A la vista de todos, no cesa tala de bosque protegido en Nariño

El chanul, un árbol que puede llegar a medir 45 metros de altura, endémico de Colombia y, según el Libro Rojo de Especies Maderables, en peligro crítico de extinción, está siendo talado ilegalmente en la reserva El Pangán, en el municipio de Barbacoas, Nariño, a la vista de todas las autoridades ambientales, denuncia la Fundación ProAves a EL TIEMPO.

En esta reserva, que hace parte de un gran corredor binacional en conjunto con otras áreas protegidas y resguardos indígenas, habitan aproximadamente 360 especies de aves, entre las cuales se encuentran 21 amenazadas, 2 en peligro, 13 casi amenazadas, 4 vulnerables y 49 endémicas. De ahí la importancia de mantener en pie el bosque de la reserva.

Sin embargo, de acuerdo con Álex Cortés, director de Conservación de ProAves, “desde el 2018 personas externas a la región, fuertemente armadas, han ingresado al bosque con motosierras y han instalado infraestructura para asegurar la extracción de la madera”. Quienes los han denunciado, como la misma fundación, reciben amenazas directas.

Y es que, pese a que la normativa colombiana prohíbe la explotación y comercialización de cualquier especie amenazada, el chanul ha sido fuertemente explotado en toda esta zona debido a que su madera es extremadamente dura y de gran valor comercial para construcciones pesadas y de ebanistería, entre otras.

“Como ProAves hemos creado una red de bosques para conservar en todo el país para proteger las aves amenazadas y en peligro de extinción. Una de esas zonas está en Nariño, la reserva El Pangán, del Chocó biogeográfico. Pero personas externas han llegado a talar y a sacar la madera. Estimamos que han deforestado entre 400 y 450 hectáreas”, señaló Cortés.

Las constantes denuncias ante la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría y la Policía no han tenido efecto, dice Cortés, “pues incluso durante este año de confinamiento por la pandemia, siguen talando y sacando madera con la ayuda de población vulnerable y migrante”.

“Estas personas ingresan al bosque con cinco o seis motosierras, están todo el día talando los árboles. Ya tienen instalado un sistema con el que pueden sacar esa madera. Meten unos cables tres kilómetros adentro del bosque y cogen una moto, le quitan la llanta de atrás, le ponen eje y sobre ese eje, igual como funciona un teleférico, empiezan a halar el cable al que le unen la madera y empiezan a sacarla desde el interior”, señala Cortés.

Lo más grave es que, según ProAves, este delito ambiental ocurre muy cerca de una estación de Policía sin que se tomen medidas al respecto.

Y es que, según lo revelan los datos de ProAves, el camión que cargan cada semana con madera ilegal –que puede costar más de 50 millones de pesos– pasa frente a una estación de policía, luego se dirige a Tumaco y de ahí sale a diferentes partes del país. Una situación que Corponariño tiene identificada.

Este diario habló con un vocero de Corponariño, que por seguridad, prefiere no revelar su número, quien señaló que “se requiere redoblar esfuerzos de la Fuerza Pública, porque las denuncias indican que la madera pasa sobre la vía legal, muy cerca de una estación de policía”, señaló la funcionaria.

Corponariño también explicó las acciones que están adelantando para evitar que la tala ilegal continúe. Advirtió que la situación es compleja en términos de seguridad y que la entidad requiere una acción conjunta entre Gobernación, Fiscalía y Fuerza Pública para frenar este delito.

“Una vez recibimos estas denuncias en 2018, nos trasladamos al área para identificar la afectación. Sin embargo, el personal fue amenazado por quienes adelantan esta actividad. Aun así, en una acción conjunta, abrimos un proceso sancionatorio contra dos particulares (aún no hay un concepto final, porque la investigación sigue en curso)”, señaló. 

Para el 2019, Corponariño coordinó un operativo, por medio de un consejo de seguridad, que llevó a la destrucción de algunos winchers (aparatos con los que transportan la madera) y la identificación de algunos infractores. Sin embargo, Burgos advirtió que, aunque se reduce el delito, no se acaba la tala. “Hoy sabemos que hay nuevos infractores y apertura de nuevas áreas”.

La Fundación ProAves reconoce los esfuerzos de las autoridades ambientales para frenar la tala del chanul, pero, ante su poca efectividad, no saben a quién más acudir, pues cada día es un árbol más que pierden.

A esto se suma un problema aún mayor. “Detrás de esta deforestación, que deja grandes boquetes en el bosque, están llegando indígenas y campesinos que están empezando a sembrar coca. Ya tenemos al lado de la reserva familias con cultivos de coca, a quienes queremos ofrecerles un recurso para que salgan de allá, pero sabemos que no servirá de nada si se siguen abriendo boquetes”, advirtió Cortés.

Finalmente, según Corponariño, ya solicitaron un nuevo consejo de seguridad a la Gobernación para adelantar un nuevo operativo.

“Estamos en una zona compleja; por eso, nuestro principal aliado es la Fuerza Pública. Esperamos que se convoque lo más pronto posible para programar la acción que se vaya a adelantar. Es importante mencionar que reposa en la Fiscalía un proceso por esta situación desde el 2018”, concluyó. 

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE