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Investigación
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¿Qué pasó con los lujosos bienes de Carlos Ramón González llamado a imputación por saqueo a la UNGRD?
Ya gestionó asilo por supuesta persecución política. Sus propios compañeros del Gobierno lo señalan.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y algunas de sus propiedades. Abajo, Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y el senador Iván Name. Foto: Archivo particular
El pasado jueves, varios congresistas se movieron a sus regiones de manera abrupta después de que corrió el rumor de que la Corte Suprema de Justicia alista nuevas capturas en el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mayor escándalo de corrupción que golpea tanto al Congreso como al gobierno de Gustavo Petro.
De hecho, EL TIEMPO estableció que una de las parlamentarias investigadas evalúa renunciar a su curul para quedar en manos de la Fiscalía, en una jugada similar a la que se usó años atrás cuando estalló la parapolítica.
Sin embargo, en el ente acusador, el caso también empezó a moverse de nuevo. De hecho, el 21 de mayo será imputado el más poderoso exfuncionario del gobierno Petro mencionado desde un comienzo dentro del caso.
La triada
El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González. Foto:Presidencia
Se trata de Carlos Ramón González, exmilitante de la guerrilla del M-19 y cofundador del partido Alianza Verde, quien fue nombrado por el Presidente como la cabeza de dos entidades claves y cercanas a él: primero, del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre) y, luego, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Esta última entidad encargada, ni más ni menos, de coordinar las inteligencias y contrainteligencias del Ejército y la Policía.
Allegados a González le itieron a EL TIEMPO que no los tomó por sorpresa la citación a imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Y agregan que era previsible que, si la Corte ordenaba la captura del senador Iván Name –como terminó sucediendo– quien seguía era González, oriundo de Puente Nacional (Santander).
Iván Name, expresidente del Senado. Foto:Archivo Particular
En efecto, según itió Sandra Ortiz, la otrora consejera para las regiones del gobierno Petro, recibió órdenes de su amigo y jefe político Carlos Ramón González para acercarse a Name, quien habría recibido 3.000 millones de pesos del robo a la UNGRD.
El propósito, según se ha dicho, fue el de ablandar la posición del senador frente al Gobierno para darle vía libre a las reformas del Ejecutivo, especialmente a la de salud y la pensional, hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional.
Además del escándalo y de la investigación, a Name, Ortiz y González los une el ser militantes del partido Alianza Verde, parte activa del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.
Ventas de septiembre
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Foto:Archivo particular
González, a través de su defensa –el penalista Iván Cancino– niega los señalamientos en su contra y asegura que es inocente y que así lo demostrará en el proceso.
Sin embargo, EL TIEMPO investigó y estableció que, desde septiembre de 2024, el otrora poderoso alfil del Presidente ha empezado a hacer movimientos que han llamado la atención.
En efecto, después de renunciarle por WhatsApp al mandatario, empezó a tomar medidas en torno a su fortuna, tasada en cerca de 12.000 millones de pesos, y a su seguridad.
EL TIEMPO estableció en primicia que ha empezado a vender propiedades.
Según documentos en poder de este diario, en septiembre pasado, en la notaría primera de Floridablanca (Santander), él y su esposa Luz Dana Leal le vendieron un lujoso apartamento en El Chicó por 675 millones de pesos a la abogada Tania América González Millares, hija de González.
Luz Dana Leal, Cofundadora Partido Verde. Foto:Cortesía.
La esposa de González fue, hasta el pasado 6 de marzo, la directora de empleo, trabajo y emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Pero renunció sorpresivamente al cargo.
La ahora exfuncionaria aparece comprándole a su esposo su parte en otra lujosa propiedad, ubicada en la carrera 19A con calle 107, norte de Bogotá, por 550 millones de pesos.
Por ahora, su participación en varias firmas parece seguir igual. Pero se habla de otros movimientos que el ex-M-19, de 66 años, alcanzó a hacer antes de que la Fiscalía decidiera imputarle cargos y le impidiera salir del país.
González y familiares controlan dos corporaciones que han tenido jugosos contratos con entidades públicas.
En este edificio está ubicado uno de los apartamentos que negoció Carlos Ramón González. Foto:Archivo particular
Se trata de Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia y la Empresa para el Desarrollo Económico y Social Dansgold SAS.
Con esta última, le ha hecho préstamos a candidatos de su colectividad y a la propia Alianza Verde por cerca de 3.000 millones de pesos.
De hecho, en una de las declaraciones ante la Corte, Sandra Ortiz alcanzó a decir que González era el “dueño” de la Alianza Verde.
¿Asilo en Costa Rica?
Carlos Ramón González y el presidente Gustavo Petro Foto:Archivo particular
De manera paralela, EL TIEMPO reveló la semana pasada que González gestionó asilo político. Dentro del propio Gobierno se ha hablado de Cuba, Panamá, España y hasta Suiza, en donde ya estaba buscando asilo Juan Carlos Montes, el llamado hombre del Petrovideo, en el que se le ve entregando bolsas con plata. Montes fue imputado en julio de 2021 por irregularidades en contratos en el Distrito.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que González estaría afinando su amparo en Costa Rica, país al que se desplazó hace meses.
Está alegando una persecución política como líder de un partido de gobierno (Alianza Verde) y como exalto funcionario de Gobierno involucrado en temas de inteligencia.
Juan Carlos Montes, exsubdirector de construcciones del IDRD. Foto:Archivo particular
No obstante, en el expediente es claro que los principales testigos en su contra son sus propios excompañeros del gobierno Petro.
Además de Ortiz, que tenía oficina en una de las alas de la Casa de Nariño, lo señala Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que habla de reuniones en el despacho de González para delinear la estrategia de compra de varios congresistas para lograr apoyos legislativos a la agenda del Ejecutivo.
Al respecto, la defensa de González le aseguró a EL TIEMPO que desconocía la información del asilo, aunque se habla todos los días de manera virtual con su cliente.
A corazón abierto
Este es Iván Name, expresidente del Senado vinculado al escándalo de la UNGRD. Foto:Archivo particular
A algunos de los implicados les ha llamado la atención que la imputación al otrora poderoso Carlos Ramón González también sea de manera virtual. Más aún, teniendo en cuenta que ha trascendido que la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento.
El presidente Petro, que le acaba de dar asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, no se ha referido al caso González.
Pero sí a la captura de Name: “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al Gobierno y al pueblo”.
Sobre Name, EL TIEMPO estableció que su apoderado, Jaime Lombana, presentó recurso de reposición ante la Corte por la decisión contra su cliente.
En esta, no solo insiste en su inocencia y en que Sandra Ortiz miente.
Además, manifiesta su preocupación porque Name –preso en la cárcel La Picota– fue sometido hace algunos meses a una cirugía a corazón abierto, tiene un glaucoma en uno de sus ojos y corre riesgo médico en una celda.
Mientras la Corte resuelve el recurso, el expresidente del Senado sigue compartiendo cárcel con otros políticos como Iván Moreno, Francisco Ricaurte, Carlos Albornoz y Andrés Calle.
Este último, expresidente de la Cámara, también fue capturado por el saqueo a la UNGRD y por presuntamente vender su apoyo a cambio de un soborno de 1.000 millones de pesos.
Los que faltan
Los exministros Luis F. Velasco y Ricardo Bonilla; y César Manrique, exjefe de la Función Pública. Foto:Archivo particular
En el turno de los imputados también figura otro alto exfuncionario del gobierno Petro, exmilitante del M-19: César Manrique Soacha, otrora cabeza del Departamento istrativo de la Función Pública.
Lo señalan de haber recibido una jugosa coima de una partida de 100.000 millones de pesos.
Y aún está por definirse la suerte judicial del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Esos dos casos están relacionados con los congresistas que andan inquietos por el rumor de que la Corte alista nuevas capturas.