La 'caja de Pandora' que abrió operativo ambiental en Los Picachos

El fin de semana pasado, el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, la cuarta área protegida más deforestada de Colombia, fue escenario del operativo más robusto que se ha hecho hasta el momento en Colombia para hacerle frente a uno de sus principales problemas ambientales: la deforestación.

Cerca de 1.000 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales, ingresaron en 50 camiones a zona rural del parque, ubicado entre los departamentos de Meta y Caquetá, con el objetivo de “contener la invasión y la ganadería extensiva y perseguir a las organizaciones criminales”.

El trabajo interdisciplinario concluyó con la extinción de dominio de 619 reses avaluadas en 1.200 millones de pesos y la captura de cinco personas (cuatro liberadas) presuntamente responsables de la invasión, deforestación y ganadería dentro del parque natural. Una de ellas, Miller Medina Cardozo, dueño de 140 cabezas de ganado, podría recibir hasta 12 años de cárcel.

“El modus operandi en la zona es la tala indiscriminada seguida de la quema y posterior praderización con ganado. Ese actuar causa un daño ambiental irreparable para una zona con protección especial, una actividad que viola el Código Penal con relación a varios delitos agravados contra los recursos naturales y el medio ambiente”, aseguró la Fiscalía, quien este año ha judicializado a aproximadamente 60 personas en la Amazonia.

De acuerdo con los estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en esta zona se ha identificado una deforestación del 89 % dentro del Sistema de Parques Nacionales, entre los que figuran: Sierra de La Macarena, Tinigua, Paramillo, Cordillera de Los Picachos, La Paya y Nukak.

Aunque desde hace mucho tiempo se le venía pidiendo al Gobierno Nacional medidas más contundentes, transversales, para frenar la motosierra que se ensaña contra los bosques naturales del país y que el año pasado arrasó con cerca de 220.000 hectáreas (el 65,5 % concentrado en la Amazonia), el modus operandi destapó una serie de críticas. A través de redes sociales salieron algunos videos de campesinos asegurando que no solo habían sido desalojados a la fuerza y criminalizados, sino que el operativo desconoció el diálogo y a las familias que llevaban varios años ahí sin tener otras alternativas económicas para subsistir. Denuncian agresiones, intimidaciones y extralimitaciones de la fuerza pública.

Según la misma Fiscalía, en esta región hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada, lo que no necesariamente significa que quienes cuidan las cabezas de ganado sean los directamente beneficiados de tumbar los árboles, o quienes conforman la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno. Si se quisiera ahondar más y llegar a las raíces, una de las principales causas del problema es, también, el inequitativo a la tierra.

Dejusticia, quien acompañó a los 25 niños, niñas y adolescentes que demandaron al Estado colombiano para buscar acciones que detengan la deforestación en la región, considera que si bien la Corte Suprema ordena a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la adopción de medidas policivas dentro de sus planes de acción para lograr el objetivo, el problema está en cómo se están priorizando e implementando esas medidas.

“Nos preocupa que algunas entidades estatales puedan utilizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre deforestación en la Amazonia colombiana para emprender acciones represivas que poco aportan en el avance de una política integral contra la deforestación. Operativos de esa magnitud y naturaleza, que se limitan a un enfoque de criminalización, no son acordes con las órdenes dadas por la Corte, ni al deber que tiene el Estado de garantizar los derechos, especialmente de comunidades vulnerables, como las que habitan en la región”, asegura Dejusticia.

EL TIEMPO habló con Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, sobre el debate que avivó el operativo, y la importancia de proteger el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), del que hacen parte: los Picachos (193.000 hectáreas), Sierra de la Macarena (625.583 hectáreas), Tinigua (214.362 hectáreas) y Sumapaz (137.000 hectáreas). Una zona que permite la conectividad entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia (incluyendo la parte del Escudo Guyanés).

Obedeció al cumplimiento de las órdenes de un juez y de la Corte. PNN lleva durante mucho tiempo ofreciendo alternativas a las comunidades que viven en estas áreas protegidas, para que desarrollen actividades permitidas como ecoturismo, reforestación, turismo científico y apicultura. Nosotros nunca los hemos desalojado, sino al contrario, hemos buscado mejorar su calidad de vida con actividades que sí son legales.

Las personas que fueron capturadas, según nos informó la Fiscalía, habían incidido en el delito y son grandes deforestadores, acaparadores de tierra. Nosotros queremos seguir en ese diálogo constructivo que hemos venido teniendo durante tantos años, pero el parque se ha deteriorado demasiado y es necesario ir cambiando gradualmente las actividades no permitidas. Si no cuidamos los PNN La Macarena, Tinigua y Los Picachos, sencillamente Bogotá no tendrá agua. Es así de simple.

Este operativo fue una acción del Estado en defensa de estas zonas naturales que deben ser preservadas, pero también, repito, hay que rescatar que llevamos muchísimos años ofreciendo alternativas que les permitan a las personas vivir en el marco de la ley, sin desplazamiento ni afectar su calidad de vida.

Exacto. Hay pequeños campesinos vulnerables y otros que son grandes acaparadores de tierra, ganaderos que han infringido la ley con altas dosis de impunidad. El operativo obedece a múltiples acciones de la ciudadanía para frenar los motores de deforestación en la Amazonia. Las personas detenidas no son unos ‘pobres campesinos’, no generalicemos. Allí hay un negocio grande, unas mafias de acaparadores de tierra que tienen el dinero para pagarle a 30 o más personas para que deforesten por ellos.

Hasta donde entiendo la Fiscalía judicializó a 10 personas, personas que ya habían firmado acuerdos para parar la deforestación y no los cumplieron. No puede ser que en este país la gente infrinja la ley y no pase nada.

Quiero que sepa que es la misma comunidad con la que hemos estado trabajando la que nos dice ‘detengan la deforestación, ejerzan la autoridad aquí, protejan este ecosistema, defiendan el patrimonio natural de los colombianos’. El operativo fue un ejercicio del Estado en el que, por supuesto, lo deseable sería que la gente cumpliera.

Lo que no está funcionando es la gran actividad ilegal que quiere acaparar tierras del Estado que son para conservación y usarlas para ganadería, fuera de la constitución y la ley. Con Usaid, la Unión Europea, el Pnud y Visión Amazonia, todos estamos dispuestos a continuar el diálogo.

Twitter: @Tatipardo2