Clases presenciales, necesarias pero con reparos por temor al cuarto pico

El 2021 cerró, de acuerdo con reportes oficiales del Ministerio de Educación, con el 100 por ciento de las secretarías de Educación abiertas, lo mismo que el 96,3 por ciento de todas las sedes educativas.

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No obstante, no se logró que la totalidad de los cerca de 8 millones de estudiantes del sector oficial regresaran a clases presenciales. Ese porcentaje se ubicó, al término del año escolar, en el 83 por ciento. Es decir, que 6’611.955 estudiantes volvieron presencialmente a sus colegios.

En cuanto al sector privado, y de acuerdo con un análisis del Observatorio de la Gestión Educativa (publicado el 29 de octubre pasado), cerca del 85 por ciento de sus estudiantes también cerraron el año asistiendo a las aulas (alrededor de 1’712.750 estudiantes).

La meta ahora es que este mes todos los cerca de 10 millones de estudiantes de colegios públicos y privados retornen presencialmente a las aulas, cumpliendo, de manera estricta, con los protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio con covid-19.

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Vale recordar que el 20 de diciembre el Ministerio de Salud, mediante la resolución 2157, eliminó la última talanquera que impedía, en razón de las limitaciones de infraestructura de colegios y universidades, el retorno total de los estudiantes y el personal educativo y istrativo: el límite de los aforos.

En ese momento, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la cartera a su cargo, con base en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, tomó la decisión de eliminar los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, primaria, secundaria, superior, y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Pese a esto, y a que más de 28 millones de colombianos tienen esquemas completos de vacunación y la inmunización avanza entre el personal del sector educativo (de hecho, hace dos semanas comenzó la aplicación de dosis de refuerzo), han surgido voces que piden prudencia frente a la presencialidad total, dado el avance de la pandemia en Colombia, cuyos contagios se dispararon por culpa de la variante ómicron.

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William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), afirmó en días pasados que si bien el magisterio se había pronunciado antes a favor de restablecer la presencialidad, ahora considera que no están dadas las condiciones para que este proceso se lleve a cabo.

“Tenemos escuelas sin agua, sin los elementos de bioseguridad, sin maestros y eso imposibilita que se realice nuestro trabajo en sitio”, mencionó el dirigente sindical, quien agregó que “el Gobierno debe demostrar a los padres de familia que sus hijos retomarán la presencialidad con condiciones. Porque esta pandemia no ha parado, y más con las condiciones actuales, en que los casos de nuevo están en ascenso y con la variante ómicron”.

A propósito del comportamiento de la pandemia, este jueves la Alcaldía de Cali le solicitó al Mineducación que recomiende a los colegios privados de la ciudad aplazar el inicio de clases presenciales para el 31 de enero.

Dado que la Alcaldía no tiene la potestad para establecer cambios en esta materia, Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, elevó esta solicitud que va orientada a que los privados empiecen sus clases, pero en modalidad virtual, y retornen el 31 de enero, cuando se supere la fase crítica de contagios. Ese día darían inicio a clases presenciales, junto con alumnos de instituciones oficiales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, emitió este jueves un comunicado en el que califica de “inconcebible” el hecho de casi dos años después de la pandemia, cerca de 1,5 millones de estudiantes no hayan regresado a las aulas de clase.

“El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las gobernaciones, alcaldías y secretarías de Educación y debe convertirse en una prioridad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para asegurar el regreso a clases presenciales”, dijo Camargo.

La Defensoría hizo un llamado a las autoridades, docentes y comunidad educativa a que cumplan con los protocolos de bioseguridad para garantizar un retorno seguro a las aulas.

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El organismo llamó la atención sobre estadísticas de la Unesco que advierten que “Colombia registra 77 semanas de cierre de los colegios afectando el derecho a la educación de millones de menores de edad” y advirtió que la pandemia ha generado impacto en la protección y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes “como un asunto asociado al cierre de centros educativos”.

En efecto, en los últimos meses se han dado a conocer informes que ponen el foco en los impactos profundos que la inasistencia tendrá en el desarrollo y futuro de los estudiantes. En uno de ellos, publicado hace un mes, el Banco Mundial, Unicef y Unesco sostienen que debido a la pérdida de aprendizaje “la generación actual se arriesga a perder 17 billones de dólares en ingresos durante sus vidas, lo que equivale a cerca del 14 por ciento del PIB mundial”.

Teniendo en cuenta aspectos como estos, el Ministerio mantiene un llamado al retorno presencial total, lo que implica que el funcionamiento de los colegios será el mismo de antes de la pandemia.

Así las cosas, se cree que aplicarían sanciones de rigor para docentes que se nieguen a acudir a las aulas, porque se entendería como incumplimiento de sus funciones.

EL TIEMPO le solicitó al Ministerio un reporte de los casos de profesores sancionados en el 2021 por inasistencia a clases presenciales. Aunque estas acciones son asumidas por las secretarías de Educación directamente, datos preliminares hablan de mil casos de no pago de días no laborados.

A expertos en salud pública les preocupa el llamado a clases en esta coyuntura.

Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, afirma que para reducir el impacto de este cuarto pico el país debería aprovechar las fortalezas consolidadas y los aprendizajes que deja la pandemia.

Señala que “optar por un aislamiento preventivo, que involucre a no contagiados, que reactive clases virtuales y teletrabajo, por un periodo de 10 días, podría tener un gran impacto. Si se hace desde la próxima semana, antes de ingresar a clases, podría ayudar a bloquear las ‘cadenas de contagio’”.

Gabriel Riveros, exministro de Salud, asegura que este momento exige un análisis específico de la situación epidémica y el impacto de la variante, región por región y por cada institución académica.

El propósito es determinar no solo la difusión de ómicron y el nivel de vacunación en todo el personal académico, istrativo y escolar de las instituciones, sino también la capacidad y condiciones de cada lugar para poner en práctica medidas de bioprotección que, como se sabe, presentan asimetrías evidentes.

“Hacer un alto para determinar estas condiciones con ánimo preventivo es necesario; generalizar la reapertura, desconociendo estas particularidades, podría ser contraproducente ante la necesidad de que los jóvenes vuelvan a estudiar”, aseguró.