Batallón de Ciberinteligencia volvió a ser inspeccionado

Procuraduría regresó a instalación militar para recoger evidencia dentro de su propia indagación.

Efectivos de la Procuraduría volvieron a inspeccionar este miércoles el Cantón de Comunicaciones del Ejército. Foto: Archivo Particular

16.01.2020 17:33 Actualizado: 16.01.2020 17:44

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Agentes especiales de la Procuraduría regresaron este miércoles a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, escenario del polémico allanamiento de la Corte Suprema en diciembre pasado.

EL TIEMPO estableció que un grupo élite se desplazó al lugar -en las goteras de Facatativá- para recaudar evidencia dentro de una indagación preliminar que el Ministerio Público decidió abrir por su cuenta.

En efecto, aunque la Procuraduría acompañó la diligencia de la Corte, en calidad de policía judicial, encontró mérito para abrir su propia investigación con miras a confirmar o descartar si es cierta la versión de que se estarían usando las instalaciones y aparatos castrenses para 'chuzadas' y seguimientos a personalidades de la vida pública.

Si bien la Corte ya tiene en sus manos el material que se recogió en el allanamiento del 18 de diciembre, su órbita se limita a indagar la conducta de aforados que podrían estar involucrados.

Pero la Procuraduría puede proceder frente a cualquier funcionario público. De hecho, se da por descontado que también escuchará en versión a los 11 militares que estuvieron presentes en el allanamiento y cuyos nombres EL TIEMPO reveló.

Cristina Eugenia Lombana fue elegida en la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Foto:Corte Suprema de Justicia

Fuentes del propio Ejército y exasesores de este confirmaron que el primero en la lista es el teniente Jamid González.

Sin embargo, el de mayor rango es el teniente coronel Milton Eugenio Rozo, comandante del Batallón de Ciberinteligencia.

La Fiscalía también anunció la apertura de una investigación luego de que la revista Semana señalara que el allanamiento estaría vinculado a un nuevo episodio de interceptaciones ilegales y a la salida del comandante general del Ejército Nicacio Martínez.

Este último negó tajantemente el señalamiento y anunció acciones legales. Y la reviste emitió un comunicado asegurando que tiene evidencia sobre las denuncias y que nunca aseguró que Álvaro Uribe fuera uno de los receptores de la información que se estaría extrayendo ilegalmente.

La diligencia de la Corte aparece vinculada al expediente que se sigue de manera preliminar al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe por el episodio del hacker Andrés Sepúlveda, que data de 2014.