Indagan a Piedad Córdoba por presunta captación masiva y habitual de dinero

'¡Basta ya! de persecución política y jurídica'. Bajo ese título, la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, publicó en sus redes una serie de afirmaciones sobre su situación jurídica, con base en un oficio que le emitió la Fiscalía General el pasado 8 de marzo.

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"No hay solicitudes de extradición hacia mí, ni de cooperación jurídica, como lo rumorean. Desmiente investigaciones sobre supuestos vínculos con Álex Saab o manipulación de testigos en cárceles", señala Córdoba en un audio en donde se muestra en 40 segundos una certificación de la Fiscalía.

EL TIEMPO revisó el documento y estableció que en efecto, tras consultar en la Dirección de Asuntos Internacionales y realizar un proceso de verificación en bases de datos que reposan en esa dependencia, "no se evidenció orden de captura con fines de extradición o solicitud de asistencia judicial elevada por otro Estado, relacionada con la ciudadana Piedad Esneda Córdoba Ruiz".

Sin embargo, en el numeral 1 del oficio se asegura que, luego de "una consulta a los sistemas misionales SPOA y SIJUF, se encontró una indagación en su contra que avanza en la Dirección Seccional de Bogotá".

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Además, la Fiscalía le notificó que se está evaluando la información entregada por el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio. Se trata del asambleísta que entregó un dosier sobre supuestos viajes y nexos de Córdoba con el barranquillero Álex Saab.

La semana anterior, el candidato Gustavo Petro le pidió a Córdoba marginarse de la campaña presidencial “hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”. Esto incluye una indagación en la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos nexos con las Farc, el uso político de su rol de mediadora en liberación de secuestrados y unas supuestas comisiones de dinero que habría recibido por gestionar pagos de deudas del régimen venezolano.

En el documento de la Fiscalía, al que la propia senadora electa se refiere, señala que el despacho a cargo es la Fiscalía 63 (de la Unidad de fe Pública y Orden Económico); que el caso está activo y que ellas es indiciada.

"Al respecto, es necesario precisar que los sistemas misionales SPOA y SIJUF son herramientas que permiten el almacenamiento y gestión de la información relacionada con las indagaciones e investigaciones de que conoce la entidad, bajo los parámetros generales y una categorización derivada de los tipos penales y de las principales actuaciones previstas en los estatutos de procedimiento penal contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano", dice la Fiscalía. 

EL TIEMPO estableció que el caso está relacionado con la solicitud de la Corte Suprema de que se verificaran los bienes de Córdoba y de su entorno.

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Este diario estableció en primicia que la Corte le compulsó copias a la Fiscalía para indagar el origen de las propiedades de 11 personas, incluida Córdoba, y de 9 firmas. En la lista están Lya Esneda Ruiz de Córdoba, madre de la exsenadora; su padre, Zabulón Córdoba; sus hermanos, Byron Oswaldo Córdoba Ruiz, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Gloria Eugenia, Córoba Ruiz, Martha Lya Córdoba Ruiz, Sandra Elizabeth Córdoba Ruiz y José Fernando Córdoba Ruiz; sus hijos, Juan Luis Castro Córdoba María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba, y su expareja, Luis Ángel Castro Hinestroza.

Y hay un paquete de compañías en las que figuran Aluminium de Colombia S. A. S., Impresos Decastro S. A. S., Chenoa Siglo 21 S. A. S., Editorial El Podio S. A. S. en liquidación, Golden Palms Invest-ments S. A. S. (antes Papalma Inversiones S. A. S.) y la corporación Somos Causa Justa. Además, Corporación International School Of Language en liquidación, Comercializadora International World Traders E.U. y Gerenciar 1 S. A. S.

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También se verifica si el Juan Luis Castro Córdoba que aparece en la firma One Single Firm Internacional S. A., creada en Panamá en 2005, es el exsenador e hijo de Córdoba.

La senadora y su apoderado también pidieron "copia de la totalidad del expediente contentivo entregado por el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio y toda la documentación dentro de dicha investigación".

La respuesta de la Fiscalía fue que la Delegada de Finanzas Criminales informó que adelanta el proceso de verificación de la información aportada en el documento señalado, "con el propósito de analizar si existen hechos de relevancia penal que pueda sustentar el eventual inicio de una indagación".

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Y se advierte que, solo a partir de que la indagación inicie, si es ese el caso, la Fiscalía podrá pronunciarse como en derecho corresponda frente a la solicitud de copias del dosier.   

Para Córdoba, "la respuesta de la entidad desmiente cualquier proceso en curso por el libro del señor Reyes, vínculos con Álex Saab o manipulación de testigos en las cárceles, en segundo lugar aclara que no hay solicitud ni de extradición, ni de cooperación jurídica para investigarme por ningún estado como han rumoreado mis detractores".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

De hecho, señala: "Los que quieren el turbante naranja se van a quedar con las ganas, basta ya de persecución mediática y guerra jurídica en contra de Piedad Córdoba y del Pacto Histórico, exijo garantías para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a hacer política".

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