales se encontró evidencia de que sí se ordenó borrar información digital recopilada desde esta guarnición castrense.

Entre los equipos móviles analizados fueron hallados los rastros de conversaciones que varios uniformados sostuvieron previamente a la diligencia judicial, ejecutada por orden de la Corte Suprema y por la cual se obtuvo evidencia de un posible uso irregular de la inteligencia castrense.

El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo hizo el anuncio en una rueda de prensa, el viernes. Foto:Ministerio de Defensa

EL TIEMPO accedió a parte del reporte de la Dijín y allí se lee que “los chats cuyos pantallazos fueron publicados por la revista Semana y que hablan de una posibles revista o allanamiento al Bacib y la necesidad de borrar información digital, se sostuvieron entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2019”.

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El informe consta de 201 folios, en los cuales se asegura que dichas conversaciones fueron encontradas en los celulares asignados a los subtenientes Laura Álvarez Erazo y Franklin Estiven González Castillo, al cabo primero Néstor Andrés Díaz y al sargento viceprimero Héctor Betancourt.

Hablan de una posibles revista o allanamiento al Bacib y la necesidad de borrar información digital

'El hombre invisible'

Esta evidencia ya está en poder de la Fiscalía y de la Procuraduría luego de que se le diera traslado desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento dentro del expediente por la supuesta relación del expresidente y senador Álvaro Uribe con el condenado hacker Andrés Sepúlveda.

Además, este diario accedió a otro informe rendido por el Grupo de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, en el cual surge el nombre del suboficial al que se le asignó el computador donde se halló la carpeta ‘Casos Especiales’ y que recoge parte de los perfilamientos a políticos, exmilitares y periodistas nacionales y extranjeros.

Se trata del sargento segundo Hernández Galván, quien tenía asignado un equipo con disco duro Wstern Digital de 320 gigabytes (GB).

“Contiene correos comerciales relativos al software denominado ‘hombre invisible’ y ‘sable’. Esta última información data de enero de 2018. Hay un requerimiento de enero de 2019 en el que se prevé la creación de herramientas de istración remota para Android y Windows”, se precisa en el documento de 309 páginas y fechado del 4 de mayo pasado.

‘Hombre invisible’ es el software que el Ejército adquirió con una firma española y que le permite acceder a todo tipo de comunicación digital. El mismo, se justificó en su momento la institución, se adquirió para perseguir a los grupos ilegales, pero se dijo que oficialmente nunca se utilizó.

También consta en este informe que en un disco duro Toshiba de 750 GB se halló “información de inteligencia de blancos al parecer legítimos e información de varios países”, y se reporta que allí había copias de los pasaportes de varias personas, entre ellas el expresidente Ernesto Samper, quien ya pidió públicamente explicaciones.

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Sobre la evidencia recaudada durante el allanamiento, EL TIEMPO reveló este domingo que también se encontró otro paquete de información que corresponde a temas de seguridad nacional y que incluso habrían sido escalados hasta la Presidencia por parte de del Ejército. Estos aparecen en las carpetas denominadas ‘Rosa’, ‘Lirio’ y ‘Dalia’.

De hecho, es en este contexto que la magistrada Lombana le itió a EL TIEMPO un encuentro con el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, que se realizó en enero en Bogotá –semanas después del allanamiento– y que se dio, según ella, en el marco de la cooperación institucional que consagra la Ley 600.

Por ahora, la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría están terminando el análisis de la información hallada en el Batallón de Ciberinteligenica y se aprestan a tomar decisiones de fondo, en un expediente que ya les costó la cabeza a 12 altos oficiales del Ejército y tiene dando explicaciones a varios más.

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