El trabajo infantil se expandió en Latinoamérica con la pandemia

La mancha del trabajo infantil, presente en toda América Latina, se expandió aún más como consecuencia del empobrecimiento y el deterioro económico social causado por la pandemia.

Hoy en día es una de las violaciones a los derechos humanos más amenazadoras para el futuro de la región, especialmente por el menoscabo en la educación de los menores, según una investigación con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.

El confinamiento redujo los ingresos de muchos hogares. El hambre y las múltiples necesidades empujaron a millones de familias a salir a la calle, en muchos casos acompañadas de menores obligados a trabajar para suplir las carencias de bienes básicos.

"La pandemia ha afectado mucho a las familias. En 2021 hubo un incremento significativo de niños y niñas que entraron a trabajar", explica a EFE la directora del área de calidad impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú, Nelly Claux.

Esa situación de pobreza "hace que desde muy temprana edad los niños participen de la búsqueda de recursos", agrega. En Perú, donde es legal trabajar a partir de los catorce años en condiciones dignas, "una cuarta parte de la población infantil y de los adolescentes trabajan", aunque no siempre sea "en las peores formas de trabajo". La mayoría estudia y trabaja a la vez, pero hay un 5 por ciento que se dedica exclusivamente a laborar.

En esas circunstancias, es habitual "la acumulación de dinero por terceras personas que emplean niños", señala Nelly Claux, quien denuncia que es muy frecuente encontrar a menores trabajando en la minería ilegal, una de las actividades laborales más peligrosas, o "niñas que desde temprana edad realizan labores domésticas en casas de terceros donde muchas veces son explotadas". Perú "es el reino del trabajo informal", asegura la portavoz de Save the Children.

México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estimó que de los 28,5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3,3 millones trabajaban, de los cuales dos millones trabajan en ocupaciones no permitidas y 1,2 millones realizan trabajo clasificado como peligroso.

El 31,6 por ciento de los niños mexicanos que trabajan apoyan en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, 24,5 por ciento en la minería, construcción e industria, y 14 por ciento en comercio, ventas y agentes de ventas principalmente.

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de quince años. Además el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los países a incluir leyes y regulaciones contra el trabajo infantil y prohíbe las importaciones de productos elaborados por niñas y niños.

La situación no es mucho mejor en Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, alrededor de 900.000 menores, el 17 por ciento del total, trabajan pese a no haber cumplido los 18 años, el 60 por ciento en zonas rurales.

El resto lo hace en industria manufacturera, hostelería, restaurantes y comercio, según datos oficiales. Los niños indígenas de siete a catorce años representan el 56 por ciento de la población infantil guatemalteca que trabaja, según la última Encuesta Nacional de Empleo, de 2017.

En Nicaragua, en tanto, hace once años que las autoridades no presentan cifras oficiales. Las últimas estadísticas, de 2012, indicaban que había 396.118 niños trabajadores en Nicaragua, un país de 6,7 millones de habitantes.

Nicaragua ha ratificado todas las convenciones internacionales importantes sobre el trabajo infantil, incluyendo el Convenio sobre la Edad Mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero según Humanium, una ONG internacional comprometida en la lucha contra la violación de los derechos infantiles, los niños nicaragüenses siguen estando sujetos a las peores formas de trabajo infantil, incluido el turismo sexual.

El panorama no es más alentador en El Salvador, donde según datos oficiales, trabajan 81.164 menores, el 6,1 por ciento del total, fundamentalmente varones del área rural, y 58.007 hacen un trabajo peligroso.

Y además, el 40 por ciento no asiste a la escuela. En Honduras, antes de la pandemia había 475.000 niños y niñas trabajando, un tercio de ellos en el campo. Hoy esa cifra se ha duplicado, señala a EFE el portavoz de Unicef, Héctor Espinal. Además de expulsarlos de la escuela, la pandemia los empujó a "trabajar para poder sobrevivir".

EFE