Gobierno indaga si usó falso carro blindado para proteger a amenazados

Hace un par de semanas, la Fiscalía inspeccionó los garajes oficiales en donde permanecen varios de los carros que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene alquilados para salvaguardar la vida de líderes sociales, políticos de todas las orillas, ex de las Farc y otras personas amenazadas y en riesgo de ser asesinadas.

De manera aleatoria se incautaron cinco camionetas, que actualmente están siendo sometidas a inspecciones por parte de peritos

Al menos dos de esos vehículos son parte del lote de cerca de 180 que la firma Neostar Seguridad Colombia Ltda. (Neosecurity) le suministró a la UNP, tras ganar por tercera vez uno de los contratos de alquiler de vehículos blindados, que vence el 31 de diciembre del 2020.

Por un poco más de 28.000 millones de pesos, Neostar –cuyo representante es el empresario Alan Perlman Katz– se comprometió a entregar vehículos con blindaje 3A, 3 y 4, que fueron recibidos a satisfacción.

Sin embargo, a través de mecanismos legales, EL TIEMPO estableció que la UNP le abrió, desde junio pasado, procesos istrativos sancionatorios por el presunto incumplimiento contractual. Y hay otro dato adicional, con alcances judiciales, que ya está en manos de la Fiscalía.

EL TIEMPO tiene evidencia de que el 12 de noviembre del 2019, la UNP recogió pruebas que indican que uno de los vehículos de Neostar no está blindado y que, sin embargo, se puso a disposición de personas amenazadas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Se trata de la Toyota 4Runner SR5, de placas JET 777, modelo 2017, vinculada al contrato vigente y a otro anterior.

“En el capot (sic), áreas posteriores, farolas, batería, 5 puertas y en el habitáculo no se halló material de blindaje para protección balística nivel 3”, se lee en un acta suscrita por un perito balístico forense y por el coordinador del grupo de vehículos de la UNP, Luis Ignacio Acosta González.

El documento se anexó a la denuncia penal en la que se pide que se establezcan responsables por los presuntos delitos de falsedad en documento privado agravada, fraude procesal y peculado por apropiación.

De hecho, hace 72 horas, la Fiscalía inspeccionó las instalaciones de Neostar, cuyo representante ya había salido a la palestra en agosto pasado.

En efecto, EL TIEMPO reveló que Salomón Korn, capturado como parte de una red que le lavó más de 10 millones de dólares a la mafia, negoció dos Toyota Prado blindadas con Perlman, quien las puso al servicio de la UNP a través de Neostar.

La UNP dijo en ese momento que no había nada irregular. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el nombre de Perlman salió a relucir en un interrogatorio rendido por Korn tras su captura.

Fuentes judiciales confirmaron que Korn dijo que la empresa de Perlman le facilitó documentos falsos para obtener créditos bancarios. El propósito era adquirir camionetas, blindarlas y subarrendárselas para que quedaran al servicio de la UNP, un mecanismo que está prohibido.

EL TIEMPO se comunicó con el empresario Alan Perlman, quien aseguró que oficialmente nadie le ha notificado dudas sobre el blindaje de alguno de sus carros.

“Me enteré por chismes de gente del grupo de vehículos de la UNP de que había dudas, pero tengo los soportes para probar que el carro estaba blindado”, dijo. Según él, es posible que alguien le haya quitado el blindaje, porque dijo ser víctima de una persecución en la UNP, como asegura haberlo expresado en varias comunicaciones.

Y tras calificar de falsas las declaraciones atribuidas a Korn, manifestó que las dudas sobre el blindaje de carros puestos a disposición del Gobierno recaen sobre varios de los contratistas y no solo sobre ellos. Incluso, aseguró que el tema desencadenó una mesa de trabajo en la Contraloría General, a la que asistieron desde la UNP hasta una delegada de la Mesa Nacional de Víctimas.

EL TIEMPO tuvo a un acta del 11 de junio del 2019, en la que la Contraloría asegura que ha recibido denuncias relacionadas con los carros blindados de la UNP.

“Las denuncias son sobre las especificaciones del blindaje, es decir, el cubrimiento en techos, pisos y puertas”, dijo un asistente a la reunión. Y agregó que en Colombia no hay una norma técnica para evaluar la calidad y condiciones de los blindados.

Además, ni la Policía ni la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad –encargada de otorgar los permisos a estos vehículos– tienen expertos sobre el tema.

A eso se une que las solicitudes para blindar carros en Colombia han crecido en un 300 por ciento por mes, y aun así, hay déficit de carros para los amenazados.

La información ventilada es tan delicada que, aunque contratistas se comprometieron a corregir cualquier falla, la UNP decidió involucrar a la Fiscalía, y si bien se arrancó por el caso de la Toyota de Neostar, se va a revisar de manera aleatoria el blindaje de carros de otras firmas, así como su real capacidad financiera.

Patricia Riveros, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que además de las quejas ya presentadas, hay nueva evidencia sobre fallas en el blindaje de vidrios de autos asignados a líderes sociales de alta connotación, que oficializará el lunes.

“No toleraremos este tipo de situaciones a las rentadoras. Pondremos las denuncias pertinentes y perseguiremos este tipo de conductas que, además de ser un fraude procesal, es una defraudación al Estado en su patrimonio”, dijo el director de la UNP.

Al tema de los blindados se une el reciente caso del escolta de la UNP, desmovilizado de las Farc, dado de baja tras probarse que hacía parte de un plan para asesinar a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y la denuncia de la propia entidad de que las disidencias de las Farc intentan reclutar a varios de sus escoltas.

Alan Perlman, representante de Neostar, dijo que tiene cómo demostrar que los carros rentados a la UNP cumplen las exigencias técnicas. Además, que si bien le abrieron un proceso interno por presunto incumplimiento, entregó las pruebas que aclaraban las dudas. Por eso, dice que hay una persecución en su contra y que es posible que al carro que se indaga le hayan desmontado el blindaje.

“La Fiscalía me ha pedido documentación, pero no he sido notificado de procesos. Y la UNP me confirmó hace un mes que la Toyota seguía asignada a un protegido”, dijo, y entregó la comunicación oficial en este sentido.

Sobre lo dicho por Salomón Korn en su interrogatorio aseguró que es falso y que se enteró por EL TIEMPO.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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