Más de 4.780 niñas entre los 10 y los 14 años dieron a luz en el 2019, según el Dane. Es decir, 398 niñas al mes, 13 al día, casi dos cada hora. ¿Esto qué significa? Que hay una prueba física y concreta del delito de violencia sexual contra 4.780 niñas en un solo año. Pero la tragedia no se queda ahí, es mayor. Por un lado, este dato es el primer círculo dentro de otros más grandes de una tragedia instalada en la sociedad colombiana: la violación sistemática de niñas y niños. Entre 2015 y 2020, se registró un total de 119.026 casos de violencia sexual contra la niñez, de los cuales 100.814 fueron contra niñas y 18.212, contra niños, en todo el país.
Y, por otro lado, según el informe más reciente de Alianza por la Niñez, la violencia sexual es solo uno de los tantos horrores que enfrentan las niñas en el país: feminicidios, violencia intrafamiliar, discriminación y estigmatización.
Además de la degradación de una sociedad que reflejan las cifras de abuso sexual, este tiene consecuencias nefastas para la vida de cientos de miles de niños y niñas: trastornos depresivos y bipolares, síntomas y trastornos de ansiedad, trastorno límite de la personalidad, conductas autolesivas, intentos de suicidio y baja autoestima, por nombrar algunos.
Y en el caso de las que quedan embarazadas, se suma la vida de su hijo. “Estos niños que nacen de niñas menores de 14 años y en general de las adolescentes tienen todas las privaciones”, señala Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana. La cifra de 4.780 es solo de niñas entre los 10 y los 14 años, y su gravedad se da por la relación directa con el delito de abuso sexual, pero a ese dato se le suma que 117.930 niñas entre los 14 y los 17 años de edad se convirtieron en madres, en el 2019.
El Dane advierte que las adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes, de este grupo solo se registró el 0,8 por ciento; el restante, 99,2 por ciento, tiene hijos con adultos.
Todos estos factores inciden en la apertura de las brechas sociales y de género; por ejemplo, el 41,8 por ciento de las niñas embarazadas apenas tienen educación primaria y el 6,9 por ciento de las que desertan lo hacen a causa del embarazo.
Se ha normalizado la violencia sexual en Colombia. Se necesita educación sexual integral, que los niños y niñas conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Uno no nace machista, se hace”.
“Es decir, ese niño que nace va a tener una mamá que tal vez no pueda terminar el bachillerato, que no va a tener las condiciones para darle calidad de vida. Si es un niño que es fruto de un delito de violencia sexual, su mamá claramente no va a tener la capacidad y la fortaleza emocional. Seguramente tendrá muchas carencias”, explica Cuenca.
Según el Dane, en 2016, el 69,2 por ciento de los nacimientos en Colombia provienen de mujeres cuyo grado máximo de educación es secundaria completa: preescolar (0,3 por ciento), primaria (12,8 por ciento), básica secundaria (22,5 por ciento) y educación media (33,6 por ciento).
Y el panorama es aun peor. El círculo que le sigue al del embarazo es el de la cantidad de niñas en ese mismo rango de edad (10-14 años) que quedaron embarazadas, pero que perdieron el bebé por razones como interrupción del embarazo o pérdida gestacional. Por ejemplo, en 2019 se registraron más de 37.000 defunciones fetales, y de estas 66,7 por ciento ocurrieron en mujeres cuyo grado máximo de educación es bachillerato completo. Adicionalmente, de los 7.082 bebés menores de un año que fallecieron en 2018, 90 tenían como madre a una niña de entre 10 y 14 años de edad y 1.481 tenían una madre entre los 15 y los 19 años.
El tercer círculo, más grande aún, es el de las niñas de esa misma edad que, aunque no tuvieron hijos o no quedaron embarazadas, fueron violadas. Con un promedio diario de 60 casos, entre 2015 y 2020, más de 100.000 niñas fueron evaluadas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por presunto abuso sexual; sobre ellas recae más del 80 % de toda la violencia sexual del país. “La cifra se puede quintuplicar o más”, asegura Marcela Henao, asesora en igualdad de género y derechos de la niñez de la Fundación Plan.
La experta invita a hacer el siguiente cálculo: pensar que por un lado se tiene la cifra de niñas que tuvieron hijos entre los 10 y 14 años. Luego, recordar que cualquier relación sexual con un niño o niña menor de 14 años es directamente un delito. Y, en ese punto en específico, es importante resaltar que del total de casos de delito sexual contra la niñez, el 48,9 por ciento de las víctimas entre el 2015 y 2020 fueron niñas entre los 10 y los 14 años. Pero también cabe aclarar que estos son solo los casos denunciados. “¿Cuántos casos más existirán que no han sido denunciados?”, pregunta, y dice: “La cifra es muchísimo mayor”.
Henao explica que es importante entender que se está hablando de los casos denunciados, eso significa que son adultos que se acercan a las instituciones correspondientes a exponer lo ocurrido. Pero ¿qué tanto el sistema está ajustado para que las niñas y niños sean quienes denuncien? “A los 10 años no se sabe cómo denunciar”, dice Henao. A esto se suma que lo más frecuente es que cuando se habla de violencia sexual o de violencia intrafamiliar, el agresor es familiar o una persona cercana. “Es difícil denunciar a un papá, al abuelo, al hermano”.
Cuidado: la casa
Las cifras registradas en el informe hablan de que el 80,7 por ciento de los casos de presunto delito sexual contra la niñez entre 2015 y 2020 se dieron en el hogar de la víctima, mientras que el 6,5 por ciento se presentó en la calle y el 3,1 por ciento, en centros educativos. Ese dato se relaciona con el hecho de que en el mismo periodo de tiempo, el 52,71 por ciento de los agresores de delitos sexuales contra la niñez son familiares; el 24,22 por ciento son conocidos; el 9,17 por ciento es un amigo; el 7,40 por ciento es la pareja o la expareja y el 4,35 por ciento es un desconocido.
“Es paradójico que el que se cree que es el espacio seguro por excelencia, el hogar, resulte ser el espacio de mayor vulneración”, señala Henao, y aclara: “Dejemos de pensar que el que violador parece físicamente un monstruo. No, quienes violan son el papá, el abuelo, el vecino, el pastor… son personas usualmente muy queridas por la comunidad, por la familia y que abusan de su poder para ejercer violencia sobre las niñas y niños”.
Un año engañoso
La violación contra la niñez se puede llamar sistemática pues es constante, tienes ciertas características sociales, los victimarios tienen un perfil ya definido y las víctimas son las mismas. Si se observan en los últimos cinco años los casos de abuso sexual de niñas y niños, la diferencia de año a año es casi mínima. En 2018 se registró el porcentaje más alto de delitos sexuales contra la niñez: 19,2 por ciento, y el año pasado, el porcentaje más bajo: 12,9 por ciento.
Aunque en un principio parecería esperanzadora la cifra del año pasado, lo cierto es que resulta ser todo lo contrario. Lo que evidencia es que debido a la pandemia se denunciaron menos casos, y según han advertido expertos y organizaciones internacionales, lo más probable es que la cifra sea mucho más alta que en años pasados. Esto se debe, según señala Henao, a que durante la pandemia los niños y niñas estuvieron encerrados en sus casas, donde se encuentran con sus “peores enemigos”, sus familiares. Y estuvieron además alejados de la escuela, el lugar donde usualmente denuncian si están siendo víctimas de abuso físico o sexual.
De acuerdo con Henao, este es un problema que se ve en todos los espectros socioeconómicos del país. “Hay más pudor de denunciar cuando los casos ocurren en familias privilegiadas porque seguramente los hombres son reconocidos no solo en la familia, sino en el país. Dicen: ‘Le van a dañar la imagen al señor’. En cambio, en las familias más empobrecidas dicen que no tienen nada que perder a la hora de poner una denuncia”, aclara.
Pero independiente de donde ocurra el hecho, las múltiples formas de la violencia sexual permean la vida de las niñas en sus distintos contextos sociales. Yasmira tiene 19 años, estudia derecho y es vocera de la Fundación Plan en la Costa Atlántica. La joven señala que en Colombia es difícil hablar de generalidades sobre la situación de las niñas porque la realidad de una niña que vive en Cartagena en un barrio periférico es muy diferente a la de la niña que vive en un barrio en el norte de Bogotá. “Las dificultades también están marcadas por el lugar donde nacen”, asegura.
El informe señala que Quindío es el departamento con la mayor tasa de delitos sexuales contra las niñas. En el 2020 se registraron 293 casos y una tasa de 235. Le sigue Risaralda con 533 casos y una tasa de 229,5.
“Se ha normalizado la violencia sexual en Colombia. Se necesita educación sexual integral, que los niños y niñas conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Uno no nace machista, se hace. Y si no hay una educación estructurada que te permita conocer cómo se debe tratar al otro, es imposible que algo cambie”, concluye Yasmira.
Y es que, “si tocan a una, responden todas”.
SIMÓN GRANJA MATIAS
REDACCIÓN DOMINGO
@SIMONGRMA