Tres ciudadanos irlandeses que desde hace varios años no tienen libertad de movimiento en su natal Dublín, por causa de una condena en Colombia, acaban de ser notificados de un giro que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio a su caso.
Se trata de Martin John McCauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O’ Muineacháin, quienes fueron capturados en Bogotá –en agosto de 2001– cuando pretendían abandonar el país luego de haber estado algunas semanas en la fallida zona de despeje del Caguán en Caquetá.
Las autoridades judiciales y militares confirmaron que los irlandeses acudieron a esa región para brindar entrenamiento terrorista y formación en explosivos a la entonces guerrilla de las Farc, valiéndose de documentos de identidad falsos para burlar los controles colombianos.
Aunque siempre insistieron que se había tratado de un error, estas conductas les valieron una condena de 17 años de cárcel y la expulsión del país tras el pago de una fianza y un tiempo tras las rejas.
Incluso, a pesar de las sentencias, siempre negaron haber militado en el extinto grupo terrorista Ira.
Pero su caso fue llevado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el pasado viernes decidió levantarles parte de la condena, según consta en documentos en poder de EL TIEMPO.
En efecto, la Sala de Amnistía o Indulto –con ponencia del magistrado Juan José Cantillo– decretó quitarles la parte de la pena que está relacionada con la falsedad en documento público, que se confirmó cuando ingresaron a Colombia con identidades adulteradas, pero dejó en estudio el resto de su condena que está relacionada con entrenamiento para actividades terroristas.
En la práctica, esto significa que se les otorgó libertad condicionada, lo que significa que ya tienen libre movilización en su país.
Sin embargo, siguen vinculados al caso hasta tanto exista una decisión de fondo.
¿Qué hacen ahora?
Su abogado en Colombia, el penalista y experto en justicia transicional Diego Alejandro Martínez, les dijo a reporteros de este diario que en todo caso esta primera decisión es un avance de fondo, porque ayuda a cerrar capítulos de conflictos que por varias razones terminaron entrelazados, como fueron el que se vivió por cinco décadas con las Farc y el que llevó en Irlanda del Norte al desmonte del Ira.
“Hay que aclarar que, a pesar de las sentencias, ninguno de los tres militó nunca en un grupo terrorista. Además, es claro que ninguno de los delitos por los que se les condenó en su momento tienen víctimas, por lo que esperamos pronto se les emita la amnistía completa”, precisó el jurista.
McCauley (de 58 años), Connolly (de 75 años) y O’ Muineacháin (de 55 años) ahora deben cumplir con el acta de compromiso de verdad que firmaron cuando se postularon a la JEP, con el fin de que se haga efectiva la amnistía. Y, en caso de que el resto de la condena también los cobije con esta figura, deberán surtir el mismo proceso.
De hecho, la decisión del tribunal de justicia transicional es explícita al advertir que se ordena “diferir los efectos de la libertad condicionada a la suscripción del acta de compromiso de libertad condicionada ante el Secretario Ejecutivo de la JEP”
Aunque por cuenta de la sentencia de 17 años de cárcel que se les impuso en Colombia –y que la Corte Suprema ratificó en 2007– su movilidad fuera de Dublín se ha visto limitada, en esa ciudad han logrado desarrollar actividades para ganarse la vida.
EL TIEMPO estableció que McCauley trabaja como asalariado de una empresa local, que Connolly se dedica a un negocio de construcción y Muineacháin es jubilado estatal.
“En su momento se les acusó de todo, y pues ahí están las sentencias, pero definitivamente ninguno de ellos militó en grupos terroristas y las pruebas recaudadas en su momento fueron muy débiles. Por eso esperamos que la JEP lo pueda corroborar y así se les declare la amnistía completa”, enfatizó el abogado Martínez.
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