El rastro de Luis Pérez en el megalote que alcaldía de Quintero avaluó y Fico denunció

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acaba de destapar varias irregularidades que, asegura, se cometieron en la istración de su antecesor, Daniel Quintero y que le enviará a la Fiscalía para que investigue.

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Además de hablar de irregularidades del programa 'Computadores Futuro', que EL TIEMPO denunció en octubre del año pasado, Gutiérrez habló de un presunto sobrecosto de un lote ubicado entre El Poblado y Las Palmas.  

Fico Gutiérrez señaló que el predio, conocido como Aguas Vivas, entró al banco de tierras del municipio (reservas para obligaciones urbanísticas) avaluado en 2.700 millones de pesos y pasó a 48.000 millones de pesos luego de que Carlos Mario Montoya, como secretario de gestión territorial de Daniel Quintero, pidió un nuevo avalúo.

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"Les cuento lo que hemos descubierto. En 2019, al final de nuestra primera istración, después de un riguroso proceso ante el Departamento istrativo de Planeación, se aprobó lo requerido para que la istración recibiera a través de una escritura pública el lote de Aguas Vivas", explicó el alcalde de Medellín.

Y aseguró que el lote pasó a ser propiedad de la Alcaldía por valor catastral de 2.711 millones de pesos. Pero el dueño pidió ante la Procuraduría una conciliación para que el municipio de Medellín le reconozca los 48.000 millones. El Tribunal istrativo de Antioquia negó el pago. Y aun así, el Municipio apeló la decisión.

"En el año 2020, ya con la nueva istración, empiezan las presuntas irregularidades. El secretario de Gestión y control territorial en septiembre de ese año ordena realizar un avalúo del lote, esto no tendría por qué ocurrir en un lote que ya es propiedad de la alcaldía. El resultado de este avalúo materializado en documentos oficiales en abril de 2021, dice que el lote de repente cuesta 48.234 millones de pesos. Es decir, 45.523 millones más que el valor catastral por el cual lo recibimos nosotros en el 2019. Nos hace preguntarnos, ¿a quién beneficia esto?", señaló Gutiérrez.

EL TIEMPO investigó y ubicó en el expediente el historial del predio al que se refiere Gutiérrez y encontró que este fue propiedad del exalcalde de Medellín, Luis Pérez y de varios de su familia.

En efecto, según la escritura 628 de febrero de 2015, el exmandatario y cuatro de sus familiares negociaron por 361 millones 380 mil pesos una parte de Aguas Vivas.

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Cinco meses después, Luis Pérez y otro de sus allegados negociaron parte de los derechos que sobre el predio tenían las empresas I.D.C. Inversiones Sas y Técnicas Constructivas Sas, por 580 millones de pesos.

Tras una permuta, Pérez y sus allegados les devuelven a esas dos empresas el 39 por ciento de los derechos sobre el predio, por 939 millones 590 mil pesos.

En noviembre de 2012 empezó a aparecer en la tradición del predio el empresario Juan Manuel Villegas Márquez, a quien medios locales han calificado como amigo y aliado de Luis Pérez.

En ese año adquirió, por 951 millones de pesos, una parte del lote que había sido adjudicado a un tercero mediante remate.  Una parte del terreno le fue traspasada a la empresa Marfrey SAS.

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En septiembre de 2018, Villegas adquiere los derechos de otra pequeña porción.

Y, el 27 de diciembre de 2019, Villegas y las empresas IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS (que habían negociado con los Pérez) hacen la cesión obligatoria al municipio por uso público. 

EL TIEMPO se comunicó con Luis Pérez, quien empezó por asegurar que, en efecto, él y sus hermanos fueron dueños de una parte del predio, pero que la vendieron hace 10 años.

Sobre la cercanía con Villegas aseguró: "Manuel Villegas es codueño desde hace 30 años y creo que todavía tiene parte. Solo lo conozco, No comparto nada nunca con él".

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Y agregó: "Entiendo que quien compró fue Federico Gutiérrez en la alcaldía de él, en 2019 y en la alcaldía de Federico se hizo el avalúo. No tengo ninguna información adicional porque hace 10 años no somos propietarios. Nunca en la vida ni yo ni mi familia hemos tenido contrato con el Estado. Somos empresarios privados todos".

El caso ya está en manos de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

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