¿Qué tan grande es realmente la crisis financiera de las universidades públicas en Colombia y cómo solucionarla?

Del paquete de cinco proyectos de ley que la anterior ministra de Educación, Aurora Vergara, dejó estructurados para presentar ante el Congreso de la República para hacer una gran reforma a la educación, el Gobierno ya confirmó que solo presentará uno, en su versión reducida: la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, los cuales estipulan la financiación del Estado hacia la Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

No se trata de una reforma menor, aunque solo aborde dos artículos. De hecho,, recientemente Francisco Vargas Bonilla, vicerrector istrativo de la Universidad de Antioquia, le aseguró a EL TIEMPO que son precisamente estos dos apartes los que tienen gran responsabilidad en la crisis de financiera por la que atraviesa actualmente esta institución (que incluso ha presentado retrasos en el pago de nómina de sus docentes y trabajadores).

“Esta es la sumatoria de varias cosas. Primero se necesitan actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (que establecen los incrementos anuales que hace el Gobierno a las universidades públicas). Esos recursos históricamente vienen presentando una brecha entre el crecimiento de los costos de las universidades públicas versus la actualización de esa base presupuestal, el costo de lo que se denomina la canasta educativa en el país ha estado muy por encima del valor del IPC que establece la ley”, aseguró Vargas.

Pero lo de la UdeA no es el único caso. Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, también dijo en diálogo con EL TIEMPO que es necesario actualizar esta norma: “Se requiere reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que tiene que ver con la financiación de la universidad pública. La universidad pública no puede seguir con esa inestabilidad en la financiación que depende de la voluntad de cada presidente. Hay que darle una progresión a esa financiación que permita que respiren las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas”.

Tampoco es un tema del que se hable hace poco. Quien recuerde el paro estudiantil de 2018 tendrá presente que la principal demanda de los estudiantes fue aumentar la base presupuestal de las universidades públicas, que atraviesan una situación financiera, en el mejor de los casos estrecha, pero por lo general delicada e inestable, e incluso con grandes déficits presupuestarios.

Paros como el de 2021, 2019 o el de 2012 también hicieron eco de esta demanda, la cual los últimos gobiernos (Duque y Petro) finalmente han reconocido como responsable de la debacle financiera del sistema de educación superior público del país.

Según expertos consultados por EL TIEMPO, todo se reduce a que el cálculo con el que se incrementan año a año los recursos de las universidades públicas del país (tasado en el valor del IPC, es decir, la inflación) es muy inferior a los costos reales que afrontan las instituciones.

Para el analista Ricardo Rodríguez, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 están obsoletos: “La realidad de las universidades públicas cambió muchísimo en 30 años. En su momento se creyó que tasar los incrementos anuales en el valor del IPC iba a mantener estables sus finanzas, pero la verdad es que, por el contrario, se ha creado un hueco financiero que año a año es más grande, se acumula, y que las mismas instituciones tiene que mirar cómo llenar”.

Para entender este problema, hay que conocer cómo se financian las universidades públicas. De acuerdo con la mencionada Ley 30, el presupuesto que asigna el Estado a las instituciones públicas corresponde al valor del IPC, es decir, a la inflación.

“Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”, explicó a este diario Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la organización que agrupa a las 34 universidades públicas del país.

Esto se explica, entre otras cosas, porque ha habido un crecimiento exponencial en el número de matrículas, lo que ha su vez ha requerido aumentar el personal, la planta docente y otras serie de gastos. La situación ha causado que, de cubrir casi la totalidad de los costos universitarios, hoy los recursos que aporta la Nación, alcaldías y gobernaciones corresponden al 55,25 por ciento. El 44,75 por ciento restante corre por cuenta de las mismas instituciones.

Muestra de la enorme diferencia entre los incrementos tasados en el IPC y los verdaderos costos que enfrentan las universidades es el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) elaborado por el Dane.

De acuerdo con el ICES, los costos de las universidades públicas del país en el segundo semestre de 2023 presentaron un incremento anual del 14,45 por ciento. En cambio, el IPC de ese año fue del 9,28 por ciento.

Este último es el valor que, por ley, la Nación debió incrementar para este año al presupuesto destinado a las universidades estatales, 5,17 puntos porcentuales por debajo de lo que realmente incrementaron sus costos.

Y así ha sido siempre. Según el SUE, solo del 2011 al 2021 el IPC fue, en promedio, del 3,7 por ciento, lo que significa que cada año este fue el aumento de recursos que recibieron las universidades. Sin embargo, anualmente sus gastos de funcionamiento subieron un 8,8 por ciento, y el de personal, un 9,4 por ciento, unos 5 puntos porcentuales más de lo que recibieron.

Vale decir que desde el 2022 el Gobierno incrementa anualmente a las universidades más del IPC, en parte en consecuencia del paro estudiantil de 2018. De esta forma, para 2024 el aumento fue del IPC + 9 %. Pero vale aclarar que este incremento fue superior al establecido por ley, por lo que no está asegurado en el Presupuesto General de la Nación y está sujeto a la voluntad del gobierno de turno.

“En los últimos años este incremento por encima del IPC ha logrado frenar que se incremente el déficit, pero no que deje de existir ni elimina el riesgo de que siga aumentando. Básicamente las universidades públicas dependen de que el Gobierno quiera dar más plata, pero la ley 30 como está no asegura estos recursos”, explica Rodríguez.

Para solucionar estos problemas, todos los sectores parecen estar de acuerdo en que es necesario que ya no se utilice el IPC para calcular los incrementos anuales de las universidades, sino el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), del Dane, que determina realmente cuánto se incrementan los gastos de las universidades cada año en términos reales.

Sin embargo, el cálculo sería más complejo que solo tomar el porcentaje de dicho índice, y para ello ya se han presentado varias propuestas tanto por el SUE, por el mismo Gobierno y por sectores independientes, como la representante a la Cámara por la Alianza Verde y exlíder estudiantil, Jennifer Pedraza.

Y es que no basta con analizar la diferencia entre el IPC y el ICES, sino también la disponibilidad presupuestal, la distribución de estos recursos y, además de costos de funcionamiento, algunos sectores plantean que se debe considerar un porcentaje para inversión, teniendo en cuenta las ambiciosas metas del Gobierno para el sector en materia de cobertura.

Otros, como el movimiento estudiantil, insisten en que se debe saldar la llamada “deuda histórica”, que correspondería al valor de los costos que el Estado no cubrió en los últimos 30 años, es decir, la diferencia entre el IPC y el ICES de cada año.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación