¿Cómo queda la Universidad de Antioquia luego de que tribunal frenara hipoteca de sus bienes para salir de deudas?

La Universidad de Antioquia, que continúa pasando por una delicada crisis financiera, recibió un nuevo revés luego de que el Tribunal istrativo de Antioquia emitiera un auto en el que no se le permite a la institución hipotecar varios de sus inmuebles por un valor de 45.000 millones de pesos, con el cual pretendía pagar parte de sus obligaciones.

Y es que con ese dinero, la universidad pretendía contar con los fondos necesarios para cubrir la mitad de los 90.000 millones de pesos que el pasado mes de noviembre le prestó mediante un crédito de tesorería el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

Estos recursos fueron usados para cubrir el flujo de caja de la institución, y gracias a ello pudo cerrar financieramente el año 2024, entre otras cosas, con el pago de la nómina, que vale recordar, fue retrasado varias veces durante el año pasado.

Este crédito, considerado como un salvavidas para la institución, fue anunciado con bombos y platillos en su momento por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Con el Idea hemos tomado la decisión, después de que ninguna entidad bancaria le prestara a la universidad, de ponerle sobre la mesa un crédito de tesorería de hasta 90 mil millones de pesos para que los profesores y los empleados de la institución no vayan a terminar el año sin el pago de los salarios a los que tienen derecho”.

Sin embargo, la decisión del tribunal pondría en serios aprietos a la universidad, que había acudido a la figura de hipoteca para poder sanear la deuda con Idea, luego de que el Consejo Superior universitario (CSU) aprobara esta movida financiera.

El auto proferido por el tribunal responde a una demanda interpuesta por tres personas naturales. En su análisis, el órgano judicial consideró que era necesario suspender de manera temporal la resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024 del Consejo Superior que permitía estas hipotecas, dado que podría haber un impacto en el patrimonio de la institución, razón por la cual sería necesario evaluar la legalidad de la misma.

Y es que, según los demandantes, en la resolución no estaría precisado con cuáles bienes ni con que avalúos se estaría cubriendo la hipoteca, así como que el rector y el Consejo Superior presuntamente no tendrían el poder, de acuerdo a los estatutos de la universidad, para hipotecar o autorizar hipotecas.

Ante esta situación, la Universidad de Antioquia informó que en el transcurso del mes de marzo ya se había hecho el primer desembolso de crédito con el Idea por 25.000 millones de pesos y que tomará las medidas necesarias para seguir cumpliendo con la obligación, mientras se resuelve la demanda.

Mientras tanto, informó que “dado el carácter de ‘provisionalidad’, y atendiendo el debido proceso, la universidad interpondrá los recursos de ley en relación a la decisión del Tribunal. Por consiguiente, actualmente se están preparando los elementos jurídicos que den cuenta del sustento de la decisión del CSU. Simultáneamente, las áreas jurídica y istrativa de la Universidad, evaluarán garantías alternativas”.

Así las cosas, la universidad buscará por vía judicial mantener en firme la mencionada resolución, lo que le permitiría continuar con el proceso de hipoteca y recibir los 45.000 millones de pesos con los que cubriría ese crédito con el Idea.

Sin embargo, esta no es la única preocupación de la institución en materia financiera. De hecho, según fuentes de la misma alma mater, el déficit actual es de 350.000 millones de pesos, sumado a problemas de liquidez que, si no se solucionan, amenazan con que vuelva a haber dificultades para el pago de nómina.

Ante esto, la universidad le sigue apostando a la estrategia de vender al menos 22 propiedades avaluadas en 92.000 millones de pesos. “Algunas de estos inmuebles han estado en alquiler, otras por su ubicación incluso han llegado a estar desatendidas, podemos decir que esos bienes están, por un lado en desuso y por otro lado, no están siendo usados para temas misionarios. Es decir, su venta no afectará las actividades académicas”, sostuvo el vicerrector istrativo Francisco Vargas Bonilla.

A esto se suman otras salidas, como la propuesta que dio a conocer a finales de 2024 el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que consiste en un Proyecto de Acuerdo que se presentaría en el Concejo para “ayudas extraordinarias”.

Por su parte, desde el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Educación, Daniel Rojas, también había propuesto un ‘pacto’ por la UdeA para poder destinar mayores recursos a la que es una de las principales universidades públicas de Colombia.

Los retrasos en los pagos de nómina del año pasado, las hipotecas y ahora la decisión judicial, se enmarcan en un contexto difícil financieramente para la universidad. De acuerdo con la institución, los problemas son de liquidez y no de una crisis financiera que pueda afectar su funcionamiento, aunque sí reconoce que en los últimos años han visto seriamente afectados sus ingresos.

De acuerdo con el vicerrector Vargas, “esta es la sumatoria de varias cosas. Primero se necesitan actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (que establecen los incrementos anuales que hace el Gobierno a las universidades públicas). Esos recursos históricamente vienen presentando una brecha entre el crecimiento de los costos de las universidades públicas versus la actualización de esa base presupuestal, el costo de lo que se denomina la canasta educativa en el país ha estado muy por encima del valor del IPC que establece la ley”.

Explica Vargas que los recursos que otorga la Nación y la Gobernación de Antioquia, “sólo llegan este año al 45 por ciento de los gastos de funcionamiento”.

El resto de recursos lo tiene que asumir la universidad por medio de la venta de sus servicios a terceros, al igual que se ven obligadas el resto de universidades públicas del país, para poder seguir operando.

El problema, explica Vargas, es que este durante 2024 se presentó “un bajo recaudo de la universidad en términos generales por la venta de servicios especializados que es la otra fuente de financiamiento, lo que conocemos como fondos especiales. Esto es lo que nos ha puesto en una situación muy compleja de flujo de caja que nos ha obligado a reconfigurar la dinámica de pagos de obligaciones y hemos tenido que reprogramar algunos pagos de nómina”.

Para solucionarlo, se ha buscado hablar con proveedores y acreedores para tratar de aliviar la situación. A esto se suma un plan de austeridad para reducir al máximo los gastos, así como intentar diversificar las fuentes de ingresos.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Vida - Educación