Minminas pide inspección a EPM tras embargo de cuentas del Gobierno y choque con Fico Gutiérrez

El enfrentamiento entre el gobierno Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por las diferencias en torno a los retrasos de aportes estatales a los subsidios de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y filiales, va subiendo de tono.

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Un juez ordenó el 4 de marzo el embargo de cuentas de la Nación -por más de 83 mil millones de pesos- por una deuda acumulada con la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, del Grupo EPM. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvieron que acudir a vías judiciales ante la falta de respuesta de la Nación.  

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El nuevo ministro de Minas, Edwin Palma, respondió de inmediato con un mensaje en sus redes y con una solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos, luego de que el propio presidente Gustavo Petro le pidió tomar medidas.

Este martes, 11 de febrero, señaló: "Tal y como indica el señor Presidente esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión. Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos".

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Y agregó: "Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía. Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los s, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los s que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los s. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño".

Al respecto, el alcalde de Medellín respondió: “Esto no es un arma política. Arma política la que él está haciendo en contra de las ciudades, en contra de las regiones, en contra de las empresas, tanto públicas como privadas, al no pagar esos recursos a los cuales está obligado. No es si quiere o no quiere”.

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Y agregó: "Lo invito a cumplir la Ley, nada diferente a eso. EPM le ha aportado y le seguirá aportado al país. Le recuerdo, el embargo no es de un sector económico o político, es una orden judicial. Es de un Juez de la República. Que el odio por Antioquia y por nosotros no le nuble la razón ni su obligación legal como Presidente con todos los Colombianos. Esperamos sensatez de su parte. Es lo mínimo".

EL TIEMPO acaba de conocer en primicia una carta en la que pide una inspección inmediata a EPM.

"En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales ", se lee en el documento.

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Y agrega que el fin es del "verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los s".

De paso, recuerda que, según el artículo 370 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley las políticas generales de istración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten".

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Y tras mencionar otra normativa, señala que su cartera solicita desarrollar cada una de las funciones a su cargo, realizando diferentes actividades y acciones tendientes al cumplimiento de las leyes, reglamentos y regulación a los que se encuentran sujeto las EPM y filiales.

Puntualmente, se piden acciones encaminadas a efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades que ejecutan los prestadores para efectos de establecer el efectivo cumplimiento del contrato de servicios públicos y de las normas a las cuales se encuentran sometidos.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y agrega que, de ser necesario, se ordenen los correctivos que considere necesarios para superar aquellas situaciones irregulares en que incurran los prestadores, así como a sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento jurídico al cual se encuentran sometidos.

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