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Los pecados detrás de la renuncia del alcalde de Bucaramanga
Nueva suspensión sacó a Rodolfo Hernández. Autoridades lo rondan por contrato que salpica a su hijo.
En una cama de una clínica privada de Bucaramanga, el polémico Rodolfo Hernández Suárez redactó su carta de renuncia a la alcaldía de esa ciudad.
La decisión la tomó luego de que EL TIEMPO reveló que la Procuraduría lo suspendía de nuevo, esta vez por presunta participación indebida en política.
“Salgo a la calle a defender los derechos de los bumangueses a elegir a un alcalde de los ciudadanos, para que estos corruptos no vuelvan nunca más a gobernar nuestra ciudad”, dijo.
Hernández, bajo la lupa de la Procuraduría desde hace meses, estaba haciendo referencia a un par de episodios que fueron interpretados por políticos locales como un claro guiño al candidato a la alcaldía Juan Carlos Cárdenas, del movimiento Ciudadanos Libres.
Hace un par de semanas, en un canal local, dijo que un candidato –que no mencionó– estaba comprando votos a 250.000 pesos, por lo que sugería a los bumangueses que “no voten por un alcalde politiquero, voten por un alcalde de los ciudadanos”.
Esta última frase es similar al eslogan de Cárdenas.
“Colombia ha perdido definitivamente el rumbo de su democracia. Es por esta aberrante patraña que se ha montado contra mí y contra los bumangueses de bien que renuncio a la alcaldía”, enfatizó Hernández.
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación. Foto:Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
Sin embargo, el procurador Fernando Carrillo le salió al paso a Hernández y lo conminó a que afronte los procesos en su contra.
“Espero que le ponga la cara a la justicia, porque tiene múltiples problemas disciplinarios. Como resultado de muchas investigaciones también hay problemas penales al interior de su propia familia”, precisó Carrillo.
Los correos y las basuras
En efecto, la supuesta participación indebida en política es la indagación menos grave en su contra.
En agosto pasado, la Procuraduría le formuló cargos disciplinarios al ahora exalcalde por presuntas irregularidades en el denominado escándalo de Vitalogic.
El caso hace referencia al proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras de 16 municipios de Santander que hacen uso del relleno sanitario El Carrasco, de Bucaramanga: un contrato de 750.000 millones de pesos a 30 años.
En su momento, el Ministerio Público emplazó al exmandatario por interés indebido en los procesos de selección de la tecnología que convertiría la basura en energía, entre otros cargos.
“Al parecer, (lo hizo) en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia”, se dijo en su momento.
Hay varios mensajes de WhatsApp que enredan a Hernández Oliveros y que ya están siendo analizados por la Fiscalía, a pesar de que el contrato no se firmó.
Y el otro escándalo, ligado a las basuras, es por la presunta coacción a César Fontecha, entonces director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.
El expediente indica que el exalcalde Hernández lo habría coaccionado para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic en dicha contratación y así se habilitara la oferta, “no obstante –dijo la Procuraduría– que en el pliego de condiciones se exigía una póliza de seguro”.
El exalcalde dice que no direccionó contratos y exculpa a su hijo asegurando que no conocía la istración pública.
Los correos han sido revelados desde hace al menos un mes por varios medios locales y nacionales.
Al respecto, fuentes de la Procuraduría General señalan que serían la evidencia de que este negocio buscaba beneficiar a la unión temporal Vitalogic.
Además, dejan claro que el hijo de alcalde habría accedido a información privilegiada en materia de contratación.
De hecho, existe un documento en el que se habla directamente del pago de comisiones.
"Soy tan ingenuo, tan bobo, tan estúpido, como lo quieran llamar que no se me hizo malo haberlo firmado y habérselo entregado”, declaró el hijo del alcalde ante funcionarios de la Procuraduría.
Por este tema, el pasado 10 de agosto la Fiscalía les imputó cargos al exgerente de la empresa de aseo José Manuel Barrera y al estructurador Jorge Alarcón.
Así mismo, Vitalogic demandó a la empresa de aseo, argumentando que no se le adjudicó el millonario contrato, a pesar de cumplir requisitos. De hecho, exigió una indemnización de 579 mil millones de pesos.
Sin embargo, en junio pasado, el tribunal de Santander negó la demanda.
Al respecto, el alcalde ha dicho que no se cometió ninguna irregularidad y que su hijo pecó de ingenuo por no conocer cómo funciona el sector público.
Pero la Procuraduría ya compulsó copias del expediente a la justicia penal.
El gobernador de Santander, Didier Tavera, ya le aceptó la renuncia y designó como alcaldesa encargada a Alba Navarro, secretaria del Interior de la ciudad.