Desde su llegada hace mes y medio al Ministerio de Educación, la gestión de Daniel Rojas ha estado bajo el escrutinio. Su figura política, muy cercana al presidente Gustavo Petro, su pasado activista y su trabajo en organizaciones como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pusieron receloso a un sector educativo que esperaba como ministro a una persona con más experiencia en este tema.
En entrevista con EL TIEMPO, Rojas habló por primera vez sobre el papel que busca desempeñar en la cartera, cuyo primer gran reto da inicio esta semana, más específicamente el martes 3 de septiembre con la radicación de la reforma a la financiación de las universidades en Colombia (los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992).
El ministro explicó los detalles del proyecto, pero también habló de cómo espera cumplir, en tan solo dos años, con las ambiciosas metas como crear 500.000 nuevos cupos en la educación superior o la creación de más de 50 nuevas sedes universitarias.
También se refirió a los rumores que ubican su nombramiento en una estrategia para mover a la juventud, más particularmente al movimiento estudiantil, de cara al proceso constituyente propuesto por el presidente Petro.
¿Por qué se pasó de contemplar una reforma integral a la Ley 30 a solo modificar dos artículos?
El Plan Nacional de Desarrollo manda hacer una reforma a la Ley 30 y es explícito en decir que debemos comenzar por modificar los artículos 86 y 87 o garantizar la financiación de la universidad pública. Y en ese sentido el Ministerio de Educación Nacional durante este Gobierno ya ha venido teniendo algunos avances, incluso el mismo movimiento estudiantil y la comunidad universitaria en distintas latitudes del país han venido avanzando en ese sentido. Recogemos los trabajos que se han venido haciendo. Lo que pretendemos es lograr cumplir lo que está en el PND manteniendo la estrategia pero cambiando la táctica, esto es llevando al Congreso de la República un proyecto de ley muy sencillo de transformar los artículos el 86 y el 87 para garantizar que crezca la base presupuestal de las instituciones de educación superior, no solamente universidades sino también instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, además planteando unas conversaciones con muchos actores para lograr lo que nosotros hemos denominado un acuerdo nacional por la educación.
¿En qué consiste ese acuerdo?
En que indistintamente de nuestras ideologías, nuestras regiones, cualquiera que sea nuestro entendimiento del derecho a la educación, o como queramos entender el derecho a la educación, lo importante primero es garantizar la financiación.
Los artículos 86 y 87 hablan de un incremento anual para las universidades basado en el IPC. ¿Cómo sería el nuevo cálculo?
El nuevo cálculo está basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del Dane, en tanto que tiene una relación más genuina con lo que le costaría a una institución de educación superior formar a un estudiante. Pero el proyecto tiene también una realidad contracíclica frente a la coyuntura económica, y es que en el momento en el que el IPC sea mayor al ICES, entonces se tomará como referencia el IPC.
En la discusión por la financiación las universidades reclaman lo que llaman deuda histórica en su presupuesto. ¿Eso también lo trata de alguna forma?
Sí, el proyecto pretende que dejar abierta la posibilidad para el aumento en el presupuesto de inversión, ya sea por recursos del orden nacional o recursos territoriales. Claro, es una deuda histórica que si hacemos los cálculos, tendríamos que hacer una reforma tributaria solo para el sector educación, y entendemos que eso es imposible, pero comenzamos con esta reforma a reparar esa deuda.
¿Ve un buen ambiente en el Congreso? Recuerde que el legislativo ya hundió la estatutaria…
Veo un ambiente favorable. Yo he socializado el proyecto con las comisiones sextas, también lo conversé con las comisiones económicas que en este momento están discutiendo el Presupuesto General de la Nación, he hablado con la bancada de gobierno y en general con congresistas de distintas vertientes con los que podemos acordar sobre lo fundamental.
¿Y con la oposición?
Hay muchos debates históricos que son profundamente ideológicos. Creo que hay que llegar a dar ese debate, hay que llegar a hacer una reforma integral a la Ley 30, una estatutaria, pero por eso hablaba de cambios tácticos. Yo creo que la táctica tiene que conducirnos a que, primero, acordemos sobre lo que podemos acordar muy rápidamente, sobre lo que no tenemos profundas diferencias, y a medida que avanzamos, vayamos abriendo el debate hacia los temas en los que hay una mayor brecha, y así construimos sobre lo construido, y creo que ese cambio táctico puede tener una aceptación en la oposición.
Como se trata de un tema de financiamiento, ¿viene con algún estudio de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda?
Me he reunido con el ministro Bonilla, le he expresado la intención legislativa que tenemos, y por supuesto el aval que debe tener el proyecto de ley, la instrucción del ministro en ese sentido fue que lo radicáramos mientras avanzábamos con el aval fiscal, y tenemos la próxima semana una reunión con su equipo técnico para lograr ese aval.
¿Cómo recibió el movimiento estudiantil que no se vayan a tratar temas como bienestar, extensión, gobierno universitario y otros puntos que querían que fueran parte de esta reforma?
La reunión más tensa que hemos tenido con este Acuerdo Nacional por la Educación fue precisamente con el movimiento estudiantil, que lo conocemos muy bien porque venimos de esos procesos. Dada la heterogeneidad del movimiento, yo no podría decir que aceptado nuestra propuesta, pero sí puedo decir que hay una conciencia en su interior de que el bienestar universitario, que la extensión, que la investigación y que todo este tipo de demandas recaen en base presupuestaria, o sea que si las demandas no tienen una garantía de recursos, son simplemente cantos a la bandera, y que para avanzar en cualquiera de estas pretensiones, primero hay que garantizar los recursos.
¿Cree que lograrán la meta de 500.000 cupos nuevos en educación superior? Las cifras muestran que a corte de 2023 solo se crearon 64.000…
Desde que llegué al Ministerio pregunté precisamente por esa meta. La definición estratégica para cumplirla es que 360.000 estudiantes estén en las universidades y 140.000 ingresen al Sena. Frente a los 360.000, tenemos un reto para que el próximo año lleguemos a 150.000 y podamos cumplir la meta en el 2026, último año de gobierno. Esto es bien ambicioso y está anclado a que nosotros podamos ser muy eficientes en la ejecución de los recursos que se han presupuestado para infraestructura universitaria. Si logramos eficiencia en ese recurso, podemos lograr, por vía de nueva infraestructura, tener mayores estudiantes en educación superior. Pero como lo he dicho siempre, no simplemente es la garantía del edificio y del pupitre, necesitamos docentes, necesitamos los programas, necesitamos una concurrencia de otra oferta, y por eso la importancia de aprobar la reforma a los artículos 86 y 87, porque eso nos da la posibilidad de que las universidades puedan rápidamente acondicionarse para recibir a estos nuevos estudiantes.
En esa meta de cobertura, las universidades privadas dicen sentirse aisladas. ¿Ya habló con ellas?
Estoy en mora de tener un diálogo con las privadas. Más que poner en competencia a la pública y la privada, creo que podemos lograr una armonía. Las privadas han visto una caída drástica en la matrícula, y eso tiene que ver también con una realidad económica y con una coyuntura que en las familias de clases medias los lleva a tomar prioridades sobre el gasto familiar, pero también con unas tasas de interés tremendamente altas, que también tienen un efecto sobre las familias de aversión al crédito, que es la otra modalidad por la cual financian los estudios de educación superior de sus hijos. Podemos lograr una alianza con las privadas, buscar formas en las que la infraestructura que empieza a quedar subutilizada por la caída en la matrícula pueda ser utilizada o aprovechada con estudiantes de la pública. Y entonces podemos asociarnos, si se quiere una asociación pública o privada.
¿Y dónde queda Icetex en esto y la reforma a la entidad de la que tanto ha hablado este Gobierno?
Esa es otra meta del Plan de Desarrollo, hacer una reforma integral al Icetex. Quedamos en la reunión con el movimiento estudiantil de reconstituir las mesas de trabajo para aprovechar el trabajo que ya se haya hecho de reforma y llevarlo al Congreso de la República. No puede haber un banco público que sea más agresivo con los estudiantes que incluso los bancos privados. Yo mismo he sido víctima del Icetex, pero además allá hay unos recursos que nos pueden ayudar para que los colombianos puedan tener estudios en el exterior o estudios de posgrado en las privadas.
Respecto al tema de infraestructura, se han anunciado más de 100 sedes universitarias nuevas. ¿Da el tiempo para lograrlo?
Ahí hay toda una estrategia que no significa simplemente la construcción de sedes. Lo primero, hacer la debida adecuación de sedes existentes. La segunda son aulas modulares, que no son precisamente la infraestructura tradicional, sino que son formas no convencionales, se montan en un periodo inferior a los seis meses y rápidamente podemos apuntarle a la meta de cobertura. Pero además también tenemos las posibilidades de una estrategia que a mí me ha gustado mucho y es la de colegio-universidad. La de buscar los colegios públicos que tienen infraestructura, insisto, que puede ser subutilizada en términos de las jornadas escolares y que no solamente nos sirva para llevar a la universidad pública a la infraestructura, sino que vincule también a los estudiantes de los últimos grados de la media para que hagan tránsito inmediato a la superior.
Eso es una inversión muy grande…
El Plan de Desarrollo habla de alrededor de 50 sedes. Nosotros creemos que con los recursos que por transferencia del Presupuesto General de la Nación que se han destinado podemos dejar financiadas las 50, empezar en las distintas modalidades, tanto modulares como convencionales, como colegio-universidad a entregarlas el próximo año, pero también dejar financiadas otras 100. Dejar financiadas quiere decir que, como son proyectos de infraestructura que superan nuestro periodo de gobierno, se puedan utilizar recursos de vigencias futuras anclados a proyectos que hayan llegado a una fase de contratación y que al siguiente gobierno le quede la tarea de culminarlas.
¿Tiene el Gobierno alguna intención en modificar la gobernanza de las universidades y apoyar procesos como la ‘constituyente’ en la Universidad Nacional?
Desde mi llegada al Ministerio he dado una instrucción muy puntual y es que respetamos las autonomías universitarias, pero hay un mandato superior que es respetar las democracias internas en las universidades y ser genuinamente colaboradores de la garantía de que haya democracia. Por eso un proceso constituyente no puede ser viciado por la institucionalidad del Gobierno, porque los procesos constituyentes son en sí mismos directos frente a la institucionalidad, o sea tienen una acción respecto a la institucionalidad, una acción constituyente pero también una acción destituyente y entonces la institucionalidad no puede ser juez y parte, no puede estar aquí y allá al mismo tiempo, sino que tiene que derivar de la genuina discusión de la comunidad universitaria, y si así fuera, obedecer al poder constituyente.
Se dice que su llegada al Mineducación obedece a mover a las juventudes de cara al proceso constituyente propuesto por el presidente Petro. ¿Qué hay de cierto en eso?
Mi llegada al Ministerio sí tiene un cambio frente al trato con el movimiento estudiantil. En la reunión que yo tuve con diversos movimientos de índole nacional me decían que celebraban que este ministro no le tenía miedo a conversar con los estudiantes y yo no le voy a tener jamás miedo a conversar con ellos,. No quiero que vean al Ministerio como una institución del estado que les persigue, que les estigmatiza y que no les tiene en cuenta sino todo lo contrario. También he sido muy sincero con ellas, con las restricciones que tenemos. La primera es una enorme restricción presupuestal, pero además restricciones políticas porque muchas de las cosas que quisiéramos hacer pasan por el Congreso. Ahora, creo que hay que dejar de subestimar al movimiento estudiantil. Históricamente el movimiento ha tenido claridades políticas, agendas políticas. No se dejan manipular por un ministro de turno. Todo lo contrario, ellos sienten que tienen poder sobre el ministro de turno y qué bueno que lo sientan porque realmente son poder constituyente. Así que a nadie debe sorprenderle que haya un cambio en el trato con el movimiento estudiantil durante mi periodo.
¿Dónde va a quedar en su istración una educación básica con una deserción escolar del 3,7 por ciento, es decir, más de 300.000 estudiantes que dejan el colegio cada año?
Aún cuando tenemos una estrategia claramente definida para la educaciónsuperior, no desatendemos los retos que existen en la primaria, básica y media. Y el tema de la deserción es algo que nos preocupa demasiado. Hemos entendido que muchos estudiantes a lo largo y ancho del país van al colegio más que a educarse, a alimentarse. Por lo tanto, la universalidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sí estamos cerca de lograrlo, y esa es parte de la estrategia contra la deserción.
¿Qué tan cerca?
Tenemos una cobertura del 88 por ciento. Y esa concurrencia de recursos, que la seguimos buscando, nos va a permitir cerrar el periodo de gobierno con posibilidades de universalidad. Ahora, cuando hablo de universalidad no quiero decir llegar al 100 por ciento, porque no todos tienen esa necesidad. Pero además queremos que el PAE se garantice en los periodos de receso. La segunda estrategia es algo que nos funcionó muy bien en Bogotá Humana y que empezamos a tener ya implementación en este Gobierno, y son los programas de educación integral, es decir, llevar la educación física, cultural, deportiva, artística, de programación, ciencia y tecnología a los colegios. La última es la implementación del colegio-universidad. Es que las mayores deserciones están en la media, pero además tenemos unas tasas de tránsito inmediato muy bajitas, 55 por ciento a nivel nacional, pero en la ruralidad es del 27 por ciento, y en municipios PDET es del 4 por ciento.
El otro año se presentan las pruebas Pisa, los resultados en calidad parecen estancados, y organizaciones como Unesco hablan de una alta proporción de estudiantes de 10 años que no saben leer. ¿Cómo se atenderá la calidad?
Ese es un reto grandísimo, hay un rezago histórico en términos de calidad. La posibilidad que hemos abierto en el presupuesto y en el diseño de los proyectos de inversión del Ministerio, hay que decirlo que por parte de mis antecesores, es poder formar a los maestros, otorgarles becas, además pasa también por un diálogo muy sincero con los docentes de que en la medida en la que se les garantiza derechos también podamos hacer exigencia en formación y en evaluación. Creo que nos puede determinar más del pacto por la educación. No solamente hay que atender un pacto o construir un pacto con las fuerzas políticas, sino con todos los estamentos que concurren en la educación de este país, y ese pacto por supuesto tiene que hacerse con los maestros. Que en la medida en que hacemos enormes esfuerzos para garantizar derechos y dignidad, también hagamos enormes esfuerzos para aumentar la calidad educativa en los colegios.
MATEO CHACÓN
SUBEDITOR VIDA - EDUCACIÓN