El lamentable fallecimiento de la residente médica de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez Zuluaga, reabrió un viejo debate en la educación superior: el de la salud mental de los estudiantes y la responsabilidad de las instituciones.
Y es que este punto ha sido uno de los principales reclamos por parte de la comunidad universitaria. Durante años, el movimiento estudiantil ha incluido, entre sus múltiples exigencias, establecer alguna normativa que obligue a las instituciones a asumir protocolos, programas e intervenciones enfocadas a atender la salud mental.
Actualmente en Colombia no existe ninguna norma que establezca parámetros claros con respecto a este tema, si bien sí existe una serie de normas y orientaciones al respecto, aunque de momento nada obliga literalmente a las universidades a cumplir con ciertos estándares para prevenir y atender la salud mental de los estudiantes al interior del campus.
Así las cosas, existen tres documentos que intentan dar luces sobre el tema. El primero es la Ley 1616 de 2013, la ley de salud mental, en la cual se establece que “el Ministerio de Educación Nacional en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, diseñarán acciones intersectoriales para que a través de los proyectos pedagógicos, fomenten en los estudiantes competencias para su desempeño como ciudadanos respetuosos de sí mismos, de los demás y de lo público, que ejerzan los derechos humanos y fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la promoción de la salud mental”.
De esta ley se desprende el Conpes 3992, que establece la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia, donde se establece que “en cuanto al entorno educativo, el Ministerio de Educación Nacional liderará el desarrollo de varias acciones encaminadas a solucionar los factores de riesgo y principales problemáticas de salud mental que enfrentan los estudiantes”.
Resultado de estas dos normas, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer en 2023 las Orientaciones en Salud Mental para el Sistema de Educación Superior, una serie de recomendaciones a las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas para establecer protocolos de atención y prevención.
Este documento describe diferentes rutas de articulación y acciones intersectoriales para la promoción, prevención y atención integral de la salud mental en las IES.
"Para el Gobierno del Cambio, el tema de salud mental es fundamental en los estudiantes de las instituciones de educación superior, ya que buscamos que lleguen a formaciones educativas satisfactorias, para tener un buen nivel de vida profesional", anotó Eliana Mendieta subdirectora de Apoyo a las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
Pese a ello, estas orientaciones no pasan de ser unas recomendaciones, por lo que en la práctica las universidades establecen por sí mismas sus criterios para atender problemas de salud mental, lo cual en algunas instituciones es bastante pobre o inexistente.
Para expertos como el analista educativo Ricardo Rodríguez, se debería trabajar en materia de lineamientos, como ocurre con los ‘Lineamientos de prevención, detección y atención de violencias basadas en género’. “En este caso hubo un fuerte compromiso del Gobierno en presionar a las universidades a establecer rutas claras para atender la violencia de género. En materia de salud mental no hay grandes avances porque las instituciones no se sienten obligadas a avanzar en el tema”.
¿Qué viene?
Una de las apuestas legislativas del Gobierno en materia educativa es la reforma a la Ley 30 de 1992, la ley que regula la educación superior en Colombia. Entre los cinco grandes ejes que el Gobierno ha dejado ver de esta norma (de la cual existe un borrador pero no se conoce ni su articulado ni cuándo será radicado) está el tema de Bienestar universitario.
De lo que se conoce que se ha discutido en las mesas de negociación para la elaboración del proyecto, se ha conocido que la salud mental ha sido uno de los reclamos en materia de bienestar.
De esta forma, uno de los reclamos extraído de los documentos que resumen las discusiones ha sido que “los programas de bienestar de las IES se deben articular con el sector salud, y que se deben aumentar los recursos para enfrentar problemáticas como la salud mental”.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Redacción Educación