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San Juan de Dios: el nuevo pleito entre Gobierno Petro y el Distrito que hereda Galán

Firma española dice que decisión de Petro de adquirirlo impide obra por $ 466.000 millones. 

Carlos Galán, Gustavo Petro y Claudia López.

Carlos Galán, Gustavo Petro y Claudia López. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

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El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya empezó a ser enterado, en el empalme con la istración de Claudia López, de todos los litigios que enfrenta el Distrito.
Además del pulso por el metro de Bogotá, hay otro que acaba de tomar fuerza y está vinculado a una megaobra que la istración de Enrique Peñalosa proyectó y que la de Claudia López concretó.

Demolición de la Torre Central

El complejo hospitatalarioSan Juan de Dios. Ilustración de com se propone quede la restuaración.

El complejo hospitatalarioSan Juan de Dios. Ilustración de com se propone quede la restuaración. Foto:Tomada de la página de la ERU - Alcald´+ia de Bogotá

Se trata de un contrato de operación llave en mano para el diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de una unidad médico hospitalaria y un centro de atención primaria de salud, por 466.576 millones de pesos.
La obra está proyectada en una parte del terreno del icónico hospital San Juan de Dios, ubicado en el centro de Bogotá y vecino al barrio Policarpa.
La llamada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro-oriente del Distrito seleccionó para hacer la obra a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), con domicilio en Galicia (España).

La 4033

El ministro (e) de Culutra, Jorge Ignacio Zorro.

El ministro (e) de Culutra, Jorge Ignacio Zorro. Foto:Ministerio de Cultura

Y si bien esta empezó a adelantar trámites de las autorizaciones y diseños –que incluyen la demolición de la llamada torre o edificio central– nunca logró que el Ministerio de Cultura le aprobara su intervención.
La solicitud fue tres veces negada por esa cartera, cuando estaba a cargo Jorge Zorro, a pesar de que la Resolución 4033 de 2018 permite la demolición de la edificación dentro de un nivel de protección.
En efecto, esa norma modificó otra de 2016 del llamado Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.
Pero la estocada al proyecto de Copasa se generó con la inclusión en el Plan de Desarrollo de facultades extraordinarias para poner en marcha la recuperación de esas edificaciones que Gustavo Petro había iniciado desde que ocupó la Alcaldía de Bogotá.

El polígono de la discordia

El primer encuentro entre el alcalde Enrique Peñalosa y la alcaldesa electa, Claudia López, sucedió el martes pasado. En él se vieron las primeras diferencias. El jueves se instaló formalmente el comité de empalme.

El primer encuentro entre el alcalde Enrique Peñalosa y la alcaldesa electa, Claudia López, sucedió el martes pasado. En él se vieron las primeras diferencias. El jueves se instaló formalmente el comité de empalme. Foto:Alcaldía de Bogotá

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Petro firmó el decreto ley en el que anuncia que el Gobierno va a adquirir esas edificaciones bajo el argumento de que son consideradas patrimonio cultural e histórico.
Así las cosas, el decreto autorizó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas adelantar actividades, trámites y negociaciones tendientes a “adquirir, a título gratuito u oneroso, el derecho de dominio de la infraestructura de esos dos Bienes de Interés Cultural”.
Lo que llama la atención es que el área de polígono que los españoles deben intervenir no haría parte del conjunto arquitectónico francés que se busca proteger. De hecho, hay un concepto de la Universidad de los Andes que así lo indica.

El tribunal internacional

Lo concreto es que, desde mayo, cuando el proyecto del Gobierno con esas edificaciones quedó consagrado en el Plan de Desarrollo, abogados de los españoles pidieron activar un tribunal de arbitramento internacional.
En la solicitud, que EL TIEMPO conoció en exclusiva, se señala que el contrato adjudicado a la firma Copasa no puede ejecutarse tal y como fue estructurado porque la Subred incumplió al licitar y adjudicar un proyecto inviable tal como fue adjudicado.
A pesar de que la Subred estableció en la estructuración que las obras de construcción, incluyendo las demoliciones, eran viables y podían ejecutarse, durante la ejecución del contrato el Ministerio de Cultura encontró y determinó que el proyecto estructurado por la Subred no puede ejecutarse”, dicen.

La demanda de Susana Muhamad

La ministra Susana Muhamad durante una rueda de prensa realizada hoy para dar a conocer las acciones del plan de manejo alrededor de los hipopótamos.

La ministra Susana Muhamad durante una rueda de prensa realizada hoy para dar a conocer las acciones del plan de manejo alrededor de los hipopótamos. Foto:Minambiente

Además, dicen que durante la ejecución de la fase de preconstrucción del contrato, Copasa ha sufrido daños derivados de otros incumplimientos de la Subred que confirman la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los términos y en las condiciones que fue estructurado.
A eso se une que la entonces concejal y ahora ministra Susana Muhamad demandó la Resolución 4033 de 2018, que permite las demoliciones de la torre o edificio central. Lo que alega es que se vulneraron normas donde se dispone el acatamiento de lo dispuesto por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural sobre autorizaciones que impliquen a los Pemp.
El caso sigue su curso en el Consejo de Estado que, sin embargo, negó las medidas cautelares que Muhamad y las otras demandantes solicitaron para que quedara sin efecto la resolución del Ministerio de Cultura hasta que haya una decisión de fondo.

¿Conciliaciones fallidas? 

Aunque el caso se maneja bajo reserva, EL TIEMPO estableció que entre el grupo español y el Distrito se han producido recientes acercamientos para llegar a una conciliación. Pero esta parece estar muy lejos.
Fuentes enteradas le dijeron a este diario que inicialmente Copasa pedía una indemnización de cerca de 70.000 millones de pesos. Pero en la más reciente reunión (en octubre) ya iba en 90.000 millones de pesos.
Así las cosas, abogados del Distrito se alistan para argumentar por qué no procedería la demanda ante un tribunal internacional y defenderse.
Además, una vez se conozca el rumbo que tome el pleito y su desenlace, el Distrito podría evaluar repetir contra la Nación. Sin embargo, de la decisión que tome el Consejo de Estado también dependerá tanto la defensa del Distrito como las pretensiones de Copasa.
EL TIEMPO estableció que la postura de la Nación sobre la suerte del San Juan de Dios y el Materno será escuchada en los próximos meses dentro del litigio que heredará el alcalde electo Carlos Galán y que se une al pulso por el metro –entre elevado y subterráneo– y otras obras en donde la chequera del Gobierno Nacional está involucrada.
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