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Pasaportes: Thomas Greg reclamará unos $ 100 mil millones por hundimiento de licitación

Canciller acaba de confirmar que se declara desierto el proceso tasado en $ 599 mil millones.

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg, y Álvaro Leyva, canciller Foto: EL TIEMPO

14.09.2023 11:44 Actualizado: 14.09.2023 11:45

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En una revisión exprés, el canciller Álvaro Leyva acaba de confirmar que declara desierta la millonaria licitación para el suministro de pasaportes y visas, tasada en 599 mil millones de pesos, tras citar jurisprudencia de las altas cortes y argumentar que, en la práctica, solo se presentó un proponente, violando las normas contractuales de pluralidad y selección transparente.

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EL TIEMPO estableció que la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg -el actual contratista-, recurrirá legalmente la decisión de Leyva. En efecto, fuentes cercanas al proceso dijeron que estudian acciones istrativas, disciplinarias y penales para exigir respeto sus derechos.

La audiencia en la que el canciller Leyva declaro desierto el proceso. Foto:Cortesía Cancillería

"El Canciller está centralizando la responsabilidad en él, lo que impediría proceder en su contra por ser un funcionario de 82 años", aseguró una fuente enterada.

Y agregó: "Thomas Greg, históricamente, jamás ha presentado una demanda contra el Estado colombiano; pero tenemos entendido que estudian acciones penales y disciplinarias y busca un resarcimiento económico que, de entrada, supera los 100 mil millones de pesos".

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Según normas contractuales, la indemnización que ordena la ley es del 100 por ciento de la utilidad esperada. Esta indemnización será por los perjuicios causados y pedirían que se investigue un presunto prevaricato a funcionarios, por tomar una decisión que, en su criterio, es contraria a la ley.

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto:Cancillería

La denuncia en la Fiscalía

El proceso de la licitación se aplazó en tres oportunidades. Foto:Cancillería

De manera paralela, la Fiscalía evalúa una denuncia en contra de tres funcionarios de la cancillerría.

Uno de ellos es José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y hombre de confianza de Leyva, quien reactivó el proceso a motu propio desafiando al Gobierno, que dio la orden de declararlo desierto.

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Salazar terminó apartado del caso y Leyva lo retomó.

En la denuncia se está pidiendo evaluar desde un concierto para delinquir, por parte de empleados de la Cancillería, hasta cohecho, pasando por interés indebido en la celebración de contratos.

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