En un documento conocido por EL TIEMPO, de los impulsores del proyecto de Ley Estatutaria del Gobierno Nacional, responde a los reparos de
Fecode sobre esta iniciativa a pocas horas de que se inicie el paro nacional indefinido convocado por el magisterio colombiano.
El cese de actividades de los profesores de colegios públicos, que se iniciará el 12 de junio, se promovió por diferentes razones, que según Fecode, van en contravía de los derechos humanos.
Y es que luego de semanas estancado, para que el proyecto pudiera destrabarse y finalmente ser votado en la Comisión Primera, el Gobierno, así como las bancadas de oposición, particularmente el Centro Democrático y Cambio Radical, llegaron a un acuerdo para cambiar el articulado, con lo que finalmente se pudo hacer la votación, que no recibió ni un solo voto en contra.
Fecode asegura que en la Ley Estatutaria se propone la creación de bonos escolares o “váuchers”, que habilitan "claramente la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación".
Entre tanto, en el documento de respuesta, los impulsores del proyecto aseguran: "La ley estatutaria no establece la creación de bonos para el mejoramiento de la calidad, ni hace mención clara a estos en infunde contexto. Si bien, los bonos fueron una propuesta de la ponencia que radicó la senadora Paloma Valencia, esta fue archivada en la Comisión I de Senado y en el texto final que fue aprobado en el tercer debate no se encuentra ninguna mención a la creación de bonos o vouchers".
Otro de los puntos que aduce el magisterio colombiano tiene que ver con, según Fecode, se busca reducir la educación como servicio público esencial. En su critica, el magisterio señala: "La reducción de la educación a un servicio público esencial, con el transfondo de 'quebrarle el espinazo a Fecode', para señalarla y estigmatizarla, sepultando el derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente".
Sobre este argumento, el documento de respuesta indica: "La ley estatutaria define en su artículo 2 a la educación como un derecho fundamental, un servicio público y un deber de todas las personas que habitan en el territorio colombiano. Por lo que no hay menciones o clasificación de la educación como un servicio público esencial que puedan limitar los derechos laborales de Fecode".
De otro lado, Fecode asegura que en la propuesta el Gobierno Nacional se busca crear nuevas entidades de inspección y vigilancia en el sector educativo.
Sobre este argumento, los impulsores de la iniciativa gubernamental aseguran que "el artículo 9, en el inciso c expone que el desarrollo de los sistemas de inspección, vigilancia y control se hará basado en la normatividad vigente. Por otro lado, no se crean nuevos aparatos de inspección, vigilancia y control".
Por otra parte, Fecode advierte que el proyecto de Ley Estatutaria "busca sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario, incluyendo a la educación superior, con una redacción que
limitan regresivamente la democracia y el ".
En el documento de respuesta se asegura que este argumento es falso. "Si bien el artículo 18 del proyecto de ley crea la educación terciaria, este no es un artículo propiamente nuevo, pues fue aprobado incluso en la Cámara de Representantes, también fue mencionado reiteradamente en la audiencia pública realizada en el Senado de la República".
Y agrega: "Por otro lado, no se encuentra una redacción que pueda sugerir que se limita la democracia y el , por el contrario la redacción que se puede entender como flexible para permitir que diferentes actores puedan prestar este tipo de programas, sin el cumplimiento de requisitos previos de educación o formación".
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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