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Usando a cocinera y escolta del oscuro esmeraldero Víctor Carranza, se apropiaron de 26.929 hectáreas de la Nación
Empresario deportivo y abogado del clan del esmeraldero son señalados de urdir el plan. Faltan más.
Víctor Carranza fue procesado por nexos con el narcoparamilitarismo. Foto: EL TIEMPO
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De varios impactos de fusil y esquirlas de granada en su cuerpo, Joaquín Silva Ramos, uno de los escoltas del poderoso esmeraldero Víctor Carranza, murió en uno de los atentados que sufrió su patrón, en 2009.
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El guardaespaldas era oriundo de Boyacá, al igual que otras 26 personas del entorno del esmeraldero Carranza -investigado por nexos con el paramilitarismo- que terminaron como propietarios de parcelas de la Nación que luego se convirtieron en la gran hacienda Las Corocoras, ubicada en Puerto Gaitán (Meta).
El empresario deportivo
Víctor Carranza, esmeraldero, en una de sus minas en 2007. Foto:Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO
Desde hace más de una década, un grupo de campesinos de la región venía denunciado que esas tierras eran sus viejas parcelas que terminaron en manos del empresario deportivo y vendedor de gemas, Jaime Rojas García.
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Este último cobró relevancia hace algunos años cuando un par de ladrones ingresaron a su casa en Ibagué y le robaron cerca de 2.500 millones de pesos en esmeraldas. También, por ser dueño de clínicas y por las aspiraciones políticas de una de sus allegadas.
Pero ahora es él quien es señalado por la Fiscalía de haberse apropiado de manera ilegal de la hacienda Las Corocoras.
Según el ente acusador, el plan para la apropiación ilegal de parte de las mejores tierras de Puerto Gaitán se orquestó a través de un abogado al servicio del clan Carranza y usando a 27 de sus empleados, incluido el guardaespaldas.
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Pero ahora es él quien es señalado por la Fiscalía de haberse apropiado de manera ilegal de la hacienda Las Corocoras.
Según el ente acusador, el plan para la apropiación ilegal de parte de las mejores tierras de Puerto Gaitán se orquestó a través de un abogado al servicio del clan Carranza y usando a 27 de sus empleados, incluido el guardaespaldas.
¿Poderes falsos?
La Fiscalía les imputó cargos al empresario y al abogado. Foto:EL TIEMPO
La Fiscalía ya comprobó que, además del guardaespaldas, la cocinera, el contador, el chofer y otros empleados de Carranza -todos oriundos de Boyacá, al igual que su patrón- terminaron siendo adjudicatarios de baldíos de la Nación.
Luego, aparecen vendiendo las tierras por sumas que iban entre los 20 millones de pesos y los 40 millones, a través del abogado Fernandel Alonso. Este último, según evidencia en poder de las autoridades, tiene nexos con empresas del clan Carranza y con sus herederos.
(Puede ser de su interés: Los bienes y giros del ‘Mono' González, el otro exjefe de la UNGRD al que el gobierno Petro pide que se investigue)
"Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzó 743 millones de pesos", señala el ente acusador que acaba de imputarles cargos al abogado Alonso y al empresario Rojas.
Dentro del expediente se evalúa si las firmas de los empleados de Carranza son auténticas y si estos -oriundos de Garagoa, Somondoco y Guateque- sabían que tenían tierras en el Meta.
Luego, aparecen vendiendo las tierras por sumas que iban entre los 20 millones de pesos y los 40 millones, a través del abogado Fernandel Alonso. Este último, según evidencia en poder de las autoridades, tiene nexos con empresas del clan Carranza y con sus herederos.
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"Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzó 743 millones de pesos", señala el ente acusador que acaba de imputarles cargos al abogado Alonso y al empresario Rojas.
Dentro del expediente se evalúa si las firmas de los empleados de Carranza son auténticas y si estos -oriundos de Garagoa, Somondoco y Guateque- sabían que tenían tierras en el Meta.
Campamentos paramilitares y otras haciendas
En Puerto Gaitán (Meta) las denuncias por este caso completan más de una década. Foto:Archivo particular
Pero la investigación de la Fiscalía va más allá.
EL TIEMPO, que denunció varios de estos casos, investigó y estableció que se indaga la compra de tierras de otro esmeraldero y hasta de un viejo piloto del capo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha.
En uno de los predios que se investiga funcionó un campamento paramilitar en los 90.
Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán. Ahora se investiga si empleados de la notaría están implicados.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Por estos hechos, a Jaime Rojas García y a Fernandel Alonso les imputaron fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Alonso no aceptó cargos y el empresario se ausentó de la audiencia. Por eso, también se le imputó el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
EL TIEMPO, que denunció varios de estos casos, investigó y estableció que se indaga la compra de tierras de otro esmeraldero y hasta de un viejo piloto del capo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha.
En uno de los predios que se investiga funcionó un campamento paramilitar en los 90.
Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán. Ahora se investiga si empleados de la notaría están implicados.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Por estos hechos, a Jaime Rojas García y a Fernandel Alonso les imputaron fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Alonso no aceptó cargos y el empresario se ausentó de la audiencia. Por eso, también se le imputó el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
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