Autonomía universitaria versus extraterritorialidad

A raíz de las marchas iniciadas el 21 de noviembre del año pasado, ejemplo de protesta social legítima, se iniciaron este año otras manifestaciones con distintos actores sociales como maestros, trabajadores, sindicalistas y estudiantes, que se desbordaron en acciones violentas y de enfrentamientos con la Fuerza Pública y provocaron la muerte del estudiante Dylan Cruz, al ser impactado por una bala del Esmad.

Los actos violentos se han repetido en varias ciudades y se han trasladado a los campus de las universidades públicas, donde encapuchados se han enfrentado a la Fuerza Pública utilizando explosivos, con saldo de heridos, bienes públicos destrozados y la movilidad de la ciudad colapsada.

Con el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia, autorizado por el alcalde de Medellín Daniel Quintero, previo un protocolo que incluyó la evacuación del campus universitario ante la presencia de encapuchados que disparaban explosivos y lanzaban papas bomba, se retoma el debate de la autonomía universitaria, que divide las opiniones entre quienes respaldan al alcalde y quienes lo censuran, invocando el concepto de autonomía como sinónimo de extraterritorialidad, donde no puede ingresar la Fuerza Pública.

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En una línea intermedia, Claudia López y otros mandatarios no descartan el uso de fuerzas policiales previa petición de los rectores y de la comunidad educativa, en el entendido de que la violencia y los actos vandálicos nada tienen que ver con la naturaleza de la universidad, puesto que deslegitima la misión de formar ciudadanos en las distintas disciplinas y campos del saber.

El asunto es sensible y genera rechazo, por los eventuales excesos, a tal punto que hasta la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas le pide al Estado colombiano iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.

Pero van más allá, al proponer “una profunda transformación del Esmad”, que revise sus protocolos sobre el uso de la fuerza, las armas y municiones letales, y que consulte normas internacionales aplicables en estos casos, así como el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social.

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Este debate nos regresa a los años 60 y 70, cuando la extrema izquierda, que obedecía a consignas de sectores al margen de la ley, veía la universidad como centro de reclutamiento de sus ‘cuadros’, es decir, un medio de su accionar político.

Otros la consideraban un “instrumento de reproducción de la ideología burguesa” que había que destruir, mientras grupos moderados planteaban el ‘cogobierno’ con representación estudiantil, pero sacando al clero y los gremios de los consejos superiores. Tan nefasta época coincidió con los cierres permanentes de universidades públicas y el fortalecimiento de las privadas.

Tras la firma de los acuerdos con el M-19 y otros grupos armados, que llevaron a la Constituyente del 91, vino el reconocimiento de la autonomía universitaria y su reglamentación, con la Ley 30 del 92, y se vivió un periodo de calma que fortaleció la universidad pública, al punto de que sus 32 universidades reciben más del 50 % de toda la matrícula universitaria, incluido el Sena, con un total 2’325.513 inscritos en el I semestre de 2018.

Posteriormente, el acuerdo de paz de La Habana (noviembre de 2016) y el inicio de conversaciones con el Eln coadyuvaron a la normalidad en los claustros universitarios. La investigación, las maestrías y doctorados que ampliaron la cobertura, las patentes y el intercambio internacional nos hacen entonces activos de una comunidad global con un aceptable puesto en el ranquin internacional.

Se debe reconocer que en lo pactado con la comunidad académica y el gobierno del presidente Iván Duque después de las marchas hubo avances importantes en la financiación de la educación superior.

Todo indica que al debilitarse el proceso de paz y surgir las disidencias de las Farc, sumados estos factores al rearme del Eln, florece el narcotráfico, que amplía su mercado al consumo nacional y necesita ‘zonas liberadas’ que les permitan su accionar, incluso en los campos universitarios.

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El exrector Guillermo Páramo, en Claves para el debate público (Unimedios, febrero 2018), había hecho esta advertencia sobre la Universidad Nacional: “ (...) Me atrevo a hacer énfasis en el significado que tiene para su imagen pública y el clima que debe reinar en ella el rescate de su campus de Bogotá, hoy invadido por vendedores de todo tipo, en medio de los cuales, seguramente, se mimetizan traficantes de droga y delincuencia común. Es lamentable ver que la lucha por la autonomía universitaria termina en una garantía de extraterritorialidad a personas ajenas a los claustros que desmoralizan la comunidad y desacreditan a la más importante institución educativa del país”.

En esta perspectiva, el exrector Moisés Wasserman, en el citado documento, reclama la apertura de la universidad hacia la sociedad a la que se debe. Y señala “una equivocación conceptual grave, y es que la gente que está dentro de la U se siente dueña. La dueña de la universidad es la sociedad colombiana que la financia con el pago de impuestos, así muchos no puedan ingresar a ella. Y no tiene que complacer a la gente que estudia o trabaja en ella”.

Conviene recordar que la autonomía universitaria fue consagrada por la Constitución del 91, que en su artículo 69 ordena: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrían darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”.

A su vez, la Ley 30 del 92 reglamentó sus estatutos y delimitó su independencia al nombramiento de sus autoridades académicas y istrativas y a la creación de sus programas y títulos que expide. Pero no han faltado interpretaciones de la autonomía como ‘extraterritorialidad’, que permitiría a las instituciones contar con un ordenamiento jurídico propio y financiación independiente.

La autonomía es parte de la esencia de la universidad. Es el derecho al conocimiento sin fronteras ni autoridad que lo regule y riñe con todo tipo de autoritarismo, porque su arma es la crítica racional y no “la crítica de las armas”. No puede ni debe aceptar encapuchados ni personas al servicio de minorías violentas y, por supuesto, tampoco excesos de la Fuerza Pública.

Algunos han hablado de la posibilidad de crear una policía universitaria, que defienda a la universidad y a la mayoría de universitarios que asumen la responsabilidad de liderar transformaciones económicas, sociales y culturales. Hoy más que nunca se requiere un ‘gran acuerdo’ entre la comunidad académica de profesores y estudiantes, autoridades gubernamentales, incluidas sus fuerzas de policía, y las directivas universitarias lideradas por consejos superiores y rectores, para hacer realidad que las universidades sean “auténticos foros de debate y no campos de combate”, y por la defensa de la universidad pública.

* Exrector y profesor asociado Universidad Nacional.