Padres tienen la última palabra sobre regreso a clase

Un alto porcentaje de familias prefiere terminar el año en casa.

Hasta ahora se están estructurando las medidas para el regreso a clases. Foto: Ministerio de Educación

SUBDIRECTOR VIDA23.06.2020 09:26 Actualizado: 21.06.2020 00:00

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El riesgo de contagio en un eventual regreso a clase sigue generando temor en los padres de familia, quienes serán actores determinantes en la aplicación del modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación, el cual combina el estudio en casa con sesiones presenciales.

Así lo cree el experto en educación Ricardo Ramírez: “La cuestión acá es que pase lo que pase, los padres de familia son quienes determinan si una situación es peligrosa para sus hijos. En este sentido, los nuevos protocolos se establecieron para garantizar su seguridad. Sin embargo, nadie puede decirle a un papá o una mamá que tiene que enviar al menor a clase contra su voluntad”.

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En el actual escenario, los colegios no podrán operar de manera presencial al 100 por ciento de su capacidad. Sin embargo, la posibilidad de volver a abrir sus puertas, así sea para atender a una parte de su población, no deja de ser un factor de preocupación en las familias, docentes y directivos.

Con la publicación de nuevos lineamientos, el Gobierno busca reducir toda posibilidad de contagio al máximo. Sin embargo, pese a los intentos por garantizar las medidas de seguridad en las aulas, son los padres de familia los que, en última instancia, tienen la sartén por el mango.

“El sentimiento más generalizado en este momento es el miedo al contagio. Con esto se prevé un gran número de familias que se nieguen a volver a la presencialidad. Con todo esto, se debe reducir el impacto que esto pueda traer a su proceso de aprendizaje”, asegura Ramírez.

En este sentido, los lineamientos del Ministerio de Educación establecen que no se podrá obligar a un retorno a clases, ya que son los padres quienes tendrán la última palabra frente al futuro de sus hijos.

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En el documento se especifica que a las facultades dadas a rectores, a alcaldes y secretarios de educación en la toma de decisiones, el mismo texto señala lo siguiente:

“Establecer la pertinencia de organizar el servicio educativo en alternancia y definir las especificaciones de su configuración requiere del análisis de las condiciones de cada institución educativa con respecto a la disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y en alternancia a la presencialidad”.

Si bien el diseño del modelo de alternancia tiene en cuenta otros aspectos como el estado de la pandemia en cada región, la capacidad de cada institución para cumplir con los protocolos (en materia de instalaciones y recursos para hacer las respectivas adecuaciones), la opinión de los padres deberá tener un gran peso en la toma de decisiones.

De acuerdo con Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, incluso si se tienen las condiciones para aplicar el modelo, la inmensa mayoría de los padres tomaría la decisión de no enviar a sus hijos a clase:

“Hemos evidenciado que no quieren exponerse a que sus hijos regresen a clase, y por eso decimos que se debe reconsiderar el retorno a las aulas. Directamente hicimos una encuesta con 30.000 familias y el 89 por ciento le ha dicho no a la presencialidad y la alternancia, sí a la educación en casa”.

A eso se suman otros sondeos similares realizados por diferentes sectores. Por ejemplo, consultas realizadas por algunas asociaciones de colegios privados a los acudientes, el rechazo al regreso a clase fue del 86 por ciento.

“Esto no es un capricho de las asociaciones de padres por oponernos y poner un palo a la rueda. Se trata de la salud de nuestros hijos”, sostiene Ballesteros.

Protocolos y riesgo de contagio

Las preocupaciones de los padres han tenido repercusiones en la percepción de los colegios frente al retorno a las aulas. Si bien los colegios públicos dependen de las secretarías de educación, los privados son un poco más autónomos. Este sector actualmente se encuentra dividido entre regresar a la presencialidad o no.

A pesar de ello, a todas las asociaciones de instituciones privadas les preocupa un punto: ¿quién responde en caso de un contagio en sus instalaciones?

Ángel Suárez, presidente de Eduprinor, organización que agrupa a 286 colegios de Norte de Santander, sostiene: “No sabemos qué pasa si abrimos un colegio y un estudiante resulta enfermo. ¿En quién recae la responsabilidad? Una demanda civil pondría a los colegios a pagar ese siniestro porque un abogado podría decir que falló el esquema de bioseguridad”.

Asociado a esto se encuentra la capacidad logística y financiera para atender la presencialidad alternada en el escenario actual. Si bien el Mineducación logró un acuerdo con Hacienda para garantizar los recursos necesarios para colegios oficiales, para los privados el panorama es diferente.

Así lo señaló Nelson Alarcón, presidente de Fecode: “Muchos de estos colegios privados temen por su continuidad por falta de recursos y ahora deben gastar grandes sumas de dinero para hacer las adecuaciones. Algunas instituciones preferirán terminar el año en casa porque no cuentan con lo necesario para implementar los protocolos del Ministerio”.

¿Qué pasará con quienes se queden en casa?

En varias oportunidades tanto la ministra María Victoria Angulo, como el presidente Iván Duque han manifestado que la prioridad será garantizar tanto la salud de los niños como la continuidad de su aprendizaje.

Así las cosas, los protocolos establecen que habrá casos en los que la situación de la pandemia no permita el retorno a clase. En esa situación se debe salvaguardar la salud de los menores continuando su trabajo desde casa.

También sostiene que, sea cual sea la situación (que colegios sigan cerrados o que padres no envíen a los niños a las aulas), las instituciones y las entidades territoriales deben asegurarse de continuar con el proceso académico.

Sin embargo, según advierte un estudio del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esta situación podría afectar el nivel educativo de los niños, niñas y adolescente por cuestiones de a conectividad y equipos de cómputo, entre otros.

“Es importante que se tomen medidas para proveer un método temporal educativo para los jóvenes que no pueden asistir a los apoyos virtuales o que pertenecen a instituciones que aún no los han implementado. Lo más importante es aclarar que esta desigualdad educativa solo va a tener un final cuando la desigualdad social mejore”, señala la investigación.

De esta manera, el Ministerio continuará con los programas ya utilizados como la plataforma Aprende en Casa, así como los programas educativos en radio y televisión, y la entrega de guías físicas junto con el Plan de Alimentación Escolar. En colegios privados también se deben elaborar estrategias para asegurar el trabajo en los hogares.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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