Universidad Nacional: Lo que está en juego y los intereses en la batalla por la rectoría

En un hecho sin precedentes, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se declaró impedida para seguir interviniendo en la controversia desatada por la designación de Ismael Peña como rector del alma mater, quien, tras ser elegido el 21 de marzo por el Consejo Superior Universitario (CSU), se posesionó el 2 de mayo en una notaría.

Ese suceso marcó el inicio de una serie de decisiones del Gobierno que han sido catalogados por algunos como una intromisión en la autonomía universitaria: En primer lugar, el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa, ministro de Cultura, como ministro de Educación ad hoc “con funciones de inspección y vigilancia” para atender el caso. 

Tras ello, Correa emitió una resolución en la que se ordena al CSU sesionar con el fin de nombrar un rector encargado mientras se resuelve la controversia en torno a la designación y posesión de Peña, y, de no hacerlo, los consejeros serían sometidos a millonarias multas.

El Gobierno insiste en que la elección del actual rector fue ilegal, pese a que la Procuraduría General de la Nación ya emitió un concepto en el que asegura que el nombramiento se hizo en el marco de la legalidad y conforme a los estatutos internos de la universidad.

“Esta decisión del Gobierno es a todas luces una violación de la autonomía universitaria, porque es el ministro ad hoc el que le está ordenando al Consejo nombrar a otro rector encargado, negando que el CSU ya nombró en el marco de su competencia a Peña en una sesión en la que la ministra de Educación fue partícipe. Es una orden, así lo dice textualmente el documento”, sostiene el analista Francisco Cajiao.

Otros van más allá y aseguran, como dice Diego Torres, representante profesoral ante el CSU, que esto sí es una intervención a la universidad, y que lo que se está cometiendo es un acto ilegal en el que el ministro excede sus funciones y cae en prevaricato, como asegura el jurista Andrés Felipe Pachón: “El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Ley 1740 de 2014, carece de competencia para emitir órdenes al Consejo Superior y para apremiar con multa su incumplimiento, lo que pone en evidencia la ilegalidad de la resolución, ante lo que procede una acción de nulidad”.

No obstante, las visiones jurídicas al respecto son variadas. El jurista Rodrigo Uprimny, por su parte, insiste en que no hay violación de la autonomía universitaria ni de la ley, bajo la premisa de que el método que el CSU utilizó para designar a Peña tiene vicios de ilegalidad, por lo que su posterior posesión ante una notaría no tiene efectos: “La autoposesión de Ismael Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy rector en la Universidad Nacional. Por eso, el nombramiento de un rector encargado por el CSU es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía”.

Visión similar es la del viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, quien ha presidido las recientes sesiones del CSU en representación del Mineducación: “La resolución expedida por el ministro ad hoc no está vulnerando la autonomía universitaria, como han señalado algunos. Será en el Consejo Superior, máximo órgano de gobierno, donde se continuarán tomando las decisiones”.

Pese al plazo de 24 horas y la advertencia de sanciones económicas, el viernes 17 de mayo el CSU sesionó sin que se pudiera votar por la designación del nuevo rector encargado.

De cualquier forma, la tensión ha escalado rápidamente. En las últimas 48 horas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el ministro Correa por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones, a lo que el presidente Gustavo Petro respondió: “Las decisiones del ministro de Educación ad hoc son también mis decisiones. La política pública de un gobierno no se disciplina. Solo es controlable por el Congreso, la justicia y la ciudadanía”.

Mientras tanto, estudiantes, profesores y demás de la comunidad universitaria tienen fuertes opiniones encontradas en lo que expertos como Cajiao o el analista Ricardo Rodríguez han calificado como “una profunda fractura en la universidad, quizás la más grande que haya habido”.

Todo esto ambientado en un paro por parte de grupos importantes de estudiantes, profesores y trabajadores, intensas protestas, manifestaciones e, incluso, acciones violentas que según el rector Peña rayan en la tortura.

Llama la atención que un proceso de designación que, incluso con las dudas legales, pudo resolverse sin tantas controversias fuera dilatado y llegara a los niveles actuales.

Y es que, de acuerdo con Rodríguez, “lo que procedía en este caso es que el Ministerio de Educación, que preside al CSU, hubiera firmado las actas y las resoluciones de nombramiento de Peña y que hubiera dejado constancia de su inconformidad y posteriormente demandado el acta. O negarse, sin ambigüedades, a hacer esa firma, permitir la posesión y proceder con la demanda ante el Consejo de Estado, que es la instancia judicial pertinente”.

De esta forma, asegura, se habría evitado que Peña argumentara verse obligado a posesionarse ante una notaría y las dudas sobre la legalidad de la votación de su elección quedarían en manos del Consejo de Estado sin que hubiera un rector desconocido por el Gobierno y parte de la comunidad y sin violentar la autonomía universitaria.

Pero entonces ¿por qué la negativa de la ministra Aurora Vergara de firmar el acta? ¿Y por qué la insistencia del Gobierno en nombrar un rector encargado? Para el analista Pedro Medellín, “el Gobierno puede estar tomando las decisiones por un interés de tener un rector propio, entre otras cosas, para impulsar su proyecto de constituyente. ¿Por qué la Universidad Nacional? Porque es la universidad más importante del país y donde los debates, las ideas, las propuestas se derraman a todas las demás, donde pueden confluir también otras comunidades. Hay que tener claro que el movimiento social que tiene más capacidad de presencia y movilización en la calle son los estudiantes”.

Mientras tanto, Uprimny y Leopoldo Múnera (el aspirante a la rectoría que ganó la consulta universitaria y a quien algunos sectores reclaman como rector) interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la elección de Peña.

Así, la bola está ahora en el campo del alto tribunal. Si llegase a fallar a favor del demandado, se invalidarían las recientes acciones del Gobierno. De lo contrario, continuará la incertidumbre institucional.
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​MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación