Mamá de Mininterior renuncia a que le den notaría y busca millonario pago

Hace cuatro días, el presidente de la República, Iván Duque, le aceptó la renuncia a  Fernanda García, superintendente de Notariado y Registro, quien ocupó el cargo hasta el pasado lunes, 1 de agosto.

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Y ese mismo día, la entidad fue notificada de una petición legal que le podría costar entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, dentro de un pleito que creían conjurado desde el año pasado.  

Piedad Rocío Martínez Martínez, la madre del actual ministro del Interior, Daniel Palacios, solicitó que se le aceptara desistir de un estudio de acuerdo de conciliación al que se llegó con esa superintendencia, el 27 de septiembre de 2021. 

En efecto, en el comité de conciliación del 31 de agosto, la entidad aceptó la propuesta de conciliación que Martínez  presentó el 25 de ese mes. 

Tal como lo reveló EL TIEMPO en septiembre de ese año, la abogada Martínez demandó a la Nación, tras perder el concurso notarial de 2006, a través del cual aspiraba a que se le asignara una notaría en Bogotá.

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Quedó en el puesto 88 y se le negó un recurso en el que pedía revisar los resultados. El caso llegó al Consejo de Estado cuyos avances se le notificaban también a la cartera del Interior, de la que es cabeza su hijo.

De hecho, una reciente decisión, del pasado 7 de julio, también aparece notificada a la cartera en cabeza de Palacios.  

Incluso, Martínez –cuyo esposo es el notario 29 de Bogotá– ya tiene un fallo a su favor. Pero selló una conciliación a la que EL TIEMPO tuvo en exclusiva. 

En la propuesta de conciliación la abogada desiste de la millonaria indemnización, pero sigue adelante con la solicitud de que la nombraran notaria.

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"Sobre la parte indemnizatoria manifiesto de manera expresa y voluntaria, como acto de liberalidad económica, que renuncio a la totalidad del efecto patrimonial que se desprende de esta sentencia. Es decir, declino cualquier pretensión económica sobre la indemnización patrimonial actualmente decretada", ofreció Martínez.

Y agregó que la decisión de desistir de la conciliación, también obedece a "evitar un desgaste del aparato judicial".

La propuesta de Martínez fue aceptada y según un acta del comité de conciliación y defensa judicial de la superintendencia, la entidad afirmó que la notaría 24 de Bogotá (ubicada cerca a la zona 'T') que estaba vacante por el fallecimiento del titular.

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Sin embargo, hace seis días Martínez le informó -a través de su apoderada, Patricia Mier Barros-, a la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, el desistimiento del estudio de ese acuerdo de conciliación que estaba en ese despacho.

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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado presentó un recurso de súplica en contra de la sentencia que favorece a Martínez y que involucra a más entidades del Estado. Según se alegaba, los argumentos de Martínez para exigir una indemnización se podrían rebatir. Pero el recurso fue negado. 

De hecho, posteriormente se abrió la posibilidad legal para que la Superintendencia refutara los argumentos de Martínez para demandar. Pero otro oficio de la abogada de Martínez cerró esa posibilidad.

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La abogada alegó que las pruebas de conocimiento registraron fallas porque tres preguntas no tenían respuestas válidas; y 10 preguntas tenían más de una respuesta. Por eso, pidió la nulidad del acuerdo, en lo concerniente a su participación, y el restablecimiento del derecho.sobre supuestas preguntas con doble respuesta dentro del concurso.

De acuerdo con el expediente, la demanda de Martínez es contra la Superintendencia de Notariado, el Consejo Superior de la Carrera Notarial y las carteras de Interior y de Justicia, que en la época de los hechos tenía a su cargo la Superintendencia de Notariado. Por eso, a las cuatro les notifican todas las decisiones.

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En su momento, el ministro le explicó a EL TIEMPO que si bien la cartera a su cargo recibe las notificaciones, no tiene nada que ver con ese proceso. Y recordó que luego de la escisión del Ministerio del Interior, que dio vida al de Justicia, los roles vinculados con la carrera notarial y con la superintendencia del ramo quedaron a cargo de este último. Y envió soportes.

L TIEMPO estableció que para la Superintendencia de Notariado la conciliación se encuentra en firme. Por eso, están a la espera de que el expediente se devuelva al Tribunal istrativo de Cundinamarca, donde se instauró inicialmente la demanda.

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Sin embargo, la apoderada de Piedad Rocío Martínez está a la espera de que se apruebe su desistimiento para que se entre a establecer el monto de la indemnización.  Según el Consejo de Estado, el monto saldrá de calcular el promedio de ingresos durante 24 meses de una notaría en Bogotá.

Por ahora, Shirley Paola Villarejo, la actual jefe de la oficina jurídica y quien ha estado al tanto de este caso, es la nueva Superintendente de Notariado hasta el nombramiento del funcionario del nuevo Gobierno. 

Patricia Mier Barros, abogada de Martínez, le dijo a este diario que no habla con periodistas sobre sus procesos, y agregó que no se referirá al caso.

Posteriormente, hizo llegar un documento con la postura jurídica de la defensa.

1.- En Octubre de 2008 demandó a la Nación ante Tribunal istrativo de Cundinamarca en Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicado 25000232500020080094303

2.- El 30 de Agosto de 2018 el Tribunal condenó a la Nación, a nombrarla como notaria y a pagar una suma de dinero a título de indemnización.

3.- En tres oportunidades la Dra. Martínez, solicitó el cumplimiento parcial de la sentencia con el nombramiento de notaría y renunciando a la condena económica a la que tiene legítimo derecho. La Supernotariado no aceptó y solicitó que la sentencia fuese consultada ante el Consejo de Estado.

4.- El 2 de Agosto de 2021, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal.

5.- El 10 de Septiembre de 2021 por solicitud de la demandada de manera conjunta se presenta ante el Consejo de Estado para su aprobación, la misma fórmula para el cumplimiento de la sentencia, aunque esta y la Agencia de Defensa Judicial, venían presentando recursos que se niegan o se rechazan sucesivamente.

6.- El 23 de Junio de 2022 el Consejo de Estado, no se pronunció sobre la petición conjunta y ordenó, compulsar copias para que el abogado de a demandada sea investigado por acciones dilatorias en el proceso al presentar recursos sin fundamento. Sin embargo interpone un nuevo recurso que está para resolverse.

7.- Lo que la Dra. Martínez con una sentencia a su favor le interesa, es restaurar su nombre y por ello insiste, en que su voluntad es resolver este conflicto de la manera más sencilla sin costos para el erario público, limitando su cumplimiento a la sola designación como notaría, dejando de lado la pretensión económica reconocida, pero las posiciones iniciales de la Supernotariado y las posteriores protagonizadas por la Agencia de Defensa Judicial del Estado, permitieron que se prologara en el tiempo e impidieron que se pudiera materializar, razón por el cual, se optó por esperar a la resolución del recurso en tránsito como ella lo expresó, aunque el contenido mismo de la sentencia es inmodificable.

8.- A hoy el proceso lleva 14 años y continúa causando perjuicios, que incluye hasta el intento de involucrar al actual Ministro del Interior Daniel Palacios, por el resultado de decisiones judiciales, en las que funcional y cronológicamente se determina, no tiene absolutamente nada que ver.

9.- Así que la decisión tomada por el Consejo de Estado, que ratificó que los derechos de la Dra. Martínez fueron vulnerados y que el actuar de la Nación no fue ajustado a derecho, genera para la demandada que esos derechos deben ser restaurados, como le sucedería a cualquier persona.

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