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Los millonarios líos de cónsul colombiano en Brasil con la élite bogotana
Firma de Julio Algeri debe $24.000 millones. Inversionistas reclaman tajada invertida con un fondo.
Este es el 'render' del 'Edificio Edupol'. La denuncia dice que nunca se terminó y son unas bodegas. Foto: Archivo Particular
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Después de quedar viuda y con recursos limitados, una dama de la sociedad bogotana, de 90 años, decidió vender la casa familiar e invertir la plata en un negocio que le aseguraba una entrada fija para su vejez.
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La inversión era atractiva y, además, entre los socios del fondo que gestionaba la oferta comercial –la Sociedad Fondo Fiduciario S.A.– aparecen desde el pariente de un expresidente, pasando por conocidos abogados y hasta el Bienestar Familiar, que tiene una pequeña participación.
La oferta de inversión –en participaciones fiduciarias– consistía en la adquisición y explotación económica, mediante arriendo, de un edificio de 7.465 metros cuadrados, en la zona franca Metropolitana (Cota, Cundinamarca) llamado Edificio Edupol.
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Y si bien, en 2015, tras conseguir cerca de 50 inversionistas (incluida la viuda) y 18.600 millones de pesos, el dinero prometido llegó durante varios meses, los pagos cesaron. Por el contrario, les han seguido cobrando cuotas de manejo de la fiducia y de la gestión del fondo.
El cónsul y el 'rey'
Julio César Algeri, cónsul en Curitiba, Brasil. Foto:Archivo Particular
El caso acaba de aterrizar en la Fiscalía y en la Oficina de Transparencia de la Presidencia en donde inversionistas han denunciado supuestas irregularidades en el negocio; y que uno de los protagonistas de su revés económico es cónsul honorario de Colombia en Brasil.
Según dicen, con fotos en mano, en cambio del edificio prometido, lo que ahora tienen es participación en una bodega en obra negra, que no está rentando; y la convicción de que hay nexos entre los arrendatarios incumplidos y la Sociedad Fondo Inmobiliario, que les ofreció el negocio.
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EL TIEMPO investigó el caso y estableció que el diplomático al que se refieren es Julio César Algeri. Antes de renunciar, en 2020, la canciller Claudia Blum le amplió 4 años más su periodo como cónsul honorífico en Curitiba, Brasil, “en razón al invaluable apoyo a esa misión diplomática y a la comunidad colombiana”.
Algeri aparece en tres firmas ligadas al Fideicomiso Edificio Edupol: Educación Polimodal S. A. S. (ya disuelta); Flor Emprendimiento S. A. S. (ahora en liquidación) y Edupol S. A. S. (en problemas económicos).
La jugosa rebaja
Esta última firma ofrece un sistema multimodal de educación superior, a través de televisión satelital. Entre sus socios aparecen Carlos Franco Amastha, conocido como el ‘rey’ de las teleclases; y Mario Galofre Cano, exembajador de Colombia en Brasil.
Franco decía, en 2014, que el negocio facturaba en el exterior 100 millones de dólares al año. Pero en Colombia deben 24.000 millones de pesos. Por eso, en 2018, solicitaron entrar en ley de reorganización.
Además de universidades y bancos, entre los acreedores aparece la Sociedad Fondo Inmobiliario con un saldo por 2.563 millones de pesos. Corresponden a cánones del inmueble en la zona franca que, según cronograma de pagos, terminarán de cancelar en 2035, cuando la viuda cumpla 104 años.
Este es el 'render' del proyecto 'Edificio Edupol'. La denuncia dice que nunca se adecuó y que son unas bodegas. Foto:Archivo Particular
La Fiduciaria Bogotá pidió y logró que la Supersociedades incluyera al fideicomiso Edificio Edupol-FiduBogotá como acreedor y, además, 7.953 millones de pesos de sanción por terminación anticipada del contrato de arrendamiento.
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Pero el fondo informó a los inversionistas que, tras una negociación propia de estos procesos, esa cifra se redujo a la mitad y se pagará después de que Edupol cancele sus acreencias.
La razón: les advirtieron que entrarían en liquidación, si les cobraban esa sanción.
'A espaldas mías'
Alejandro Groot, Andrés Cadena, Mario Galofre y Carlos Bayona. Foto:Archivo Particular
Algunos creen que en esa rebaja pesó que el exembajador Mario Galofre, socio de Edupol (con un 8 por ciento), también es accionista del Fondo Inmobiliario.
Pero –en diálogo con EL TIEMPO– Galofre aseguró que el negocio del edificio lo hicieron sus socios con otras empresas y se lo “endosaron” a Edupol: “No participé en el negocio. Se hizo a espaldas mías. Nunca lo sometieron a aprobación, como se estipulaba en una resolución y así lo señalé en declaración juramentada ante notario”.
Y fue enfático en que no ha tenido participación alguna en la istración del Fondo Inmobiliario ni ha abogado para que se perdonen deudas a Edupol.
La promotora de la reorganización de Edupol, Martha Hernández, señaló que desconocía el nexo de Galofre con el fondo. Además, que Edupol perdió el inmueble sobre el cual se hizo la operación fiduciaria y que ellos solo responden por sus acreencias y no por los reclamos al fondo gestor.
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“El edificio no se adecuó y nunca pudo ser habitado y el fondo se quedó con él (...) La pandemia no fue benévola con ningún sector de la economía y pasamos momentos difíciles. Pero si seguimos operando, podemos responder por las deudas”, dijo la promotora.
¿Puntos opacos?
En la Supersociedades avanza el proceso de reorganización de Edupol. Foto:Archivo Particular
En agosto, la Fiscalía escuchó en entrevista a uno de los inversionistas que pidió que se indague si al momento de recibir sus ahorros el fondo tenía los derechos de beneficio de área en la zona franca. Y se establezca si existía garantía que respaldara el negocio con Edupol y si el fondo podía captar dinero del público.
EL TIEMPO habló con Camilo Gutiérrez Hinojosa, presidente de Sociedad Fondo Inmobiliario, y señaló que la firma (con 28 años de experiencia y 200 accionistas) no capta recursos del público sino que se invitó a comprar y a ser parte de una inversión inmobiliaria.
Además, que han realizado, gestionado y promovido todas las acciones para la defensa de los derechos del fideicomiso y sus fideicomitentes. Y que se pusieron a órdenes de la Fiscalía porque no hay nada irregular (ver nota abajo).
En el teléfono suministrado en Curitiba, no contestó el cónsul Algeri. Y la viuda de la historia cedió su inversión a un allegado para que reclame por ella, ante las autoridades, sus ahorros.
Cancillería informó que Algeri seguía en el cargo y que desconocían las denuncias sobre su empresa en Colombia.
'El arrendatario incumplió'
“En marzo, pedimos se nos informe dónde está la queja para ponernos a órdenes del fiscal, dar explicaciones y proponer investigación de delitos en que pueda estar incurriendo el inversionista”.
Camilo Gutiérrez Hinojosa, presidente de Sociedad Fondo Inmobiliario S.A., dijo que saben que un inversionista dirigió a la Fiscalía copia de cartas a la Superindustria y a otras entidades, con una queja sobre el manejo del patrimonio autónomo.
“En marzo, pedimos se nos informe dónde está, para ponernos a órdenes del fiscal, darle las explicaciones que solicite y proponer investigación de delitos en que pueda estar incurriendo el inversionista con sus falsas imputaciones”, señaló.
Y agregó que no hay incumplimiento de pago a inversionistas: “El arrendatario del edificio (Flor Emprendimiento S.A.S.) y los deudores solidarios (Edupol S.A.S. y Educación Polimodal S.A.S.) incumplieron el pago del arrendamiento y se necesitó iniciar un proceso de restitución de inmueble”.
Y hubo acciones de cobro de cánones y sanción, que derivaron en la participación en el proceso de reorganización de Edupol, con una acreencia por 6.530 millones de pesos.
“Los inversionistas son titulares de derechos en el fideicomiso dueño del edificio, avaluado en 19.462 millones de pesos (...) Se trabaja intensamente en su colocación, en venta o alquiler”, señaló.
Y dijo que los derechos de beneficio en la zona franca se adquirieron en agosto de 2015, previamente prometidos en venta y con licencia de construcción, sujeta al reglamento de propiedad hotizontal de la zona franca.
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