La pelea de más de 350 millones de dólares por el dominio del .CO

El Estado colombiano está a un paso de ser emplazado por un tribunal de arbitramento internacional.

Allí deberá enfrentar una disputa contractual que, de perderla, le podría costar al país 350 millones de dólares (1,2 billones de pesos), el equivalente a lo que el gobierno Duque accedió a girarle al sector de la educación, tras las marchas estudiantiles de 2018.

Ese día se le entregaron, por un término de 10 años, la promoción, istración, operación técnica y el mantenimiento del manejo del dominio en internet de la marca .CO a la empresa Promesa de Sociedad .Co Internet S. A. S., hoy NeuStar.

Según sus directivos, la Ley 1065 de 2006 –que definió la istración de registros de nombres de dominio .CO– establece que “la duración del convenio podrá ser hasta de 10 años, prorrogables, por una sola vez, por un lapso igual al del término inicial”.

Y recordaron que –tal como lo dijo la entonces ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, cuando su cartera les adjudicó el contrato– son el segundo más grande de dominio del mundo.

Por eso exigen que se les prorrogue la concesión de manera automática e inmediata.

Sin embargo, el Mintic decidió abrir licitación, el 6 de noviembre pasado, para entregarle la concesión a un nuevo , dentro de un proceso en desarrollo al que ya le están haciendo críticas.

“Para nosotros, la norma es clara y se nos debe prorrogar el contrato. Hemos intentado en más de 10 oportunidades sentarnos a hablar del tema con el Gobierno, pero no hemos sido escuchados. Incluso estamos dispuestos a desembolsar 200 millones de dólares por anticipado: la mitad por concepto de contraprestaciones (una especie de regalías), 10 millones de dólares para proyectos de economía naranja (en lo que el Gobierno decida) y 90 millones por el costo estimado de dar la presencia en línea a todas las mipymes”, le explicó a EL TIEMPO Nicolai Bezsonoff, representante de los inversionistas de NeuStar.

Por eso, el pasado 13 de septiembre, la compañía estadounidense le notificó al Gobierno su intención de llevar el caso hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Y agregan que esa primera notificación es solo un paso previo que se debe dar antes de citar oficialmente a los árbitros, lo cual ocurriría el 16 de diciembre.

De hecho, acudieron al Consejo de Estado en busca de medidas cautelares, para que el Mintic entre a revisar la prórroga. Aunque las medidas fueron negadas, Neu-Star las apeló.

EL TIEMPO investigó el caso y estableció que la firma que se ganó el contrato fue Promesa de Sociedad .Co Internet S. A. S., que empezó a participar en la licitación en abril de 2009 y que se constituyó en empresa un mes antes de que se entregara la concesión, como lo permite la ley.

Arcelandia, creada en 1984, tenía como actividad principal todo lo que se relacione con la fabricación, envasado, distribución, venta, importación y exportación de vinos, aperitivos, cervezas y licores destilados, según escritura 3311, del 29 de diciembre de 2004.

También incluía la representación de maquinaria para el sector agropecuario, recuperación de carteras e inversiones en finca raíz, bonos y acciones, entre otros.

Pero, el 11 de julio de 2007, amplió su razón social a un abanico que incluyó “recibir en concesión, diseñar, istrar, registrar, validar, dar de baja y proteger nombres de dominio en internet a nivel nacional e internacional”.

Uno de los principales accionistas de Arcelandia es el empresario paisa Jenaro Antonio Calle Zapata, conocido por la comercialización de licor y lácteos, y muy cercano a las campañas a la presidencia tanto de Álvaro Uribe como de Iván Duque.

“Ellos fueron los gestores del negocio, y Juan Diego Calle Acevedo (socio de Arcelandia) ha sido un visionario en estos temas”, aseguraron voceros de NeuStar.

Tras manejar la concesión por 5 años, Arcelandia le vendió su participación en el negocio a NeuStar, por 109 millones de dólares.

De hecho, aunque la venta se selló en 2014, los voceros de NeuStar le itieron a EL TIEMPO que aún hay un pago pendiente, por tres millones de dólares, que está sujeto a la prórroga del contrato.

“Son parte de las provisiones normales dentro del giro de compra de negocios de este tamaño”, explicó Santoyo.

NeuStar dice que ya logró registrar más de 2,2 millones de nombres con esa denominación de origen colombiano.

Y a su reclamación le van a sumar un documento, de julio de 2018, en el que el Viceministerio de Economía Digital, de la istración Santos, deja planteada la posibilidad de que se prorrogue el contrato.

“El ministerio (TIC) debe definir la alternativa a emplear para garantizar la continuidad del servicio después de febrero de 2020; es decir, si prorroga el actual contrato de concesión (en tal caso, por cuánto tiempo será esa prórroga, puesto que la norma permite que sea por un lapso igual o menor), teniendo en cuenta que en esta prórroga se debe considerar previamente una renegociación con el fin de tener una modificación del porcentaje de contraprestación”, dice ese documento.

Sobre la controversia, Mintic le dijo a EL TIEMPO que ha respondido de manera oportuna a todos los requerimientos hechos por el concesionario.

Y, tal como lo señaló en una comunicación pública al respecto, esa cartera, en cabeza de Sylvia Constaín, agregó que si bien en el contrato se pactó una cláusula que contempla la posibilidad de acordar una prórroga por 10 años más, “esa no opera de forma automática ni genera un derecho para el concesionario”.

Y agrega de manera tajante: “Es el Estado el que define si un contrato se prorroga o no”.

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