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La red detrás del hombre a quien han atropellado 20 veces
En la mira, 2 ortopedistas y 8 IPS que han cobrado $239.000 millones por atender hasta muertos.
Ahora algunas ambulancias portan armas en la llamada 'guerra del Soat'. Foto: Alexis Múnera
Un vehículo particular atropelló a un hombre de 34 años en la carrera 7.ª a la altura de la calle 50, en Cali, y se voló. Eso dice el reporte médico, de mediados de abril de 2019, en el que se asegura que le causó a la víctima serios politraumatismos y una fractura. Una IPS se encargó de atender al herido, identificado como Juan Jairo.
El 11 de diciembre de ese año, el mismo sujeto se presentó a la misma IPS con un trauma similar que, dijo, le causó otro irresponsable conductor que también se fugó. Y la racha de accidentes del tal Juan Jairo continuó el 13, el 14 y el 20 de ese mes. En vísperas de Navidad, otro vehículo lo arrolló en el kilómetro 1 vía la Candelaria.
A pesar de las heridas, el sujeto sobrevivió lo suficiente para ser atropellado de nuevo 8 veces en 2020, en plena pandemia, por motos y carros fantasmas. Y este año lleva dos accidentes.
EL TIEMPO omite sus datos completos hasta que el hombre de la mala racha sea judicializado o pueda explicar sus 20 accidentes.
En todos los casos, el supuesto responsable de las fracturas y magulladuras no pudo ser identificado, y dos famosas IPS caleñas hicieron reclamaciones ante la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por los servicios médicos prestados para salvarle la vida. La cuenta va en un poco más de 5 millones de pesos.
Así trabaja la Dirección de Foto:Contraloría General
Pero por casos similares al de este hombre, el Estado ya ha desembolsado 239.000 millones de pesos desde 2018 hasta la fecha.
Analistas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría notaron que algo no estaba bien.
Desde hace 6 meses, están cruzando datos de IPS, accidentados y médicos. Y ya hay resultados que le van a interesar a la justicia.
Con parte de los recursos del Soat se atienden cada año unas 700.000 víctimas de accidentes de tránsito. Fasecolda afirma que si se modifica la estructura tarifaria de ese seguro, se afectaría el sistema de salud. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
Los ortopedistas y las IPS
El primer hallazgo es que ocho IPS del Valle, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar cobraron el 44 por ciento del total de reclamaciones, concentrando el 30 por ciento de las atenciones a este tipo de víctimas del llamado seguro ‘no Soat’.
La ‘reina’ de los cobros está en Montería; le siguen dos en Cali. Otras están en Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Barranquilla.
La de Montería tiene una clínica especializada en traumas y fracturas. Y la de Bogotá, constituida hace 11 años, cuenta con una empresa de ambulancias.
Uno de estos ortopedista atendió a 11.667 heridos por accidentes de tránsito en los 42 meses que duró el estudio
Pero hay un dato más inquietante que el del tal Juan Jairo. Según documentos, dos médicos ortopedistas han atendido a 27.000 atropellados en 42 meses. Y han autorizado más de 25.000 millones de pesos en cobros.
Uno de estos ortopedista atendió a 11.667 heridos por accidentes de tránsito en los 42 meses que duró el estudio. Según los cobros a la Adres, lo hizo en choques que ocurrieron en 8 departamentos, por los se giraron recursos por más de 19.000 millones de pesos.
En julio de 2018, el ortopedista atendió, según los cobros, 55 lesionados en un día. Y entre sus pacientes hay personas accidentadas 2 y hasta 10 veces en un año.
Y ya se detectaron casos en los que se aprobaron pagos tanto por la Adres como por el Soat.
Muertos y ambulancias
Con la reforma no habría una reducción en el valor del Soat, pues estaría sujeto al IVA del 19 %, asegura Fasecolda. Foto:iStock
Aunque el tema aún no se ha judicializado, hasta tanto la Contraloría inicie las investigaciones fiscales, EL TIEMPO tuvo a otros datos que dejan en claro la existencia de una red.
Se identificaron 15 personas fallecidas que aparecieron dentro de los cobros con una alerta específica: murieron antes de la fecha en la que supuestamente se accidentaron. Los decesos de estas personas, que aparecen luego vivas y atropelladas, ya fueron certificados por la Registraduría.
Curiosamente, los muertos atropellados son los que sufren lesiones más severas. Uno de ellos paseaba por El Banco, Magdalena, cuando un vehículo le causó un traumatismo en la médula espinal lumbar. Otro muerto iba caminando por Buga, Valle, cuando lo embistieron y le dejaron una fractura de la diáfisis del cúbito y del radio.
Y hay otro caso en el que el difunto corrió con mejor suerte. El barranquillero solo tuvo una herida en el cuero cabelludo.
La Contraloría, a través de la Diari, también identificó redes en las que coinciden en los cobros las mismas IPS y a estas se encuentran suscritos médicos con volúmenes atípicos de atenciones.
Y hay otro eslabón. Ambulancias de esas prestadoras llevan a los supuestos accidentados.
El edificio donde funcionan la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Foto:Prensa Registraduría Nacional
Otro récord y suplantados
Además del caso en Cali, hay otro, de un bogotano, que tendrá que ser explicado ante las autoridades. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2021, el hombre ha sufrido 15 accidentes.
Según su agitada historia clínica tuvo ocho lesiones en la muñeca y la mano, dos en el tobillo, un trauma en el pie, una lesión en el codo, un trauma en la columna y un trastorno de tejidos blandos. Lo han atropellado dos veces en la avenida de Las Américas, en una ciclovía y saliendo de un centro comercial.
Ahora, los expertos analistas de la Diari indagan un nuevo capítulo en esta serie de episodios que están desangrando al erario.
Ya han encontrado casos en los que víctimas de este tipo de accidentes usan la identidad de otras personas para hacer los cobros.
Ya se documentaron 167 casos en los que el número y tipo de documento de identidad coincide, pero los nombres y apellidos son diferentes a los registros oficiales.
Por estos accidentes el Estado ha pagado 500 millones de pesos a IPS de Atlántico, Antioquia, Valle y Bogotá.
La Contraloría se apresta a tomar decisiones y a establecer si los nombres de algunas IPS o médicos han sido usados o si deben responder por estos cobros.