Odebrecht: Fiscalía de Perú le pide información a Colombia

José Domingo Pérez, el abogado de 42 años que lidera el equipo de fiscales especiales que investiga el caso Odebrecht en Perú, le reveló a EL TIEMPO que hace un mes le pidió a la Fiscalía de Colombia información sobre empresas nacionales que aparecen en las pesquisas que su país sigue de ese escándalo de corrupción trasnacional.

Aunque no reveló nombres, Pérez confirmó que Colombia también solicitó información de los procesos que se llevan en Perú.

En el Perú se ha aplicado el modelo de fiscales y procuradores del Brasil. Ello implicó que tras doblegar la resistencia por parte de los investigados, en este caso de Odebrecht, se comienza una etapa de colaboración eficaz o de delación premiada. Estos investigados asumen compromisos con la justicia brasileña, que implican brindar información para esclarecer crímenes ocurridos en otras latitudes de Latinoamérica.

En efecto. Como habrá sucedido en Colombia y en casi todos los países, a finales de 2016 se conoció el acuerdo de culpabilidad que realizaron las autoridades estadounidenses con Odebrecht. En él también intervinieron autoridades brasileñas, y fue por ese acuerdo que se hicieron públicos los actos de corrupción en los que Odebrecht asumió responsabilidad y hasta los aportes indebidos que hizo a campañas políticas. Cuando en el Perú se recibe esa información, se conforma un equipo de fiscales dedicados a estos casos. En el acuerdo de Brasil se condicionó a que los países que solicitaran esa información también llegaran a un acuerdo de colaboración.

Yo no voy a decir de una forma específica lo que ha sucedido en Colombia. Pero sí es bastante difícil acceder a la información que se tiene en este momento en Brasil si no media un acuerdo de colaboración. La corrupción se pudo dar en el país, pero el pago del soborno probablemente no se encuentre en el circuito financiero nacional, sino que se ha podido dar en distintos lugares donde necesariamente no hay regulación.

No quiero entrar en temas particulares. Pero sí tenemos conocimiento de los hechos en su país, cuál ha sido la intervención probable que pudo tener Odebrecht en algunas obras, pero por información periodística.

Lo que ha llegado es una solicitud de información a partir de una solicitud que nosotros también hicimos. De parte de los fiscales solicitamos una información y ha habido una correspondencia.

Lo que nos ha llegado formalmente a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de mi país es de la Fiscalía de Colombia.

Hemos solicitado una información respecto de una persona jurídica. Ese trámite se inició hace un mes aproximadamente.

Tiene relación respecto de una obra en el Perú. Pero la solicitud que se hizo es de una empresa colombiana. Sin embargo, no puedo revelar nombres y más datos. Diría que hay aspectos que nos pueden orientar en una investigación que estamos siguiendo y que puede tener un tema de necesidad para conocer aspectos de los procesos que se siguen en Colombia.

Se debe a los mecanismos procesales que se están utilizando. Un proceso de delación eficaz implica que se tenga la información que va a ser de difícil obtención. En el tema de corrupción de funcionarios o de lavado de activos, no necesariamente las evidencias van a estar en el país sino en otras esferas. Para eso necesitamos de quienes han intervenido en esos actos de corrupción, para que nos entreguen esa información y así poder llegar a las transferencias y a las personas, y construir un caso sólido.

No es que se frene un proceso de investigación, sino que por aplicación de la norma peruana no se puede continuar la investigación respecto de una persona que ha fallecido. Es decir, se ha extinguido la acción penal sobre Alan García. Pero no era una investigación que se seguía contra dicha persona, sino contra otros funcionarios por la obra del metro de Lima; es decir, la investigación continúa. No se esperaba la decisión que adoptó el señor García, aunque no es una situación que nos emocione en particular ni positiva ni negativamente. Se debe respetar la decisión que adoptó dicha persona.

Aquí hay una correspondencia de los resultados que vamos logrando con la aceptación o la legitimidad social. Se debe tener en cuenta que quienes están siendo investigados pertenecen o han pertenecido a una clase política y empresarial a nivel importante en la sociedad peruana. La población de mi país se siente agotada y, por lo tanto, ha identificado nuestra labor con que se pueden obtener resultados favorables contra la corrupción y la impunidad. Necesitamos la confianza ciudadana, porque sin ella es bastante difícil poder enfrentar a grupos de poder.

Los sectores que están en oposición a los acuerdos de colaboración eficaz o delación premiada emplean el modelo colombiano, en el que, tengo entendido, imponen sanciones de inhabilitación, como le pasó a Odebrecht, para que no puedan contratar con el Estado. Eso a veces es usado para contrarrestar los aspectos favorables de los procesos de colaboración.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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