Los millonarios cobros de un pueblo del Cauca a poderosas empresas

El municipio de Guachené, Cauca, tiene 14 años de creado, cerca de 20.000 habitantes y un polémico mecanismo de liquidación de impuestos que, si bien le permitiría hasta duplicar su presupuesto, lo tiene en la mira de las autoridades.

Grandes empresas, con filiales en su zona franca o que prestan servicios en la región, han recibido millonarios requerimientos fiscales de las dos últimas istraciones del pueblo, que han desencadenado pleitos y embargos.

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El caso más fresco es el de Familia del Pacífico S. A. S., filial de Productos Familia S. A. Hace 14 meses le embargó 40.706 millones de pesos por el supuesto no pago de la retención del impuesto de industria y comercio (ICA), entre 2012 y 2017.

El proceso arrancó cuando el liberal Oliver Carabalí era alcalde y el taxímetro va en 47.000 millones de pesos, cuyo recaudo hizo del Banco Agrario como título judicial.

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Pero la Procuraduría ordenó frenar el giro, porque hay una investigación contra el actual alcalde, Élmer Abonía, y la tesorera, Mar Yuri Banguero, por presuntos manejos irregulares dentro del caso.

Además, el Tribunal istrativo del Cauca anuló los actos istrativos que dieron pie al cobro y los calificó de inconstitucionales e ilegales. Pero Guachené apeló (ante el Consejo de Estado) y declaró al banco responsable solidario.

“Presentamos un recurso para que se reconsidere la decisión. Un embargo impactaría gravemente a una entidad que financia al campo”, dijo un vocero autorizado de la entidad.

Para Familia es claro que esas actuaciones son ilegales.

“Con total irrespeto a la ley y de manera burda han iniciado y concluido procesos coactivos con embargos exorbitantes, en donde la base del impuesto discutido y debido no supera los mil millones de pesos”, dijo César Negret, abogado de Familia.

Y agregó que, aunque la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y la Procuraduría recomendaron suspender el cobro –porque Familia demandó ante lo contencioso–, este no cesó. Por eso, procedieron a denunciar el caso.

La Contraloría y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia también indagan. Y hay otras empresas que han enfrentado o enfrentan cobros similares, y en todos los casos, dicen, aparece Jorge Santos, representante de Abmeg Ltda. y Santos Acosta Asociados, que asesoran a Guachené y a otros municipios y que se quedan con un 25 por ciento de lo cobrado como comisión de éxito.

Emgesa incluyó a Santos en una denuncia interpuesta luego de que Guachené le inició un cobro coactivo por $ 2.141 millones por el supuesto no pago del ICA, a pesar de que –según la compañía– normas y fallos dicen que generadores de energía no lo deben pagar.

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Tras el embargo de sus cuentas por $ 8.392 millones, en diciembre se ordenó detener el cobro y devolver los recursos.

Y aunque Emgesa ya había presentado una demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho y había constituido una caución, cinco días después, el municipio confirmó la liquidación y la sanción. Luego de varias denuncias, en diciembre de 2018 se le ordenó a Guachené devolver lo embargado.

“Devolvieron una parte y se han negado a reintegrar $ 2.727 millones, al considerar que con esa suma se terminó un cobro coactivo que está suspendido por el Tribunal del Cauca”, dijeron voceros de Emgesa.

Isagén, sin embargo, logró hacerle el quite al embargo por cerca de $ 740 millones. Dijeron que tuvieron un caso similar en otro municipio del Cauca, con el mismo abogado.

“Como víctimas, se denunció al abogado, al alcalde y al tesorero. El proceso está en curso. Y aunque Guachené nos cobró el ICA, el caso se encuentra demandado y no nos embargaron”, explicaron en Isagén.

XM, filial de ISA, fue embargada por supuesta información fiscal inexacta. Demandó y dice que se ordenó la devolución de la plata, pero no ha sucedido.

El abogado Santos le dijo a EL TIEMPO que todos los cobros están ajustados a derecho y que la mejor evidencia es que no hay medidas contra él o contra los funcionarios: “Eso está bien amarrado jurídicamente”.

Agregó que si bien los cobros coactivos se deben frenar cuando se interpone una demanda de nulidad, “hay jurisprudencia del Consejo de Estado y de jueces que indica que debe mediar un auto isorio, y en el caso de Familia solo se allegó un acta de reparto”.

Y, según él, la empresa echó mano de una mala redacción del Estatuto Tributario de Guachené para evadir el pago. Además, dijo que cuando llegó el fallo del Tribunal del Cauca ya había terminado el proceso istrativo de cobro coactivo.

En cuanto a Emgesa, aseguró que los han absuelto en todas las denuncias y ya no hay procesos abiertos. “Nos tratan hasta de criminales, pero la istración tiene derecho a cobrar impuestos, y evadir es un delito”, enfatizó Santos.

El exalcalde Banguero también defendió la legalidad de los cobros y dijo estar presto a aclarar lo que requieran las autoridades.

Y el alcalde Abonía dijo que el cobro judicial venía de la istración anterior. Pero aseguró que hay intentos de conciliación con Familia.

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