La evidencia que puso tras las rejas a poderosa fiscal y a consentido de la DEA

Bajo absoluto hermetismo, este viernes se adelantó la audiencia de legalización de capturas de dos funcionarios activos de la Fiscalía considerados aliados y consentidos de la DEA y muy conocidos en la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

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EL TIEMPO reveló en exclusiva que ambos fueron arrestados por agentes del CTI y del Gaula Militar en Medellín. Además, que los dos han trabajado en equipo en investigaciones sensibles en contra de poderosos capos del narcotráfico, como José Bayron Piedrahíta, alias Montañez, quien amasó una jugosa narcofortuna que aún está en proceso de extinción de dominio.

La primera en ser esposada fue Mónica Valencia Charry, fiscal especializada de Medellín y quien había ocupado el despacho décimo de la Dirección de Extinción de Dominio de esa ciudad.

A la mujer, oriunda de Buga (Valle), se le encontraron 20 millones de pesos en efectivo y mientras intentaba justificarlos se le notificó que estaba siendo investigada por presunto prevaricato.

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El otro capturado fue Luis Ricardo Patiño Patiño, jefe de la Unidad de Investigaciones Antidrogas (SIU), por su sigla en inglés. Y también se arrestó a uno de sus investigadores de confianza identificado como Alexánder Martínez Ovalle.

Patiño es muy conocido en agencias federales a cuyos ha acompañado en investigaciones trasnacionales clave contra peligrosas estructuras.

Por eso, su captura desconcertó tanto a autoridades en Colombia como en Estados Unidos, que los consideraban a él y a la fiscal Valencia Charry aliados incondicionales en la lucha contra las mafias.

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El fiscal del caso, Mario Burgos, no ha revelado información sobre este expediente. Pero EL TIEMPO estableció que hace parte de la cruzada anticorrupción que adelanta el fiscal general, Francisco Barbosa, y que ya tiene tras las rejas a otra poderosa exfuncionaria: Ana Catalina Noguera, exjefe de la Unidad de Extinción de Dominio y Delegada para las Finanzas Criminales.

Además, al coronel estrella de la Dijín, Ricardo Durán Ruiz, y al exinvestigador del CTI Jhon Freddy Redondo Bautista.

Sin embargo, fuentes judiciales le aseguraron a EL TIEMPO que contra la fiscal Valencia Charry hay varias indagaciones. Pero la que la tiene tras las rejas sería un caso relacionado con la millonaria sucesión de la fortuna de un comerciante.

“Se investiga si la fiscal se extralimitó en sus funciones para beneficiar a uno de los intervinentes, quien también está bajo investigación”, señaló la fuente.

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Y agregó que se está verificando una información según la cual una camioneta BMW está ligada al tema de la sucesión y a presuntas dádivas para favorecer a uno de los herederos.

Pero este caso sería solo el primero que se está verificando en el que aparece la poderosa funcionaria quien niega tajantemente los señalamientos en su contra.

Una fuente enterada del caso le dijo a este diario que Valencia Charry, calificada por sus compañeros como una funcionaria intachable, también aparece mencionada en otra vieja indagación.

En 2020, la Fiscalía inició una indagación interna que desencadenó la inspección a tres celulares de la funcionaria por parte del entonces fiscal Daniel Cardona.

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Al parecer, uno de ellos nunca se pudo desencriptar, pero en otro se hallaron conversaciones con un abogado que estaba al frente de uno de los procesos que llevaba la fiscal.

Se indaga si Ana Catalina Noguera estaba indagando sobre ese tema y para ello había acudido al exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata, quien también usa la identidad de Ramón Esteban Peña Martínez.

Lo concreto es que ahora se indaga qué pasó con esa investigación tras la salida de la Fiscalía de Daniel Cardona.

Además, se busca estableces o descartar el supuesto intento de depreciar un megalote en Cartagena vinculado al señalado capo invisible Javier García López, alias Maracuyá.

El predio, ubicado en Mamonal y conocido como Álcaliz, fue avaluado inicialmente en 290.000 millones de pesos.

Pero luego apareció un avalúo de cerca de 30.000 millones de pesos.

‘Maracuyá’ venía adelantando un acuerdo con la Fiscalía en torno a su fortuna, que resultó fallido. Ahora, el proceso de extinción en donde está inmerso el lote se adelanta en un despacho de Barranquilla.

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Sobre este caso hay otras dos puntas que se rastrean. La primera de ellas es un supuesto crimen en España de un comerciante que aparece vinculado a ese predio.

La otra es la supuesta entrega de información reservada que habría llegado a manos de allegados a ‘Maracuyá’.

“Ya hay una denuncia de la defensa de un capo en la que se asegura que fue grabado ilegalmente y la información le fue entregada a uno de sus enemigos”, señaló la fuente judicial.

Y agregó que la captura de Patiño estaría vinculada con un caso de supuesto fraude procesal al haber hecho incurrir en error a un juez y a un fiscal en la incautación de los teléfonos del excapo Carlos Ramón Zapata.

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“El 19 de octubre de 2020 acudí, bajo engaños del agente especial de la DEA Jason Kingler, a una ‘reunión’ en The Artisan DC Hotel, en Bogotá. Una vez arribé a ese lugar se me exhibió la orden de incautación de dispositivos de almacenamiento, los cuales fueron recibidos por el personal de la DEA —quienes carecen de funciones de policía judicial en el país— y no por los agentes del CTI (...) La ‘diligencia’ duró más de ocho (8) horas debido a que fui sometido a un extenso interrogatorio por parte de la DEA”, denunció Ramón Zapata.

También se chequea un proceso en el que aparece como potencial testigo un cabecilla del ‘clan del Golfo’: alias Rufino.

Además, se verifica la autenticidad de un correo de cooperación judicial firmado por el agente de la DEA Todd Armstrong.

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Y hay un cuarto filón investigativo dentro de un caso de extinción en donde aparecería también Valencia Charry: el de los bienes del capo José Bayron Piedrahíta. Al respecto, se está indagando la presunta depreciación de ‘la Contadora’, una de las megafincas de Piedrahíta en Caucasia, con el fin de que se pueda reclamar bajo la figura de la justicia premial que establece un porcentaje sobre el total de bienes extinguidos.

“En la diligencia de secuestro de esa hacienda también estuvo presente la DEA sin que su intervención la conociera un juez de control de garantías”, explicó una persona enterada del caso.

Por ahora, las audiencias de medida de aseguramiento contra la fiscal Mónica Valencia Charry y el investigador estrella Luis Ricardo Patiño se siguen adelantando de manera reservada.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

En ambos casos, allegados a los funcionarios le dijeron a EL TIEMPO que las conductas por las que se les investiga son de orden istrativo y no penal.

Incluso, aseguraron que desde Estados Unidos han estado preguntando por el caso: “Llamen a la embajada y verifiquen que ambos son funcionarios intachables. Esto es una equivocación”.

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