Participación de educación en presupuesto viene a la baja

“La educación como camino hacia la paz”. Así ha definido el gobierno de Gustavo Petro a este sector, y ha mostrado, como prueba de ello, que este sigue siendo el de mayores recursos aprobados en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Sin embargo, según un reciente informe del Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, si bien los incrementos nominales para el sector han sido constantes, en la práctica, cada año cuenta con menor participación dentro del gasto total del Estado.

En el PGN del 2023, al sector educativo le corresponden 54,8 billones de pesos, un aumento de 5,6 billones de pesos con respecto al 2022, cuando la asignación fue de 49,2 billones. Esto corresponde a un crecimiento del 11,8 por ciento.

No obstante, de acuerdo con los datos recopilados por el observatorio, el cual analizó los recursos que ha recibido la educación desde el 2018, cada año el porcentaje del PGN que le corresponde a este rubro va disminuyendo.

De esta forma, los 37,4 billones de pesos que en 2018 se destinaron al sector, en su momento significaron el 16,1 por ciento del gasto público del Estado. En cambio, los 54,8 billones actuales son el 13,5 por ciento.

Y no se trata de algo que esté ocurriendo recién con el actual gobierno. De hecho, en la presidencia de Iván Duque fue cuando se empezó a notar esta tendencia. Así lo explica el analista en educación Ricardo Rodríguez: “Ya sea por el fenómeno inflacionario o por la aparición de nuevos rubros en el PGN, los incrementos en los recursos para educación, aunque importantes para mantenerse como el área más fuerte del presupuesto, no han mantenido su porcentaje de participación. Esto puede entenderse como algo negativo de continuar la tendencia, porque eventualmente podría perder ese primer lugar”.

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Ante esta situación, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, destacó que precisamente uno de sus logros en los primeros 100 días de gestión fue que se dieran más recursos al sector de los que se tenía previsto originalmente.

“El presupuesto de educación pasó de 53,4 billones de pesos iniciales (el proyecto original dejado por el anterior gobierno) a 54,8 billones de pesos en 2023. Esta adición de 1,3 billones de pesos representa el aumento más importante en las transferencias a las universidades públicas en los últimos 30 años”, sostuvo el ministro.

De acuerdo con el jefe de la cartera, en este proceso se aprobó un aumento del IPC + 5 puntos de los recursos que se giran a las universidades públicas, por encima de lo que dicta la norma actual, que establece estos incrementos solo en el valor de la inflación. “El aumento es el más alto de la historia, que incluyó además 300.000 millones para fomento”, dijo el funcionario.

A eso se suman recursos adicionales por 400.000 millones de pesos para infraestructura educativa, “con los cuales iniciaremos un ambicioso plan de infraestructura con énfasis en mejoramientos rurales y unos campus universitarios en regiones excluidas como La Mojana y el Catatumbo”, añadió.

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Sumado a lo anterior, vale la pena señalar que, tras la aprobación de la reforma tributaria, se espera que en el primer semestre de 2023 se radique el proyecto de ley de adición presupuestal para vincular 20 billones de pesos adicionales al PGN, de los cuales se espera que un porcentaje se destine precisamente a proyectos de inversión en infraestructura educativa.

Según el informe del observatorio, de todo el dinero destinado a educación, 88,5 por ciento (48,5 billones de pesos) se asignó a gastos de funcionamiento, mientras que 11,5 por ciento (6,3 billones), a inversión.

Esto implica un leve avance en cuanto a que la participación de la torta de los recursos educativos estaba en el 2022 en 89 por ciento contra 11 por ciento. Sin embargo, no deja de llamar la atención que sigue siendo la mayor parte de los recursos la que va a funcionamiento.

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Ante ello, Rodríguez explica: “Hay que tener en cuenta algo muy importante: en el sector educativo hay más de 40.000 sedes educativas con sus respectivos profesores, 10 millones de estudiantes en edad escolar (8,5 millones de ellos en colegios públicos) y 1,2 millones de jóvenes en universidades oficiales. Sostener todo este sistema es costoso y por eso el porcentaje de funcionamiento es alto. Para cumplir las metas de cobertura, sobre todo rural, el Gobierno requerirá mucha más inversión, y se espera que este rubro obtenga más dinero el próximo año”.

MATEO CHACÓN

REDACCIÓN EDUCACIÓN