Corte Constitucional aprobó el Acuerdo de Escazú por decisión unánime: ¿qué implicaciones tiene para el país?

Han pasado casi 5 años desde que el Gobierno firmó el Acuerdo de Escazú, en el marco de los compromisos del paro nacional del 2019. Luego de su aprobación por parte del Congreso de la República, un proceso que culminó favorablemente a finales de 2022 con un gran respaldo de la sociedad civil y con el apoyo el Gobierno Petro, este miércoles se cumplió la última etapa para lograr su entrada en vigor en el país: el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. 

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La Corte, por decisión unánime, aprobó Escazú que ahora entrará a regir dentro de la normatividad colombiana y así, nuestro país se convierte en el quinceavo, de los 24 firmantes en la región, que incorpora el texto a su legislación. La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de la Ley 2273 de 2022, que aprueba el tratado internacional en el país, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto.

Cabe recordar, que el Acuerdo Regional sobre a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad costarricense donde se desarrolló el texto, es un tratado internacional que ha sido adoptado en la región y que sirve, como lo dice su nombre, para mejorar ela a la información y la justicia en temas ambientales en la región.

“El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en materia ambiental establecido para América Latina y el Caribe, adicionalmente es el primer instrumento en el mundo que contiene disposiciones para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. El reconocimiento en sí mismo de esta obligación en una norma no reducirá automáticamente la muerte y amenaza a defensores y defensoras, pero sí constituye un marco normativo claro y específico que marca una obligación a cargo del Estado, la cual no ha sido abordada de manera efectiva”, le explicó en su momento a EL TIEMPO Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad.

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De acuerdo con la oenegé WWF Colombia, el Acuerdo de Escazú es como una herramienta crucial para fortalecer una región en paz con la naturaleza, ya que se convierte en una alternativa para enfrentar la triple crisis planetaria a la que se enfrenta actualmente la humanidad: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

“Este acuerdo no solo fortalece el a la información, a la participación y a la justicia ambiental, sino que también protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes desempeñan un papel fundamental a la hora de defender el derecho a un ambiente sano, así como pedir transparencia y rendición de cuentas a los responsables de la toma de decisiones. No es un asunto menor: de acuerdo con el informe Global Witness, Colombia es el país más peligroso para las personas defensoras del medioambiente”, resalta WWF Colombia.

En ese sentido, y en el contexto de la COP16 sobre Biodiversidad, que se llevará a cabo en octubre de 2024 en la ciudad de Cali, la implementación del Acuerdo de Escazú adquiere una relevancia aún mayor, considerando que el lema de la Conferencia será ‘Paz con Naturaleza’, una visión que según la organización ambientalista “invita a plantear un nuevo modelo económico que no dependa de la industria extractiva, que reconozca la presencia y aportes de pueblos étnicos y comunidades locales en territorios biodiversos”.

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Según explica el abogado ambiental y doctor en derechos humanos, Mauricio Madrigal, Escazú tendría un impacto positivo para el país en tres niveles: el primero es en mejorar la insuficiente integración de los derechos humanos en la normatividad ambiental; el segundo en solucionar la carencia de un entorno seguro y propicio para defender la naturaleza; y el tercero en la posibilidad de recibir recursos financieros y técnicos para el fortalecimiento de las capacidades para la garantía del a la información, participación y justicia de los gobiernos y organizaciones.

Por su parte, Lina Muñoz, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario y miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, destaca, al igual que Madrigal, que el acuerdo no solamente es importante por fortalecer al país en términos de información, participación y justicia en asuntos ambientale sino también porque es un herramienta esencial para la protección de los defensores ambientales.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros